Convalidado el decreto que paraliza dos años los desahucios y beneficia a unas 120.000 familias

  • El PP suma el apoyo de UPyD; FAC y CC-NC se abstienen y el resto vota 'no'
  • Guindos lamenta que familias se queden sin casa mientras hay tantas vacías
  • La banca ha comprometido 6.000 pisos para el fondo social de alquiler
  • Su coste, entre 150 y 400 euros, no podrá ser más de un tercio de los ingresos
  • El PSOE: el decreto "no paraliza ningún desahucio", solo la retrasa

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RTVE.es / AGENCIAS 

El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves el real decreto-ley de medidas urgentes sobre desahucios, que paraliza durante dos años los desahucios y crea un parque de vivienda social en alquiler. El decreto ha salido adelante con 185 votos a favor, 146 en contra y 2 abstenciones, gracias a la mayoría del PP, que ha contado con el apoyo de UPyD. La norma se tramitará como proyecto de ley.

Durante el debate, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha anunciado que en España hay unas 120.000 familias que cumplen todos los requisitos para acogerse a la paralización de desahucios, pero ha aclarado que el número final de personas que se acogerán a la moratoria estará por debajo de 120.000, ya que en España las cifras de desahucios están lejos de esta cota. El pasado día 20 de noviembre, el propio ministro cifraba en 600.000 las familias potencialmente beneficiarias del decreto.

De Guindos también ha lamentado que muchas familias se queden sin vivienda mientras hay tantas casas vacías en España. Y ha señalado que, hasta este momento, las entidades financieras ya se han comprometido a aportar 6.000 viviendas al nuevo Fondo Social de Vivienda (FSV) que se pondrá en marcha y que está destinado al alquiler con precios bajos para las personas que no tengan hogar.

Este Fondo Social de Vivienda es de adhesión voluntaria, pero una vez que las entidades lo suscriban estarán obligadas al cumplimiento de las obligaciones que de él se deriven.

Además, el ministro de Economía ha dicho que las medidas que se adopten para hacer frente a los desahucios no deben impedir el acceso al crédito. "Tenemos que ser conscientes de que no se pueden adoptar medidas que alterne el diseño normal de nuestro sistema normativo, basado en el principio de propiedad patrimonial universal, que ha permitido el acceso de muchas personas a una vivienda. Debemos encontrar el equilibrio para no convertir el crédito o el acceso a la vivienda en un privilegio al que algunos no pudieran acceder", ha defendido.

Las viviendas se alquilarán por precios de entre 150 y 400 euros

En los pasillos del Congreso al término del debate, De Guindos ha especificado que la cifra de 600.000 es la de familias que se pueden beneficiar de otras medidas de la norma, como el alquiler social. Es decir, que hay un colectivo más amplio, que es el de quienes cumplen las condiciones económicas fijadas en el decreto, y otro más restringido de quienes también entran dentro de los márgenes de las condiciones familiares, que son los que podrán acogerse a la moratoria.

Las viviendas que formen parte del Fondo Social para alojar a víctimas de desahucios se alquilarán por precios de entre 150 y 400 euros y en ningún caso podrán tener costes que superen un tercio de los ingresos de los arrendatarios. Así lo ha explicado el ministro de Economía en declaraciones a Europa Press.

PSOE: no paraliza desahucios

El principal partido de la oposición se ha opuesto al decreto. La portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, ha afirmado que el decreto "no paraliza ningún desahucio", sino que solo retrasa dos años la ejecución hipotecaria y que las familias se queden sin casa, acusando al Gobierno de aprobar más bien una moratoria para "evitar tener en el telediario durante dos años situaciones dramáticas de expulsiones" de sus viviendas.

Hemos tratado de negociar, pero lo que traen no llega ni a la clasificación de urgente necesidad

Por eso los socialistas votarán en contra. Además presentarán una enmienda de totalidad con una propuesta alternativa para hacer frente a asuntos como los intereses de demora, las quitas o los porcentajes de adjudicación de las viviendas a los bancos para que a los ciudadanos no les quede deuda pendiente.

"Hemos tratado de negociar, pero lo que traen no llega ni a la clasificación de urgente necesidad, porque han sido tan restrictivos en la delimitación de los beneficiarios que dejan las medidas sin contenido", ha lamentado la socialista, que ha criticado que hay demasiadas excepciones que pueden generar desigualdades entre circunstancias muy similares.

Por eso, el PSOE ha reclamado una "moratoria real que suspenda los procedimientos y alcance a todos los deudores de buena fe", dando tiempo a las instituciones a acometer una reforma más profunda de la normativa de embargos, desahucios, lanzamientos hipotecarios, subastas, tasación o intereses de demora, con el objetivo último de que "las familias puedan pagar y mantener el uso y propiedad de su vivienda".

Resto de grupos

Según la diputada de CiU Lourdes Ciurós, la norma "no busca ni ofrece ninguna solución, estamos ante un parón". Además, se ha quejado de que el Gobierno no haya contado con ellos para impulsar las medidas.

No busca ni ofrece ninguna solución, estamos ante un parón

Asimismo, Joan Coscubiela, de La Izquierda Plural, ha tildado la propuesta del Gobierno de "falsa solución", "inútil" y "profundamente injusta" porque excluye a la mayoría de las familias afectadas, y ha señalado que está redactada por "la patronal bancaria". Además, han anunciado que presentarán enmienda de totalidad.

El diputado del PNV Pedro Azpiazu ha lamentado el "limitado alcance" del real decreto y ha destacado la necesidad de "avanzar en la defensa de los más débiles".

La mayoría de los integrantes del Grupo Mixto también mostraron su rechazo al texto por ser, por ejemplo, un "remiendo" (Geroa-Bai), una "tomadura de pelo" (Amaiur), "terrorismo social" (ERC) o "llegar tarde" (Coalición Canaria).

El diputado del PP Pablo Matos puso de manifiesto desde la tribuna su "absoluta perplejidad" ante el rechazo de algunos grupos parlamentarios, sobre todo del PSOE, al que ha criticado su "pasividad indignante" en las ejecuciones hipotecarias durante sus años al frente del Ejecutivo.

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