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El Gobierno plantea recuperar la prevalencia del convenio sectorial sobre los de las empresas

  • Pedro Sánchez se reunió con los máximos responsables de CEOE, Cepyme, CCOO y UGT
  • El Ejecutivo abre la negociación para empezar a derogar la reforma laboral del PP en materia de convenios y subcontratación

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El Gobierno expone sus prioridades en materia económica y laboral

El Gobierno se ha comprometido este martes con patronal y sindicatos a convocar este mes la mesa de diálogo social para una negociación que tendrá como prioridades devolver la prevalencia al convenio sectorial y limitar la subcontratación, lo que supone revertir medidas de la reforma laboral del PP de 2012.

Además, se reformará la formación profesional para el empleo, se estudiará adaptar las jornadas de trabajo como alternativa al despido y se fomentarán las políticas de igualdad, al tiempo que se revisará el contrato en prácticas y se promocionará el contrato relevo, ha informado Presidencia del Gobierno tras la reunión del presidente, Pedro Sánchez, con los máximos responsables de CEOE, Cepyme, CCOO y UGT.

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha defendido en su primera comparecencia ante el Congreso la necesidad de “fortalecer la negociación colectiva, garantizando su eficacia durante su vigencia y en su completo ámbito de aplicación, evitando descuelgues injustificados a nivel empresarial” y apuntó la recuperación del convenio sectorial.

Al tiempo, ha asegurado que se recuperará la ultraactividad de los convenios para que no pierdan su vigencia, cuestiones que también se facilitaron con la reforma del PP.

"Rescatar el convenio sectorial"

Durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en el Congreso de los Diputados, la ministra señaló que “el descuelgue o inaplicación debe ser un mecanismo excepcional para cuando las empresas acrediten verdaderas necesidades”.

La titular de Trabajo ha indicado que desde la reforma laboral de 2012 se ha convertido en algo normal que las empresas dejen de aplicar las condiciones de trabajo pactadas en los convenios sectoriales, y que el descuelgue prevé una acreditación de la causa “tan ambigua y un procedimiento tan favorable al empresario como poco garantista para la recuperación de las condiciones de trabajo convencionales”.

La ministra ha defenido, pues, que “hay que rescatar el convenio sectorial y devolverle el papel de instrumento de negociación principal”, para lo que apuntó que es necesario reforzar el diálogo social con las organizaciones sindicales y empresariales. En este sentido, ha señalado que “es importante recuperar el clima de confianza y de leal colaboración entre Gobierno e interlocutores sociales”.

Asimismo, señaló que el convenio sectorial particularmente se ha visto “debilitado” por las reformas del PP y planteó “limitar la prioridad aplicativa de los convenios colectivos empresariales” que recoge el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores, “evitando que estos últimos primen con carácter general sobre los de sector”.

"Un Estatuto de Trabajadores del siglo XXI"

“Nuestra acción se orienta a la consecución de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, un Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI” y que deje de ser "un puro catálogo de poderes empresariales", ha destacado Valerio.

Además, ha dicho que es necesaria una "revisión" del actual modelo de contratación, marcado por la temporalidad y la parcialidad; igualar la cotización de los contratos temporales y los indefinidos; “luchar contra la competencia desleal” modificando el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores; poner en marcha un Plan Director contra la explotación laboral y luchar contra los falsos autónomos.

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, se han mostrado dispuestos a hablar de pensiones y de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, pero han reclamado que se tomen medidas de choque de forma inmediata para poner coto a la subcontratación y a la temporalidad y para poder aplicar el acuerdo salarial a las subcontratas del sector público.

Para los sindicatos es urgente acabar con la subcontratación que supone una competencia desleal por parte de empresas con un modelo de bajos salarios, a lo que suman la necesidad de derogar la prevalencia del contrato de empresa.

A ello han añadido la necesidad de cambiar cuanto antes la ley de desindexación que limita las subidas salariales de los trabajadores subcontratados por las Administraciones Públicas a las establecidas en los presupuestos para el sector público. De lo contrario, a estos trabajadores de empresas subcontratadas por el sector público no se les podría aplicar la subida del 2 % más el 1 % variable pactada con la patronal para el periodo 2018-2020, además de la elevación progresiva a 14.000 euros del salario mínimo en convenio colectivo.

La patronal advierte sobre la subida de impuestos

La patronal ha mostrado su deseo de que las negociaciones se aceleren y se pueda llegar a acuerdos en asuntos como la formación, los tipos de contratos o el fomento de la reducción de jornada en momentos de crisis.

Los presidentes de CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Antonio Garamendi, no han profundizado más en la próxima negociación que se va a abrir con el Gobierno, pero han aprovechado la rueda de prensa posterior a la reunión de hoy para lanzar el mensaje de que la subida del impuesto de sociedades podría poner en peligro la subida salarial pactada con los sindicatos.

Garamendi ha asegurado que las empresas "quieren cumplir con el tema de los salarios", pero ha añadido que "un incremento de costes puede hacer fracasar" la subida pactada, porque "son vasos comunicantes".

Por ello, las patronales han pedido que se estudie previamente el impacto que el incremento de la presión fiscal puede tener sobre los costes empresariales.

Los sindicatos, que han comparecido después, han mostrado su sorpresa por un argumento que la patronal no les ha trasladado y han subrayado que el acuerdo hay que cumplirlo.

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