Más del 80% de los abortos financiados por el sistema público se realizan en centros privados, según un informe
- Redondo asiste a la presentación del informe "El aborto en España: barreras y retos para garantizar el derecho"
- El estudio denuncia "barreras estructurales y desigualdades territoriales" en el acceso al aborto
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La externalización en el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) es uno de los principales obstáculos que denuncia el informe 'El aborto en España: barreras y retos para garantizar el derecho" que cifra en un 80% el número de abortos que se realizan en centros privados acreditados, a pesar de estar financiados por el sistema público de salud.
Es una de las conclusiones de este informe realizado por la Federación Mujeres Jóvenes, con el apoyo del Instituto de las Mujeres, y presentado este jueves por la ministra de Igualdad, Ana Redondo.
El estudio revela que, pese a los "avances normativos y a las políticas desarrolladas en los últimos años", siguen existiendo "barreras estructurales que dificultan la plena integración de la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema público de salud", dificultades que se ven agravadas, además, por el hecho de que muchas de las competencias en materia sanitaria recaen en las comunidades autónomas, lo que genera "desigualdades territoriales en el acceso efectivo a este derecho".
En este sentido, la ministra ha criticado que en algunas regiones "como en la Comunidad de Madrid" se ha apostado claramente por la externalización total del servicio y "cuando no se asegura este derecho de la misma manera en todo el territorio, se vulnera la Constitución". Por ello, Redondo ha abogado por el "refuerzo de lo público" para el "desarrollo completo de la ley".
El informe pone de manifiesto que mientras que algunas regiones disponen de una "red pública significativa", en otras la práctica totalidad de la prestación se deriva al ámbito privado.
Recientemente, el Ministerio de Sanidad avisó a las comunidades que iniciará acciones legales si no garantizan el derecho al aborto ya que las mujeres se encontraban con "barreras geográficas, administrativas y organizativas".
El informe presentado concluye que el acceso al aborto depende en gran medida de "convenios con clínicas privadas y de la voluntad política de cada territorio", lo cual genera desigualdades geográficas. "Muchas comunidades carecen de servicios de IVE en sus hospitales públicos, obligando a desplazamientos largos y costosos que vulneran la equidad en un derecho sanitario básico", denuncia, para añadir que "es imprescindible incorporar el aborto de forma homogénea a la red pública de salud para garantizar que todas las mujeres, vivan donde vivan, puedan acceder al servicio sin barreras territoriales ni económicas.
Desde la Federación Mujeres Jóvenes y el Instituto de las Mujeres apuestan por crear unidades de Atención Sexual y Reproductiva en los hospitales públicos donde se integre la interrupción del embarazo como un servicio más y, hasta que estas unidades sean una realidad, piden que se financie los desplazamientos necesarios y otros gastos asociados mientras "persistan desigualdades territoriales". Propone que exista al menos un hospital público por provincia que realice interrupciones voluntarias del embarazo en todas sus modalidades.
"Objeción de conciencia estructural"
A esto se unen otras deficiencias detectadas, según este informe, como la falta de protocolos homogéneos, la insuficiente formación de profesionales, la falta de rigor y registros en la aplicación de la objeción de conciencia y el estigma social.
En este sentido, la ministra ha dicho que "el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales no puede suponer que quede relegado el derecho a las mujeres a decidir de forma libre y segura sobre su cuerpo y su maternidad".
En la misma línea, la coordinadora de este informe, Lucía Candeira, ha denunciado que "la objeción de conciencia no está regulada de forma efectiva" y que "en algunos casos se da en pasos previos como en dar información a las mujeres en los centros de salud y no puede darse". Candeira ha denunciado una "objeción de conciencia estructural".
El informe recomienda "implementar y actualizar registros oficiales de profesionales objetores de conciencia en cada Servicio de Salud, que deben ser públicos para la planificación sanitaria (no para difusión de nombres), permitiendo saber cuántos profesionales no realizan abortos por objeción en cada centro y poder regular la existencia de equipos disponibles", todo ello con la intención de asegurar equipos médicos no objetores en todos los niveles asistenciales, de forma que en cada hospital o área sanitaria exista personal dispuesto a realizar abortos.
El estudio pone de manifiesto que estas "desigualdades y barreras" inciden especialmente en mujeres jóvenes, migrantes, con discapacidad o en situación administrativa irregular.
Para garantizar un acceso real, el estudio recomienda eliminar trabas administrativas como la exigencia de empadronamiento o tarjeta sanitaria, establecer mecanismos de accesibilidad universal y diseñar protocolos específicos que contemplen la diversidad de situaciones, incluyendo medidas de acompañamiento y apoyo psicosocial. Además, considera "fundamental" incorporar protocolos para situaciones de alta vulnerabilidad, como mujeres en situación de prostitución o víctimas de violencias sexual.
Ante esta situación, la Federación Mujeres Jóvenes demanda integrar la IVE en la red pública de salud, regular la objeción de conciencia, formar y capacitar al personal sanitario, establecer protocolos homogéneos e información clara, atender sin estigmas y con un enfoque feminista, garantizar el acceso inclusivo para colectivos vulnerables y promover una educación sexual integral.
Redondo: "Os dirige la palabra una ministra reprobada"
En el arranque de su intervención la ministra ha hecho referencia a su reprobación aprobada este miércoles en el Congreso de los Diputados por los fallos en las pulseras antimaltrato.
La ministra de Igualdad ha criticado a quienes, en sus palabras, están intentando "generar dudas" sobre su ministerio por la crisis de las pulseras de control telemático de agresores machistas, algo que, a su parecer, "no es casual".
"Os dirige la palabra una ministra reprobada", ha dicho, para añadir: "Somos incómodas. No es casual que se tire contra el ministerio, que pretendan debilitarnos, que quieran generar dudas sobre nuestro rigor, credibilidad y buen hacer. No es casual que se ataque nuestro rigor, pero nosotras vamos a continuar con la lucha feminista. Las políticas de igualdad y las ministras siempre han estado en la diana, pero pese a todo hemos avanzado".
