El registro de objetores de conciencia: ¿cómo funciona y cuáles son los requisitos?
- La ley garantiza la confidencialidad de los datos de los profesionales que se nieguen a practicar abortos
- Madrid, Aragón y Baleares son las tres únicas comunidades que no han comenzado a tramitar los registros
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El registro de objetores de conciencia para el aborto marca la agenda política en las últimas semanas. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, propone cambiar la ley si llega al poder para que el registro sea solo de los profesionales favorables a practicarlos, y no al revés. Todo ello después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se niegue públicamente a crear este registro, como indica la ley tras la reforma de 2023, y de que el Gobierno envíe un requerimiento a las tres comunidades autónomas que aún no lo han puesto en marcha.
¿Cuál es el objetivo de registrar a los objetores de conciencia?
Según la ley de 2023, que modificó la ley del aborto de 2010, estos registros se crean "a efectos organizativos y para una adecuada gestión de la prestación" en cada Comunidad Autónoma y en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) para Ceuta y Melilla. Es decir, no es un registro nacional. El artículo 19 ter señala que "se adoptarán las medidas organizativas necesarias" para evitar la discriminación de los objetores, y también de los no objetores, para que no se dediquen solo a la interrupción voluntaria del embarazo. Además, especifica que "quienes se declaren personas objetoras de conciencia" lo serán tanto en el ámbito de la sanidad pública como de la privada.
Según los últimos datos, el 80% de los abortos financiados por el sistema público se practican en centros privados. Existe una enorme disparidad por Comunidades: Cantabria practica más de un 88% de las interrupciones voluntarias del embarazo en centros públicos, mientras que Ceuta, Melilla y Extremadura derivan el 100% a la privada.
¿El registro de objetores de conciencia es público?
No, este registro no es público. La disposición adicional cuarta de esta ley regula la protección de datos personales de este registro. Ahí se aclara que "en ningún caso" se puede recoger "el motivo de la objeción" de conciencia y que su finalidad es adecuar los recursos humanos de los centros sanitarios "a la correcta programación". Es decir, que no se pueden utilizar "con fines distintos" a los señalados. Del tratamiento de los datos se encargan las comunidades autónomas y el INGESA.
¿Quién puede declararse objetor de conciencia?
De acuerdo con la Ley Orgánica 2/2010, solo se admite que en el registro de personas objetoras de conciencia formen parte aquellas que intervienen "directamente en un proceso de interrupción voluntaria del embarazo". Es decir, todos aquellos que "realicen actos necesarios y directos, anteriores o simultáneos", sin los cuales no es posible llevar a cabo el aborto. Estos profesionales son, según el protocolo que lo regula, los médicos especialistas en ginecología y obstetricia, anestesiología y reanimación y medicina familiar y comunitaria, los titulados en enfermería y las matronas, "no admitiéndose ningún otro tipo de personal".
¿A qué pueden objetar?
Los objetores pueden negarse a cualquier intervención que tenga que ver con el aborto, o bien solo en algunos supuestos. Es lo que se conoce como objeción parcial. Pueden negarse, según el protocolo, a interrumpir el embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación. También se puede solicitar la objeción en abortos "por causas médicas antes de las 22 semanas y siempre que exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada"; ante abortos "antes de las 22 semanas ante el riesgo de graves anomalías en el feto" o "cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida".
Manuel Martínez-Sellés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid, explica que según la Carta Europea de Derechos Fundamentales hay dos modalidades de objeción de conciencia: a priori, comunicando formalmente en su centro o a la autoridad sanitaria su negativa; y ad casum, ante una situación puntual, como la edad gestacional o el contexto clínico. Considera que "en estos casos, el procedimiento debería permitir una manifestación verbal o escrita inmediata".
¿Por qué se inscriben los objetores y no quienes no lo sean?
Según el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, se utiliza un registro de objetores "y no de prestadores porque toda prestación en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud se presta por defecto". Padilla defiende que si solo se registraran los no objetores se estaría asumiendo que existe "una objeción universal, expresamente prohibida en la ley (y en cualquier ordenamiento), que se revierte con la prestación activa".
La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) defiende que "los profesionales sanitarios deben poder ejercer su labor sin sufrir discriminación por motivos de conciencia, garantizándose el derecho individual a la objeción, de acuerdo con el marco legal establecido". Consideran que deben coexistir el derecho de las mujeres a abortar y el de "los profesionales a ejercer su conciencia" aunque no entran a valorar cuestiones "de naturaleza política".
¿Cuáles son los requisitos para pedir la objeción de conciencia?
El Ministerio de Sanidad acordó a finales de 2024 con las Comunidades Autónomas, en el seno del Consejo Interterritorial, los requisitos en el Protocolo Específico para la Creación del Registro de Personas Objetoras de Conciencia. Será el profesional objetor quien realice la solicitud de inclusión en el registro a través de la sede electrónica de su Comunidad Autónoma. Después la administración emitirá un documento que acredite su situación de inclusión o no inclusión en dicho registro. Los profesionales pueden modificar o revocar su declaración "en cualquier momento y mediante el mismo procedimiento".
Para ello, los solicitantes de la objeción de conciencia incluirán "los datos estrictamente necesarios": nombres, apellidos, documento de identidad, correo electrónico, código y denominación de su actividad profesional, nombre del centro de trabajo, modalidad a la que se objeta, etc.
Este protocolo dice que la motivación para objetar "puede proceder de razones religiosas, pero también de razones simplemente deontológicas o bioéticas" y puntualiza que "no podrá exigirse, en ningún caso, especificar esa motivación".
¿Qué comunidades lo aplican y cuáles se niegan?
El Ministerio de Sanidad ha activado este martes el procedimiento legal para que Madrid, Aragón y Baleares elaboren el registro de objetores de conciencia al aborto. Son las tres comunidades que a día de hoy no han tramitado formalmente esta obligación legal. El Ministerio les ha enviado un requerimiento formal y les da un plazo de un mes. De lo contrario, darán paso a un proceso contencioso para que les "obligue un juez".
Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra, País Vasco, Comunidad Valenciana y Ceuta y Melilla han cumplido la orden de crear este registro, mientras que Andalucía y Asturias "se encuentran en fase de tramitación". Aragón y Baleares han dicho que lo crearán "sin ningún problema", según el presidente aragonés Jorge Azcón, mientras que la presidenta del Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha posicionado en contra de que "se persiga o se señale" a los profesionales que se nieguen a practicar abortos.
¿Qué diferencias existen con la objeción para la eutanasia?
La ley de eutanasia de 2021 también señala que los profesionales sanitarios directamente implicados "en la prestación de ayuda para morir podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia". En la misma línea que la regulación para el aborto, se especifica que negarse "por razones de conciencia es una decisión individual", y no colectiva, y debe manifestarse "anticipadamente y por escrito". También se trata de un registro confidencial, sujeto a la protección de datos, y su objetivo es "garantizar una adecuada gestión" de los servicios. Sin embargo, la creación de estos registros no ha generado tanta polémica como los relativos al aborto y, de hecho, todas las Comunidades los han puesto en práctica, incluida la Comunidad de Madrid.
