Sanidad lleva a la Comunidad de Madrid a los tribunales por no tener una lista de médicos objetores al aborto
- Mónica García acusa a la Comunidad de Madrid de vulnerar el derecho al aborto en la sanidad pública
- El Gobierno central reclama al tribunal que imponga la apertura de dicho registro
La dirección de esta página ha sido copiada en su portapapeles
El Ministerio de Sanidad ha presentado una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la negativa del Gobierno de la Comunidad de crear un registro oficial de trabajadores sanitarios que aleguen objeción de conciencia para no participar en interrupciones voluntarias del embarazo, cumpliendo así una amenaza que ya había adelantado el año pasado la ministra Mónica García.
La demanda, interpuesta por la Abogacía del Estado ante la sala de lo contencioso-administrativo, plantea que el Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso no ha acatado el requerimiento efectuado por Sanidad en octubre para crear ese Registro de Personas Objetoras de Conciencia. "La Comunidad de Madrid es la única comunidad autónoma que, además de no haber contestado al requerimiento (...) ha manifestado públicamente su negativa a desarrollar dicho registro, a través de diversas declaraciones", reza el texto.
Mónica García ha recordado en su cuenta de la red social X que "Ayuso llegó a decir 'váyanse a otro lado a abortar'" para denostar las quejas de la oposición sobre un sistema que, según la ministra, implica "la vulneración del derecho al aborto en la sanidad pública madrileña". "El 99% se deriva a la privada", ha lamentado al hacer balance de la distribución de estas prácticas en distintos centros.
Fuentes del Ejecutivo regional, por su parte, han restado importancia al paso emplazando a la ministra y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a concentrarse en "solucionar el problema que tiene con los médicos" y en la huelga por el Estatuto Marco, "que es más importante".
La Comunidad de Madrid, la única sin registro
El de Madrid no era un caso único, pero sí lo es a día de hoy. En octubre, el requerimiento remitido por Sanidad a la Comunidad de Madrid también se envió a Aragón e Islas Baleares, pero estas dos autonomías accedieron a crear el registro de objetores reclamado. El resto de comunidades ya dispone de él, mientras que Andalucía y Asturias están "en fase de tramitación", como refleja la demanda conocida este viernes.
El Ministerio reclama ahora por la vía judicial que se "ordene" a la administración madrileña a habilitar el citado registro, establecido por ley en 2023, en la última reforma de la norma que regula en España la interrupción voluntaria del embarazo. La propia Comunidad de Madrid, al rechazar de plano la petición del Gobierno central, ya había asumido que la última palabra la tendría la Justicia.
