La Justicia ordena a la Comunidad de Madrid iniciar "de inmediato" la creación del registro de objetores del aborto
- El TSJM acepta las medidas cautelares de Sanidad ante la "inactividad" del Gobierno regional para cumplir la ley
- El tribunal advierte que la demora genera "consecuencias negativas y graves" para las mujeres y el sistema sanitario
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dictado un auto en el que ordena a la Comunidad de Madrid iniciar "de inmediato" la creación del registro de objetores para las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE). La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha aceptado así las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio de Sanidad ante la negativa del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a aplicar este precepto de la ley del aborto.
En el Auto 60/2026, los magistrados subrayan que la administración madrileña tiene la obligación de cumplir con la normativa vigente tras el recurso interpuesto por la Abogacía del Estado. Según el texto judicial, "queda, por este Auto, obligada la Comunidad de Madrid a iniciar de inmediato los trámites para la creación del Registro de Personas Objetoras de Conciencia", así como para su implantación según el protocolo del Consejo Interterritorial.
El tribunal aclara que, si bien la medida no supone la creación instantánea de la lista, sí impone el deber de "iniciar los trámites administrativos necesarios para su elaboración y aprobación".
Riesgos para la prestación del servicio
El tribunal justifica esta medida cautelar para evitar que la demora administrativa perjudique el derecho a la prestación sanitaria. El TSJM es tajante al afirmar que se busca "subsanar la inactividad de la Comunidad de Madrid en el cumplimiento de su obligación legal".
Los magistrados advierten en el auto que la falta de este registro genera "consecuencias negativas y graves para las mujeres que solicitan la prestación IVE, para los profesionales sanitarios y para la organización del propio Sistema Nacional de Salud". Además, señalan que la falta de previsión puede provocar retrasos si, en un centro concreto, todos los facultativos resultan ser objetores en el momento de una solicitud.
Respuesta de la Comunidad de Madrid
Por su parte, el Gobierno regional mantiene su postura crítica frente a la medida. Según declaraciones oficiales de la Comunidad de Madrid facilitadas a RTVE Noticias, el Ejecutivo autonómico considera que con este auto "no cambia nada" ya que el TSJM "sólo acepta la cautelar e insta a iniciar los trámites, pero no entra aún en el fondo del asunto".
Desde la Puerta del Sol han anunciado que darán batalla legal: "Recurriremos no obstante en reposición la cautelar, toda vez que la Comunidad de Madrid ya está cumpliendo con la garantía al derecho de objeción de conciencia de los médicos y con la prestación del servicio". Cabe recordar que Isabel Díaz Ayuso ya calificó anteriormente este registro como una "lista negra" de médicos.
Reacción del Ministerio de Sanidad
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha celebrado la resolución a través de sus redes sociales, calificándola como una "victoria judicial". En un tuit publicado tras conocerse la noticia, García ha reafirmado que los derechos de las mujeres no pueden depender del código postal y que el cumplimiento de la ley es fundamental para garantizar un aborto seguro y respetuoso en la sanidad pública.
En una entrevista en el programa Malas lenguas de La2, García ha señalado que "para garantizar que las mujeres pueden abortar, lo primero que tiene que haber es un registro. No es una lista negra, todo lo contrario: protege la garantia a abortar y a los profesionales que son objetores, si no estan adscritos a una lista deben ejercer la cartera de servicios".
Y ha argumentando que van a hacer todo lo posible para que el aborto se pueda realizar en todas las comunidades "para conculcar los dos derechos: los de las mujeres y el de los sanitarios".
Aunque el auto obliga al inicio de los trámites, el TSJM aclara que, al tratarse de una medida cautelar, no fija un plazo estricto para la puesta en marcha definitiva del registro. Esta cuestión, junto con las dudas de constitucionalidad planteadas por la Comunidad de Madrid, se dirimirá en la sentencia final del proceso. El auto actual aún es susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Ayuso: "¡Váyanse a otro lado a abortar!"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, rechazó en octubre la obligación de poner en marcha este registro, lo calificó como "lista negra" y avisó de que "nunca" lo va a hacer . "¡Váyanse a otro lado a abortar!", dijo entonces en respuesta a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, tras una carta remitida por el Ministerio de Sanidad a su comunidad autónoma— y también a Aragón, Asturias y Baleares — dándole un plazo de tres meses para poner en marcha el registro que establece la ley del aborto.
