- El incremento salarial oscila entre los 165 y los 250 euros y se aplicará de manera progresiva
- El acuerdo afecta finalmente a 12.000 empleados dependientes del ministerio que dirige Félix Bolaños
Hoy ha habido una nueva jornada de protestas de los funcionarios de prisiones en las cárceles catalanas. Los trabajadores exigen mejoras en la seguridad y que no se repitan las circunstancias que permitieron el asesinato de Nuria, una trabajadora de la cocina de Mas d'Enric. Montserrat Tura, ex consejera de Interior y Justicia de la Generalitat de Cataluña, ha expresado en 24 horas de RNE que nunca había sucedido un hecho de estas características. Gemma Ubasart, actual consejera de justicia, ha anunciado hoy medidas como un mayor control en las cocinas y más vigilancia. "La seguridad debe garantizarse en todo momento. Pero es evidente que en la cocina habrá siempre instrumental que pueda usarse a efectos no culinarios. Y ahí hay que basarse en la confianza y en un sistema que, hasta ahora, había funcionado", ha declarado Tura.
Tura ha señalado que la Generalitat tiene la competencia de garantizar que el sistema de selección y de seguimiento de los presos, que se destinan a determinados trabajos, sea muy metódica: "Tienen que establecer sistemas no solo de formación, sino también de seguridad y de disciplina. Lo que busca el sistema penitenciario, al menos el catalán, es la balanza entre la reeducación, la disciplina y el respeto a la normativa".
Sobre las protestas de los funcionarios de prisiones, Montserrat Tura ha afirmado que le cuesta entender que no utilicen el sistema de protesta habitual: "Podrían declararse en huelga sin necesidad de bloquear la entrada y la salida porque lo que están haciendo con eso es vulnerar los derechos que tienen los presos". Ha concluido la entrevista insistiendo en que se debe garantizar "la seguridad, la reeducación y la reinserción", ya que "una cosa no debe hacer abandonar la otra".
- Protestan por el asesinato de una cocinera, piden más medidas de seguridad y el cese de la cúpula penitenciaria catalana
- La Generalitat acusa a los sindicatos de sembrar "caos" con un bloqueo "ilegal" y les plantea una negociación
- Los sindicatos exigen dimisiones en la Generalitat tras el asesinato de la cocinera de un centro penitenciario
- El Govern advierte de la situación de riesgo y peligrosidad que supone el bloqueo y descarta dimisiones
Los funcionarios de prisiones mantienen este sábado el bloqueo en las cárceles de Quatre Camins, Joves y Wad Ras en Barcelona. Al menos 1.000 internos se verían por estos bloqueos que van a continuar "con más intensidad, más fuerza y hasta que el cuerpo aguante", asegura en el informativo '24 Horas' el portavoz del sindicato de prisiones de UGT en Cataluña, Xavier Martínez. Mantienen que no se sentarán a negociar sin la dimisión de la consellera de Justicia, Gemma Ubasart. "Exigimos el cese fulminante de la figura que ha provocado que, durante los últimos años, se deteriore la institución", exige Martínez. El portavoz de UGT adelanta en Radio Nacional que tienen intención de volver a cerrar todos los centros de Cataluña este lunes. "Las medidas que pedimos son reorganizar convenientemente la institución penitenciaria y pasa por hacer una limpieza de personas de estructura", expresa.
Un centenar de funcionarios de prisiones cortan el paso a varios centros penitenciarios de Cataluña. Tres cárceles siguen bloqueadas, después de que anoche se levantaran la mayoría de los cortes. Piden más seguridad, tras el asesinato este miércoles de una cocinera por unos de los presos. También exigen dimisiones. Entre ellas, la de la consellera de Justicia, que hoy ha reconocido que la situación es grave.
FOTO: EFE/Enric Fontcuberta
Los funcionarios de prisiones mantienen bloqueados los accesos tres cárceles catalanas en protesta por el asesinato de una cocinera en el centro de Mas d'Enric, en Tarragona. Este sábado han cortado los accesos a los centros de Quatre Camins y Joves, en la Roca del Vallès, y a la cárcel de mujeres de Wad Ras en Barcelona. En las demás prisiones el viernes por la noche decidieron levantar el bloqueo y permitir el cambio de guardia de los trabajadores.
- El pasado miércoles un interno de la prisión de Mas d'Enric asesinó a una cocinera del centro
- Los funcionarios reclaman mayores medidas de seguridad y que cese la cúpula penitenciaria
Miguel Borra, presidente del CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios), ha analizado en Las Mañanas de RNE la situación del funcionariado en España, aprovechando el inicio del Congreso Nacional del sindicato: “Un 31% de los empleados públicos no tiene una plaza en propiedad, no sabe cuándo ni dónde va a seguir trabajando, y tenemos unas plantillas muy envejecidas”. Desde el CSIF defienden la necesidad de dar estabilidad a las plantillas.
Sobre el impacto de la renuncia del Gobierno a presentar presupuestos este año tras el anuncio del adelanto electoral en Cataluña, Borra expone: “No entendemos como unas elecciones de una comunidad autónoma pueden condicionar la vida política y económica del resto del país”. Borra explica que se verá afectada la oferta de empleo público, con las necesidades de personal que hay en las Administraciones. También se verá afectado el concepto de tasa de reposición y futuras subidas de sueldo a los empleados públicos, ya que esto paraliza posibles negociaciones. Borra define la subida como “muy exigua” que les va a “volver a hacer perder poder adquisitivo” ya que no compensará la inflación.
El presidente del CSIF admite que la corrupción política y la polarización acaba afectando al conjunto de funcionarios. “Lo único que hacemos es aplicar las normas, y una de las consecuencias de la politización de la Administración es que lo pagan los ciudadanos y los servicios públicos”, explica Borra. Añade que los funcionarios son personal técnico y “tenemos que estar al servicio de los ciudadanos, nunca de los partidos políticos”.
- El alza salarial irá en una enmienda a la ley de medidas para combatir los efectos de la guerra en Ucrania
- El incremento del sueldo tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero
- El Tribunal considera que la legislación española no es suficiente para evitar el abuso en la contratación
- Abre la puerta a la conversión en fijos de los trabajadores públicos de larga duración e indefinidos no fijos
- Y ha advertido contra la consecución "abusiva" de contratos públicos en varias administraciones españolas
- El TJUE respondió así a una serie de preguntas del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
- Será con cargo al pasado ejercicio, abonándose como atrasos los importes correspondientes desde el mes de enero de 2023
- La subida beneficiará a más de tres millones de personas y tendrá un coste de 818 millones de euros
- Incluirá el cambio en el diseño de la plantilla de funcionarios en los presupuestos de 2025
- Escrivá defiende que "necesitamos un modelo distinto" para modernizar la Administración
- A falta de que el INE confirme el dato del PIB del cuarto trimestre, se aplicaría con efectos retroactivos desde enero de 2023
- Esta subida se sumaría al incremento del 0,5% cerrado en octubre por el alza de la inflación y dejaría la subida total en el 3,5%
- De su aprobación depende la solicitud del cuarto desembolso de los fondos europeos, que asciende a 10.000 millones de euros
- Junts avanza su voto en contra porque considera que podría "poner en peligro" la aplicación de la ley de amnistía
- Un tribunal de Lieja preguntó por una empleada a la que se prohibió llevar el velo islámico
- La trabajadora no estaba de cara al público y argumentó que se vulneraba su libertad religiosa
¿Cómo es un juzgado de violencia de género?
- La magistrada Cira García defiende que "un maltratador nunca puede ser un buen padre" y exige que se escuche a los niños y niñas
- "Es terrorismo contra las mujeres por el hecho de ser mujeres", asegura, y niega que sea una afirmación ideológica
El Gobierno aprueba una subida del 0,5% adicional en el salario de los funcionarios por la inflación
- La subida la cobrarán los trabajadores públicos en octubre y tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2023
- Supondrá un coste de 791 millones, una cantidad que ya estaba contemplada en los Presupuestos de este año
- Las empresas podrán imponer un sexto día de jornada laboral, según la nueva ley
- La norma se debate en el Parlamento, donde el conservador Nueva Democracia tiene mayoría absoluta
Este sábado y mañana domingo serán días de nervios para miles de opositores que se examinan para trabajar en la Administración Pública. Hay más de 27.000 plazas en juego, la mayoría para personal administrativo, donde se ofertan más de 13.000.
Los exámenes se realizan en 21 provincias y los de la mañana de este sábado han dejado sensaciones diferentes. Meses de estudio y preparación para encontrar estabilidad en una convocatoria que, según los sindicatos, no es suficiente.
Foto: Ricardo Rubio / Europa Press
- La primera fase de la convocatoria de Hacienda se celebrará este fin de semana en 21 provincias de toda España
- El cuerpo más demandado es el General Administrativo y 25.421 plazas son para turno libre y promoción interna
- En España la tasa de interinidad de docentes supera el 22% con País Vasco (43,45%) y Canarias (41,35%) a la cabeza
- Otro de los problemas a los que se enfrentan los profesores en muchas zonas del país es el alto precio de la vivienda
- Según lo acordado, las nóminas de los empleados públicos se elevarían en 2023 un 2,5% fijo
- También es posible un nuevo incremento para este 2023 que se percibiría a comienzos de 2024
- Se han realizado exámenes del cuerpo de agentes rurales, funcionario de ejecución penal y categorías laborales transversales
- La Generalitat la suspendió en abril tras recoger más de 13.000 incidencias por parte de los opositores
- Comisiones Obreras se ha descolgado al considerar que se estaba politizando el paro indefinido
- CIG, CSIF, Sitss, Sislass, UGT, UPIT y Usess exigen que se cumpla el plan estratégico y se contrate más personal
- Llevaban protestando de esta manera desde el miércoles
- Asegura que han excedido el plazo previsto para hacer uso del salón de actos
- Se han constituido en asambleas permanentes con el ánimo de conseguir un reconocimiento laboral y retributivo
- Los sindicatos llevan en huelga desde el pasado 17 de abril y denuncian que solo han tenido tres reuniones con el Gobierno
- Han comenzado en Madrid, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, La Rioja y Extremadura
- Las plazas se dividen en 11.603 de reposición (jubilaciones) y nueva creación y 17.876 de estabilización de puestos interinos
- La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha insistido en la dificultad de llegar a acuerdos sin constituirse los nuevos gobiernos autonómicos
- Los trabajadores han decidido mantener la huelga y continúan con las movilizaciones
- Han presentado un escrito ante la Fiscalía del Tribunal Supremo
- Los representantes de los funcionarios estaban encerrados en el Ministerio de Justicia desde el pasado martes
- "Se trata de una actitud indigna de un gobierno democrático", afirman los sindicatos
- Según han indicado fuentes del Ministerio, el edificio está cerrado al público por motivos de seguridad
- Los sindicatos afirman que el secretario de Estado de Justicia abandonó la reunión "de forma abrupta y con actitud desafiante"
- Han recibido un "compromiso de negociación" con el nuevo Gobierno después de las elecciones del 23 de julio
- Justicia había propuesto que se volviesen a reunir cuando los nuevos gobiernos autónomicos y central estuviesen constituidos
- Los sindicatos reclaman una subida salarial de hasta unos 430 euros al mes para los 45.000 funcionarios
- El criterio principal para otorgarlas será el nivel de renta y se exigirá una memoria semestral justificativa
- Se podrá renovar hasta en tres ocasiones si se siguen cumpliendo los requisitos
- El pasado lunes los funcionarios iniciaron una huelga indefinida tras un mes de movilizaciones puntuales
- Acusan al Gobierno de "clasismo" porque no les ha convocado al igual que sí que ha hecho con otros cuerpos
Hoy los funcionarios de Justicia se manifiestan frente al Congreso de los Diputados y en Las Mañanas de RNE hemos hablado con Victoria Carrero, responsable del Sindicato de Justicia de U.G.T de Servicios Públicos. Ha informado que por el momento no tienen fecha para reunirse con el Ejecutivo para negociar, aunque sí se mantienen en contacto de manera telefónica, y cuenta que las huelgas están teniendo “un seguimiento de entre el 80% y el 85%”, lo que está produciendo que se suspendan cada día más juicios: “Estamos teniendo quejas de decanos de colegios de abogados diciendo que se les suspenden juicios hasta 2024 y 2025”, ha añadido.