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El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de los empleados públicos de familias monoparentales a extender de 16 a 26 semanas el permiso de maternidad para evitar la discriminación de los menores recién nacidos. Así lo ha fijado la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en una sentencia en la que el Supremo establece que esta es la interpretación que debe darse al permiso regulado en el Estatuto del Personal Público.

Foto: Una madre con su bebé en brazos (Getty Images)

Bruselas sigue advirtiendo a España por las condiciones laborales de los trabajadores interinos. Hoy la Comisión da un paso más advirtiendo que estos profesionales aún sufren discriminación respecto a los empleados fijos. Y da dos meses para solucionarlo. 

Pau Albert Martí, abogado experto en función pública, explica a TVE que los interinos se enfrentan a diferencias salariales y de desarrollo profesional, ya que no tienen las mismas oportunidades para obtener un ascenso.

Nuevo respaldo de la Justicia europea a los interinos que llevan años como temporales en la Administración. Insiste en que hacerlos fijos puede ser una solución al abuso de la temporalidad y, ahora, va incluso más allá. Abre la puerta a que los juzgados puedan saltarse la doctrina del Supremo contraria a ese cambio.

Además, apunta una fórmula: convertir a esos interinos en indefinidos, pero sin que pasen a ser funcionarios. El tribunal cree que la normativa española ni evita ni sanciona los abusos de la temporalidad como exige la ley europea. 

El Telediario presenta las distintas 'caras' del fallo del TJUE. La anterior sentencia ya avalaba convertir en fijos a los trabajadores interinos. María Dolores es de las pocas beneficiadas, pero hay ejemplos como Margarita que no han tenido tanta suerte. El Tribunal Superior de Madrid rechazó hacerla fija.

Foto: EFE / Chema Moya

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó este jueves que la conversión de interinos en trabajadores con contrato indefinido puede ser una medida adecuada para prevenir y sancionar los abusos de temporalidad en la administración pública siempre y cuando "no implique una interpretación del Derecho nacional contraria a la ley".

El abogado Javier Arauz calcula que este dictamen afecta a "más de 1,2 millones de empleados públicos, de los cuales 800.000 son mujeres y personas de más de 50 años". Además, argumenta que "afea el comportamiento de las autoridades españolas que no están a la altura del derecho comunitario".

Foto: EFE/ Chema Moya

Hoy ha habido una nueva jornada de protestas de los funcionarios de prisiones en las cárceles catalanas. Los trabajadores exigen mejoras en la seguridad y que no se repitan las circunstancias que permitieron el asesinato de Nuria, una trabajadora de la cocina de Mas d'Enric. Montserrat Tura, ex consejera de Interior y Justicia de la Generalitat de Cataluña, ha expresado en 24 horas de RNE que nunca había sucedido un hecho de estas características. Gemma Ubasart, actual consejera de justicia, ha anunciado hoy medidas como un mayor control en las cocinas y más vigilancia. "La seguridad debe garantizarse en todo momento. Pero es evidente que en la cocina habrá siempre instrumental que pueda usarse a efectos no culinarios. Y ahí hay que basarse en la confianza y en un sistema que, hasta ahora, había funcionado", ha declarado Tura.

Tura ha señalado que la Generalitat tiene la competencia de garantizar que el sistema de selección y de seguimiento de los presos, que se destinan a determinados trabajos, sea muy metódica: "Tienen que establecer sistemas no solo de formación, sino también de seguridad y de disciplina. Lo que busca el sistema penitenciario, al menos el catalán, es la balanza entre la reeducación, la disciplina y el respeto a la normativa".

Sobre las protestas de los funcionarios de prisiones, Montserrat Tura ha afirmado que le cuesta entender que no utilicen el sistema de protesta habitual: "Podrían declararse en huelga sin necesidad de bloquear la entrada y la salida porque lo que están haciendo con eso es vulnerar los derechos que tienen los presos". Ha concluido la entrevista insistiendo en que se debe garantizar "la seguridad, la reeducación y la reinserción", ya que "una cosa no debe hacer abandonar la otra".

Los funcionarios de prisiones mantienen este sábado el bloqueo en las cárceles de Quatre Camins, Joves y Wad Ras en Barcelona. Al menos 1.000 internos se verían por estos bloqueos que van a continuar "con más intensidad, más fuerza y hasta que el cuerpo aguante", asegura en el informativo '24 Horas' el portavoz del sindicato de prisiones de UGT en Cataluña, Xavier Martínez. Mantienen que no se sentarán a negociar sin la dimisión de la consellera de Justicia, Gemma Ubasart. "Exigimos el cese fulminante de la figura que ha provocado que, durante los últimos años, se deteriore la institución", exige Martínez. El portavoz de UGT adelanta en Radio Nacional que tienen intención de volver a cerrar todos los centros de Cataluña este lunes. "Las medidas que pedimos son reorganizar convenientemente la institución penitenciaria y pasa por hacer una limpieza de personas de estructura", expresa.

Un centenar de funcionarios de prisiones cortan el paso a varios centros penitenciarios de Cataluña. Tres cárceles siguen bloqueadas, después de que anoche se levantaran la mayoría de los cortes. Piden más seguridad, tras el asesinato este miércoles de una cocinera por unos de los presos. También exigen dimisiones. Entre ellas, la de la consellera de Justicia, que hoy ha reconocido que la situación es grave. 

FOTO: EFE/Enric Fontcuberta

Los funcionarios de prisiones mantienen bloqueados los accesos tres cárceles catalanas en protesta por el asesinato de una cocinera en el centro de Mas d'Enric, en Tarragona. Este sábado han cortado los accesos a los centros de Quatre Camins y Joves, en la Roca del Vallès, y a la cárcel de mujeres de Wad Ras en Barcelona. En las demás prisiones el viernes por la noche decidieron levantar el bloqueo y permitir el cambio de guardia de los trabajadores. 

Miguel Borra, presidente del CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios), ha analizado en Las Mañanas de RNE la situación del funcionariado en España, aprovechando el inicio del Congreso Nacional del sindicato: “Un 31% de los empleados públicos no tiene una plaza en propiedad, no sabe cuándo ni dónde va a seguir trabajando, y tenemos unas plantillas muy envejecidas”. Desde el CSIF defienden la necesidad de dar estabilidad a las plantillas.

Sobre el impacto de la renuncia del Gobierno a presentar presupuestos este año tras el anuncio del adelanto electoral en Cataluña, Borra expone: “No entendemos como unas elecciones de una comunidad autónoma pueden condicionar la vida política y económica del resto del país”. Borra explica que se verá afectada la oferta de empleo público, con las necesidades de personal que hay en las Administraciones. También se verá afectado el concepto de tasa de reposición y futuras subidas de sueldo a los empleados públicos, ya que esto paraliza posibles negociaciones. Borra define la subida como “muy exigua” que les va a “volver a hacer perder poder adquisitivo” ya que no compensará la inflación.

El presidente del CSIF admite que la corrupción política y la polarización acaba afectando al conjunto de funcionarios. “Lo único que hacemos es aplicar las normas, y una de las consecuencias de la politización de la Administración es que lo pagan los ciudadanos y los servicios públicos”, explica Borra. Añade que los funcionarios son personal técnico y “tenemos que estar al servicio de los ciudadanos, nunca de los partidos políticos”.