Sanidad avisa a las comunidades que iniciará acciones legales si no garantizan el derecho al aborto
- El Gobierno afirma que las mujeres encuentran "barreras geográficas, administrativas y organizativas"
- Sanidad elaborará un informe para analizar la situación y penalizar a las comunidades que no lo garanticen
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El Ministerio de Sanidad denuncia que muchas mujeres siguen encontrando barreras geográficas, administrativas u organizativas que dificultan el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en el sistema público de salud, por lo que ha decidido elaborar un informe para analizar la situación y penalizar a las comunidades autónomas que no lo garanticen.
El informe evaluará el grado de cumplimiento de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, sobre la base de los datos presentados por las comunidades autónomas, y analizará si esta prestación se está garantizando de forma efectiva en los centros sanitarios públicos.
A partir de los resultados recogidos, Sanidad podría iniciar procedimientos legales contra aquellas comunidades autónomas que no estuvieran garantizando el acceso efectivo, equitativo y en condiciones de igualdad al IVE en el sistema público de salud.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado en el programa 24 horas de Radio Nacional que "todas las mujeres tienen derecho a abortar en la sanidad pública". Sin embargo, desde el Ministerio han recibido testimonios que cuentan que en algunos lugares ese derecho no se ve "garantizado", por lo que han pedido información a las comunidades autónomas sobre en qué lugares esto ocurre.
"Pedimos a las comunidades que nos den la información y que a través de ella podamos ayudar a que sea efectivo ese derecho", ha añadido. De este modo, copian las que lo hacen correctamente y dan un "tirón de orejas" a aquellas que no.
"Acceso efectivo, equitativo y en condiciones de igualdad"
Así, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha enviado una carta a las comunidades autónomas en la que subraya la necesidad de garantizar el acceso efectivo, equitativo y en condiciones de igualdad a la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema público de salud, a la vez que ha avisado de que se valorará iniciar estos procedimientos legales.
En la misiva dirigida a los consejeros del ramo, Padilla recuerda que la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, junto con el Real Decreto 831/2010, de 25 de junio, que la desarrolla, tiene como objetivo "proteger los derechos fundamentales en materia de salud sexual y reproductiva, regular las condiciones para la IVE y establecer las obligaciones de los poderes públicos para garantizar a la población el mayor nivel posible de salud y educación sexual y reproductiva".
Sanidad plantea este procedimiento: en primera instancia, si se detectaran incumplimientos y en función de su gravedad, la Alta Inspección del Estado enviaría requerimientos formales a las administraciones autonómicas afectadas solicitando información detallada sobre las medidas que estén aplicando o prevean aplicar para dar cumplimiento efectivo a la legislación vigente. En caso de que las respuestas no resulten satisfactorias, el ministerio de Sanidad adoptará las medidas legales oportunas, dentro del marco normativo, para asegurar que se cumple el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional.
