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El Gobierno anuncia un parque de alquiler social y paraliza los desahucios en hogares "vulnerables"

  • Durante dos años, algunas familias morosas podrán quedarse en sus casas
  • El Gobierno no pacta con el PSOE y pospone la reforma de la ley hipotecaria

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Entran en vigor las primeras medidas para frenar los desahucios

El Gobierno ha anunciado la creación de un fondo de viviendas en alquiler social que se destinarán a las personas que hayan perdido su vivienda y ha decretado la paralización durante dos años de los desahucios para determinados hogares en situación de vulnerabilidad como respuesta a la creciente presión para atajar esta crisis. El principal colectivo de afectados ha tachado la medida "cosmética".

Sobre el fondo de viviendas que se alquilarán a "precio bajo" a las familias que se queden sin su vivienda, el Gobierno apenas ha dado detalles en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este jueves. El ministro de Economía, Luis de Guindos, solo ha explicado que el Gobierno negociará con los bancos que tienen inmuebles adjudicados para ponerlos en alquiler. Cabe recordar que el Estado controla buena parte de ese mercado a través de los bancos rescatados, fundamentalmente Bankia.

En cuanto a los hogares que no podrán ser desahuciados durante dos años, sí ha precisado los casos en los que será de aplicación. Por una parte, habrá estos requisitos económicos:

  • El conjunto de ingresos del hogar no podrá ser superior al triple del IPREM, es decir, la renta familiar no podrá superar los 1.597 euros al mes
  • La carga de la hipoteca (la parte de sus ingresos dedicada a pagar la cuota) se haya multiplicado en los últimos cuatro años por 1,5
  • La cuota hipotecaria absorba más del 50% de los ingresos netos
  • Y en todo caso, la hipoteca debe ser sobre la única vivienda en propiedad de la familia

Por otra parte, deberá darse alguna de estas circunstancias:

  • Ser familia numerosa
  • Una sola persona (familia monoparental) con dos hijos a cargo
  • Familia con un menor de tres años
  • Incapacidad superior al 33% o persona con dependencia reconocida
  • Ser deudor en el paro y con las prestaciones por desempleo agotadas
  • Alguna víctima de violencia género

Cambio en la ley hipotecaria

La vicepresidenta del Gobierno ha explicado la negociación que ha llevado a cabo con el PSOE la última semana de cara a esta norma. Ha mostrado su disposición a seguir dialogando en la tramitación parlamentaria de este decreto, pero ha dicho que tenían que tomar “decisiones urgentes” por la gravedad de la situación. Y también ha pedido que el PSOE sea “consecuente” con su posición sobre este tema, tras siete años en el Gobierno.  La oleada de desahucios empezó hace más de dos años por la crisis económicas, aunque el tema ha acaparado la atención en las últimas semanas tras dos suicidios.

El Gobierno ha anunciado la paralización de los desahucios de una serie de colectivos en situación de vulnerabilidad, según ha anunciado la vicepresidente del Gobierno, Soraya . Se trata de aquellos que no superen en tres veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), es decir, 19.000 euros anuales. Además se deben encontrar en una de estas circunstancias: ser familias numerosas o con algún menor de tres años, tener personas a su cargo en situación de dependencia, ser deudores en paro y sin prestación por desempleo o estar en algunos supuestos de violencia de género. Dentro de los umbrales previstos, se paraliza durante dos años la fase final del desahucio. Además, se creará un fondo social de viviendas destinadas al alquiler, a precios bajos.

Con esta medida, el Gobierno adopta una solución de urgencia al drama humanitario de los desahucios, pero desoye las peticiones de los colectivos de afectados que piden un cambio de la ley hipotecaria. Es decir, a falta de lo que haga después el Parlamento y de que se concrete el parque de viviendas en alquiler social, estas medidas solo vienen a refrendar el compromiso temporal (por dos años) anunciado por la banca el lunes, después de que la misma asumiera hace siete meses un código de buenas prácticas que se ha demostrado insuficiente.

Con todo, ese código "sigue siendo la base de la regulación", ya que este decreto "no cambia la ley hipotecaria", según ha insistido De Guindos después de que fuentes comunitarias hayan advertido este día de que el Gobierno debe consultar previamente a la UE cualquier posible cambio que afecte a las normas del sector financiero en virtud de la tutela a la que obliga el rescate de la banca española. Un portavoz comunitario ha explicado después que la Comisión Europea ya ha sido informada sobre las medidas