Sanidad carga contra Madrid y Andalucía: suman casi el 50% de abortos y el 99% lo deriva a centros privados
- García le recuerda a Ayuso que el registro de objetores de conciencia al aborto es obligatorio: “La ley se cumple”
- El 78,74% de los abortos en España se realiza en centros privados y el 21,25% en hospitales públicos
Andalucía y la Comunidad de Madrid suman juntas casi el 50% de los abortos que se realiza en toda España y en ambas más del 99% se deriva a centros privados.
Es uno de los datos que ha destacado este martes la ministra de Sanidad, Mónica García, que ha presentado al Consejo de Ministros un informe sobre la situación de las interrupciones voluntarias de embarazo practicadas en la sanidad pública española que, aunque han ido subiendo en los últimos años, siguen siendo una minoría respecto a los realizados en la privada, con grandes diferencias por comunidades.
García ha lamentado que cuatro de cada cinco interrupciones sean derivadas a centros privados y ha dicho que integrarlos a la sanidad pública "es posible" para acabar con la "desigualdad territorial".
En este sentido ha insistido en que si solo esas dos comunidades (Andalucía, la segunda en número de IVEs del conjunto de España, y la Comunidad de Madrid, la tercera) alcanzasen "el nivel medio del resto de comunidades", el porcentaje nacional se duplicaría dando "un salto histórico".
El informe presentado concreta que Andalucía y la Comunidad de Madrid realizaron tan solo 39 y 86 abortos en centros públicos respectivamente, lo que representa un 0,2% y 0,47% del total en dichas regiones.
Mensaje a Ayuso sobre el registro de objetores: "La ley se cumple"
La ministra ha presentado estos datos días después de que el Gobierno anunciara que propondrá una reforma constitucional para incluir el derecho al aborto en la Carta Magna y después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mandase una carta a los presidentes autonómicos de Asturias, Aragón, Comunidad de Madrid e Islas Baleares dándoles un plazo de tres meses para poner en marcha el registro de profesionales médicos objetores de conciencia, tal y como marca la ley.
Y ha aprovechado para lanzar un mensaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la obligatoriedad de poner en marcha este registro de objetores: "La ley se cumple". Ayuso aseguró este lunes, tras la misiva de Sánchez, que no es partidaria de que "se persiga o se señale" a ningún profesional sanitario por "practicar o no querer practicar un aborto", y consideró que esta "estigmatización" no es propia de una democracia liberal.
"La ley se cumple y punto. Vamos a utilizar todas las herramientas jurídicas, normativas y administrativas para que la ley se cumpla. El último que echó un pulso a las mujeres fue Gallardón y tuvo que hacer las maletas", ha lanzado, en la rueda de prensa, para cargar contra la presidenta madrileña que hace, a su juicio, una "amenaza explícita" a no cumplir la ley. Le recuerda además que en el Consejo Interterritorial, la Comunidad de Madrid votó a favor de la creación del registro de objetores.
106.172 abortos en toda España en 2024
La semana pasada Sanidad ya dio a conocer los principales datos sobre las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) de 2024, con un total de 106.172 abortos- lo que supone un incremento de casi el 3%- de los que el 78,74% se realizó en centros privados y el 21,25% en hospitales públicos.
Cantabria lidera la lista de las comunidades que practicaron las interrupciones voluntarias del embarazo en centros públicos con un 88,49% de los casos, seguida de Galicia (77,02%), La Rioja (76,11%), Navarra (74,83%) y Baleares (61,30%), frente a otras regiones que derivan prácticamente todas las intervenciones a lo privado.
En la otra cara de la moneda están Extremadura, Ceuta y Melilla, donde se practica el 100% en centros privados, seguido de Andalucía, con el el 99,97%, Castilla-La Mancha (99,95%), la Comunidad de Madrid (99,53%) y la Región de Murcia (99,07%).
Cataluña es la comunidad con mayor número de IVEs y más de la mitad (55,67%) se realiza en centros públicos.
Entre las propuestas de Sanidad para avanzar hacia la integración del aborto en la red sanitaria pública están:
- Implementar y actualizar registros oficiales de profesionales objetores de conciencia en cada Servicio de Salud.
- Asegurar equipos médicos no objetores en todos los niveles asistenciales.
- Utilizar los registros de objeción como herramienta de gestión de recursos humanos, evitando la concentración de objetores en determinados hospitales.
- Acotar la objeción de conciencia en la red pública en situaciones críticas, siguiendo recomendaciones internacionales.
- No obligar a las/os profesionales no objetores a realizar IVE en exclusiva.
- Vigilar y sancionar la objeción de conciencia abusiva o fraudulenta, asegurando que se trate de una posición ética personal y no de una negativa encubierta a prestar un servicio público.
Los centros públicos usan métodos farmacológicos en la interrupción
El informe destaca, por otra parte, que las comunidades que han incorporado de manera mayoritaria la práctica de las IVEs en centros sanitarios públicos tienen algunos aspectos en común y uno de los más reseñables es la relación entre el porcentaje de abortos en centros públicos y el uso de métodos farmacológicos para su realización. El método quirúrgico sigue siendo, eso sí, el más usado, principalmente en centros privados.
Las seis comunidades con más de un 40% de abortos en centros públicos presentan un predominio de las técnicas farmacológicas, siendo estas superiores al 50% y superando el 85% en el caso de Cantabria, la comunidad con más abortos realizados en la red pública.
Así, las comunidades con mayor proporción de abortos practicados en su red pública, como Cantabria, Galicia, Navarra y La Rioja, utilizan más el método farmacológico, mientras que en aquellas que derivan la mayoría de casos a la privada, como Andalucía y Madrid, predominan las intervenciones quirúrgicas.