Interior presenta una ley para reforzar los controles y vigilancia de los trabajadores de infraestructuras críticas
- Son aquellas entidades que proveen "servicios esenciales" para la sociedad y la economía: red eléctrica, hospitales o bancos
- Permitirá a empresas privadas solicitar al Estado la revisión de antecedentes y datos personales de sus empleados
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presentado este martes un anteproyecto de ley para reforzar la "Protección y Resiliencia" de las infraestructuras críticas. Son aquellas proveedoras de "servicios esenciales" para la sociedad (desde la red eléctrica a hospitales o bancos), entidades que están expuestas ahora a amenazas "híbridas y terroristas", sabotajes, riesgos tecnológicos y fenómenos naturales como consecuencia del cambio climático, además de a una creciente interdependencia que va más allá de las propias fronteras.
Casi un mes después del apagón masivo del 28 de abril en la península Ibérica, el departamento del ministro Fernando Grande-Marlaska traspone con rango de ley una directiva europea de 2022, que obliga a estas infraestructuras a realizar una evaluación de sus riesgos y desarrollar un "Plan de resiliencia" frente a ellos.
Además, introduce un procedimiento para comprobar los antecedentes personales y penales de las plantillas de estas entidades y crea un esquema de certificación que estandariza los niveles de seguridad.
Desde Interior han asegurado que el texto es un "cambio de paradigma en la seguridad nacional", al no poner solo el foco en la protección de infraestructuras concretas, sino en la "garantía de la continuidad" de los servicios esenciales. "Sitúa a España a la vanguardia", valoran.
Marlaska asegura que reforzará los "servicios esenciales"
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Grande-Marlaska ha reiterado que el objetivo de la ley es apoyar a organizaciones públicas o privadas que operan en las infraestructuras de carácter crítico y ayudar a que estén mejor equipadas frente a los riesgos.
Entre las entidades que se consideran críticas, entran sectores como la energía, la electricidad, la salud o la banca. Ahora, la ley incluye a nuevas áreas como los sistemas urbanos de calefacción, la seguridad privada o las aguas residuales. "Queremos reforzar la resiliencia de las entidades críticas y garantizar que adoptan las medidas para minimizar los riesgos de que se produzca una perturbación de algo tan importante como los servicios esenciales", ha explicado Grande-Marlaska.
En ese sentido, y cuando esta ley entre en vigor, el titular de Interior ha detallado que "se aplicará a entidades críticas ubicadas en territorio nacional, excepto las de los sectores bancarios, mercados financieros e infraestructuras digitales, que pueden considerarse críticas, pero quedan excluidas al estar ya reguladas por su normativa específica".
La ley facilitará la creación de un "catálogo nacional de entidades críticas y estratégicas" y los operadores críticos deberán adoptar un plan de resiliencia. Entre otras cuestiones, este plan deberá incluir una evaluación de todos "los riesgos que pueda afectar a la prestación de servicios esenciales", contemplar medidas de "prevención, respuesta y recuperación" y formación para el personal de la entidad.
Tramitación por el procedimiento de urgencia
El Consejo de Ministros ha acordado que la tramitación de este anteproyecto de ley se realice mediante el procedimiento de urgencia, lo que reduce a la mitad de tiempo los plazos para la emisión de "todos los informes solicitados". Ahora, Interior deberá recabar informes del resto de departamentos ministeriales, así como del Departamento de Seguridad Nacional, de Presidencia del Gobierno y el dictamen del Consejo de Estado.
El ministro ha adelantado que su intención es "volver a traer esta norma al Consejo de Ministros en forma de proyecto de ley" para remitirla en la mayor brevedad posible al Congreso de los Diputados para poder dotar "de ese esquema de protección y resiliencia y un sistema robusto y eficiente a nuestras entidades críticas"
¿Qué medidas se incluyen?
El anteproyecto introduce medidas que van desde estrategias nacionales a acciones específicas y focalizadas en las mismas entidades.
Así, las infraestructuras críticas podrán comprobar los antecedentes personales y penales de sus plantillas, en los términos que establezca la Secretaría de Estado de Seguridad. Se aplicará a las personas que desempeñen (o aspiren a desempeñar) "tareas sensibles" y tengan acceso directo o remoto a las instalaciones. "La comprobación de antecedentes personales será proporcionada y se limitará estrictamente a lo necesario", aclara el anteproyecto.
Además, cada infraestructura crítica deberá realizar una evaluación de sus riesgos y desarrollar un "Plan de Resiliencia" con medidas de prevención, respuesta y recuperación, así como la formación del personal y la gestión de la cadena de suministro.
El anteproyecto de ley desarrolla además mecanismos para la guía y control por parte de las autoridades:
- Una Estrategia Nacional de Protección y Resiliencia de las Entidades Críticas: elaborada por la Secretaría de Estado de Seguridad, deberá aprobarla el Consejo de Seguridad Nacional, como mínimo cada cuatro años. Será el mapa global de objetivos estratégicos, medidas y prioridades, sobre la base de una Evaluación Nacional de las Amenazas y Riesgos.
- Un esquema nacional de certificación para evaluar y certificar el cumplimiento de los requisitos de resiliencia por parte de las entidades críticas.
- Un Catálogo Nacional de Entidades Críticas y Estratégicas: a través de él, las autoridades podrán identificar y recoger datos de las distintas infraestructuras críticas. No obstante, tendrá carácter clasificado por motivos de seguridad. "Se mantiene el sistema de protección de la información relativa a elementos concretos que, por su importancia, solo deben ser conocidos por un reducido número de personas", justifica el anteproyecto en su exposición de motivos.
- Un sistema para identificar qué es una entidad crítica (con particularidades para el sector bancario, los mercados financieros y las infraestructuras digitales) y parámetros para definir que es un "efecto perturbador significativo", es decir, el impacto de los potenciales daños en función del número de personas afectadas, los sectores implicados y las posibles repercusiones.
- Finalmente, dada la creciente interdependencia en la Unión Europea, se definen también las "entidades críticas de especial importancia europea". Son aquellas que prestan servicios en seis o más Estados miembros y, por lo tanto, necesitan cierta coordinación en la evaluación de las medidas desde Bruselas.
En todo ello, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior seguirá siendo la autoridad competente. A través del Centro Nacional de Protección y Resiliencia de Entidades Críticas coordinará a los distintos actores, públicos y privados.
