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La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha criticado este miércoles que las comunidades autónomas gobernadas por el PP sigan sin aplicar la ley de vivienda y ha dicho que "le encantaría intervenir con un 155 la Comunidad de Madrid", ya que a su juicio "no está asumiendo sus competencias en materia de vivienda", si bien "no tiene una mayoría en el Senado para hacerlo".

"Incluso les diría, que si no están dispuestos a asumir la competencia, nosotros lo estaríamos. Pero estamos en un Estado social y democrático de derecho", ha insistido en una entrevista de La Hora de la 1 de TVE.

A su vez, ha advertido a Junts de que, si vota en contra del decreto del escudo social, tal como ha anunciado, se lo "tendrá que explicarlo a los catalanes". En su opinión, "es muy difícil votar que no a la subida de las pensiones", si bien "no encuentra la diferencia" con votar que no "a todos los catalanes que han hecho obras en sus casas de rehabilitación confiando en deducciones fiscales".

"Como no entiendo que Junts quiera que personas que tienen dificultades en pagar la factura eléctrica estén pasando frío, sabiendo que hay dispuesto presupuesto del Estado para asumir esas ayudas", ha añadido.

En este sentido, ha señalado que el Gobierno va a "pelear" para que el Congreso no tumbe de nuevo el decreto del escudo social, en el que se incluye la prórroga del bono social o la moratoria de desahucios hasta el 31 de diciembre de 2026. "Creo que el Gobierno ha demostrado a lo largo de estos años de dificultad (...) ser capaz siempre de dar pasos para avanzar y, si hay una materia donde merecemos avanzar y merecemos dar esa respuesta que reclama la ciudadanía, es en la política de vivienda", ha subrayado.

Podemos exige al Gobierno que retire el decreto antidesahucios pactado con el PNV. El secretario de Organización, Pablo Fernández, asegura que "el decreto deja a gente en la calle" y cree que "un Gobierno de izquierdas" no puede dejar que gente vulnerable se quede sin vivienda. Acusa al Gobierno de hacer "políticas de derechas" en materia de vivienda y piden que "rectifique". Fernández también destaca que Junts per Catalunya vaya a votar que no, aunque en este caso lo vincula a "tacticismo político" y porque cree que Aliança Catalana le está comiendo terreno en Cataluña. Rechaza que compartan razones con Junts y apunta que la formación catalana está del lado de los rentistas.

Fernández propone que las administraciones se encarguen del pago del alquiler de las personas en situación de vulnerabilidad o incluso que el "Gobierno apruebe cada mes un decreto antidesahucios" para así evitar que tenga que pasar por el Congreso, pero confirma cuál será el voto de la formación. Aseguran que seguirán luchando "porque nadie se quede en la calle".

El Gobierno ha aceptado trocear el decreto ómnibus para salvar las pensiones. Divide en dos el texto que PP, Vox y Junts tumbaron la semana pasada en el Congreso: por un lado, la revalorización de las pensiones, como pedían los populares. Por otro, el llamado escudo social, que incluye la prórroga de la suspensión de los desahucios a hogares vulnerables sin alternativa habitacional.

Moncloa ha pactado con el PNV suavizar esta última medida y que no afecte a los propietarios que tienen una sola vivienda en alquiler, con lo que intentarán atraer también a Junts. Aunque los equilibrios son complicados, el Ejecutivo confía en que su plan salga adelante.

Amplía la información aquí, en RTVE Noticias.

Foto: EFE/ J.J. Guillen

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que su Gobierno va a prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años en el Consejo de Ministros de la semana que viene, obligando a las plataformas digitales a implementar sistemas efectivos de verificación de edad. "Vamos a devolver las redes sociales a esa tierra prometida que nunca debieran haber abandonado", ha asegurado el jefe del Ejecutivo.

En una intervención en el plenario de la Cumbre Mundial de Gobiernos que se celebra en Dubái, en la que participan una treintena de jefes de Estado y de Gobierno, Sánchez ha anunciado esta medida como parte de un paquete normativo para hacer frente a los abusos de las grandes plataformas digitales y hacer de ellas un espacio saludable. FOTO: GETTY IMAGES

Conversaciones con José María Brunet

Cristina Gallach. España en el nuevo escenario mundial

Para hablar sobre la historia reciente de las relaciones internacionales de España hemos invitado en esta ocasión al estudio del podcast sobre “Conversaciones con José María Brunet” a una periodista con larga experiencia de trabajo en algunas de las instituciones de mayor importancia y proyección a escala global. Se trata de Cristina Gallach (Sant Quirze de Besora, Barcelona, 1960), en cuyo currícullum aparece el desempeño de cargos muy relevantes en Naciones Unidas, la Unión Europea y la OTAN. Nos interesa de nuestra invitada un repaso a la evolución de las posiciones que ha venido defendiendo España sobre los principales conflictos de las últimas décadas y sobre los intentos construir nuevas estrategias y doctrinas ante problemas que se plantean a escala planetaria y que son cada vez más agobiantes. Hablamos, en suma, de la guerra de Ucrania, del genocidio en Gaza, del papel de la administración Trump en estos escenarios, del momento que atraviesa el proceso de consolidación de las estructuras económicas y de defensa de la Unión Europea, y de los fondos que convendría dedicar a estos fines. También de las relaciones de España con Latinoamérica, con especial mención del caso de Venezuela. Y junto a ello tratamos sobre la búsqueda de acuerdos para hacer frente al cambio climático y sus efectos, así como de la promoción de las políticas a favor de la igualdad de derechos, en una fase histórica, de dimensión civilizadora para la humanidad, no sólo en los países desarrollados. Cristina Gallach, que fue portavoz de Javier Solana en la OTAN, miembro de la dirección de información del Consejo de la Unión Europea, y responsable de información de la ONU en la etapa de Ban Ki-Moon como secretario general, ha desarrollado, en suma, una intensa trayectoria que le ha permitido atesorar conocimiento y formar criterio sobre el papel que podría jugar España para afrontar los grandes retos de la siguiente etapa, la del segundo cuarto del siglo XXI, en el que ya nos encontramos.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández Peñalver, asegura que el funeral de Estado por el accidente ferroviario de Adamuz se ha pospuesto por petición de las víctimas y no por miedo a las críticas o a los abucheos: "Nos han dicho que era demasiado pronto". Explica que han contactado con ellas y que en algunos casos les han trasladado dificultades para asistir en la fecha inicial, que era el 31 de enero. Peñalver también ha quitado hierro al hecho de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no acuda a la misa de Huelva y que la representación recaiga en la vicepresidenta primera, María Jesús Montero: "El Gobierno siempre está donde tenemos que estar".

Fernández también ha hecho balance del temporal que ha afectado con fuerza en Andalucía: "Hay 3 personas fallecidas, una de ellas se está investigando si está directamente relacionada con el temporal". En este sentido, celebra que la situación ha mejorado, pero pide seguir siendo "precavido".

La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, mantiene que las relaciones con el Gobierno siguen rotas pese a que se haya desbloqueado la negociación para la transferencia de competencias en materia de migración a la Generalitat de Cataluña: "Si alguien se ha pensado que por cumplir con lo que se nos debe cambia algo, es que no ha entendido nada".

Nogueras no ha querido confirmar en Las Mañanas de RNE si cambiará el preámbulo de la ley, una de las condiciones de Podemos, y emplaza a la formación morada a explicar su cambio de postura: "Ya nos reunimos antes de la admisión a trámite y nos dijeron que éramos unos racistas". Sostiene que se trata de una ley técnica y que el problema de Podemos no "es la ley" sino que Cataluña "gestione migraciones" y les acusa de "crear un marco mental" de que la ley es racista. En este sentido, asegura que "nadie la ha contactado" para cambiar algún punto de la norma y que "estamos donde estábamos".

Junts votó en contra del decreto ómnibus que entre otras cosas prorrogaba la prohibición de los desahucios. Nogueras crítica que el Gobierno haya "mezclado derechos" y les acusa de no encontrar una solución al problema de la vivienda: "Si se ha prorrogado 6 veces, es que no se ha encontrado solución al problema". Cree que se perjudica al pequeño propietario y pide hacer otro tipo de propuesta porque lo que se está haciendo hasta ahora "no ha funcionado"

Sobre el caos de Rodalies, Junts pide la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, y de la consellera de Territori, Sílvia Paneque. También acusa al Gobierno de no invertir en la red ferroviaria: "Solo ha llegado el 20% de lo que se ha presupuestado".

Cruce de reproches entre Gobierno y oposición después de que el Congreso tumbara el decreto ómnibus con la subida de las pensiones. Partido Popular y Junts afean al Gobierno que esa medida se llevara en un mismo bloque junto a la paralización de los desahucios. Ambos partidos creen que el Ejecutivo fomenta así la okupación. Las críticas han llegado incluso del PNV, socio considerado estable en el bloque de investidura. Moncloa acusa al PP de no querer revalorizar las pensiones, aunque de momento evita aclarar cómo y cuándo volverá a llevar la medida a la Cámara Baja.

Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular, asegura en RNE que el Gobierno está cogiendo "como rehenes a los pensionistas" y lamenta que lo esté utilizando "para buscar la confrontación y como cortina de humo". Añade Bravo que lo que proponen desde su formación es que haya un real decreto ley que solo lleve la revalorización de las pensiones: "Si presentan el decreto solamente con las pensiones, tienen el voto favorable del Partido Popular. Lo dije desde la tribuna".

"Los pensionistas han cobrado el mes de enero con la subida de las pensiones. Ahora hay que esperar al abono de la pensión del mes de febrero. El Gobierno tiene cuatro semanas, cuatro Consejos de Ministros, para aprobarlo. Es más, creo que es tan importante como para que pudiesen hacer un Consejo Extraordinario. Y si no quieren hacerlo ellos, que se permita que se debata la nuestra", añade el vicesecretario de Hacienda del PP. Entrevista completa en RNE Audio.

Un día después de que el Congreso tumbara el decreto ómnibus, Gobierno y oposición aseguran que la subida de las pensiones se va a mantener y se culpan mutuamente de que ayer no se aprobara.

El Ejecutivo acusa al PP de dejar tirados a los jubilados y el PP al Gobierno de utilizarlos como rehenes. Juns ha criticado que se junten en el mismo texto la subida de las pensiones y las medidas contra los desahucios.

Imagen: EFE/Luis Tejido

Un día después de que dos particulares tramitasen la solicitud de indulto para el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, han llegado las primeras reacciones políticas. El Gobierno habla de normalidad y dice que lo único que ha hecho el ministerio de Justicia es dar trámite a dos peticiones ciudadanas y será el Tribunal Supremo quien resuelva. Desde el Partido Popular dice que "son conductas reiteradas que vemos por parte del Gobierno" pero "no es lo que piden los españoles". Según el Vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, hay que ocuparse de cuestiones como las víctimas y los heridos de los accidentes de trenes o la revalorización de las pensiones.

Imagen: EFE/J.J. Guillén

Los pensionistas critican la caída de la actualización de las pensiones con el rechazo del Congreso del decreto ómnibus del Gobierno. Jon Fano, portavoz del movimiento de pensionistas del País Vasco, acusa En las Mañanas de RNE a los partidos políticos de "anteponer intereses partidistas": "No tiene ninguna explicación ni justificación" sentencia Fano. Lamenta que se mezclen diferentes intereses políticos en una cuestión como esta, que lo único que hace es "torpedear".

Una vez rechazado, Fano reclama que si es necesario se lleve por separado esta subida y que "el Gobierno tome todas las medidas necesarias" para que salga adelante y que "antes de culminar el mes" se haya celebrado un pleno en el Congreso donde se apruebe la subida para que sea efectiva ya en febrero. El movimiento de pensionistas también ha convocado concentraciones en el País Vasco a las puertas de la sede del PP a quien culpan de que la actualización no se aplique ya. Por otro lado, también exigen que las pensiones mínimas se equiparen al salario mínimo interprofesional.

Gobiernos liderados tanto por el PSOE como por el PP han aprobado desde los años ochenta hasta siete procesos extraordinarios de regularización de migrantes con los que han intentado reducir las crecientes bolsas de ciudadanos extranjeros sin derechos y luchar también contra la economía sumergida.

El gobierno de Felipe González llevó a cabo tres, la primera en 1986; la siguiente entre los años 1991 y 1992. Y en su último año como presidente, en el 96, fue la última. Ocho años después, en 2000, el presidente José María Aznar llevaba a cabo su primera regularización y un año después, repetía. La última y la más numerosa fue bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en el año 2005. Entonces, más de 576.000 personas pasaron a tener una situación regular en nuestro país.

FOTO: EFE

El Gobierno quiere prohibir por ley que los niños puedan asistir a espectáculos taurinos, siguiendo las recomendaciones de Naciones Unidas. Algunas comunidades ya han puesto límites de edad en las corridas de todos, otras los han levantado y lo cierto es que la medida enciende el debate.

Foto: EFE/ Borja Sánchez-Trillo

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lamenta que el decreto ómnibus que plantea el Gobierno no vaya a salir adelante por el voto en contra del PP y le acusa de "golpear" a los pensionistas, ya que este decreto recoge la subida de las pensiones con el IPC: "Es un error mayúsculo". Díaz acusa a los populares de perjudicar a la clase trabajadora y a los pensionistas para "desgastar" al Gobierno. La ministra rechaza las críticas por no llevar esta medida en solitario, asegura que forma parte de la actividad parlamentaria y que porque "no te guste algo" no se puede hacer decaer todo.

Díaz destaca el acuerdo al que ha llegado el Gobierno con Podemos para regularizar a medio millón de personas: "Me parece maravilloso" y asegura que es una norma que cuenta con la aprobación de todas las formaciones políticas, excepto la extrema derecha. Aun así, acepta que hay cosas a mejorar como reforzar las oficinas de extranjería. También quita hierro a que sea una medida pactada con Podemos: "Se negocia con todo el mundo, las políticas no son de los políticos, son de la gente"

Díaz también ha destacado los buenos datos de la EPA que sitúan el paro por debajo del 10%. Ante lo que asegura que es una cifra económica, insta a los empresarios a pactar la subida del salario mínimo interprofesional en un 3,1%. El ministerio ofrece ventajas fiscales para los empresarios si suben los sueldos más allá del SMI: "Va de compromiso, de repartir la riqueza".

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, celebra que el Gobierno lleve a cabo la regularización de medio millón de personas en situación administrativa irregular. Una medida que han pactado con el PSOE y que según Montero es una muestra de que "el método Podemos funciona" a la hora de negociar y apunta que los socialistas de otra manera no habrían aceptado esta medida. Montero reconoce que hay una contraprestación, pero no ha querido desvelar que ha negociado con el PSOE y a qué van a votar a favor después de pactar esta medida.

La regularización pactada entre ambos partidos implica que todas las personas que se encontraban en España antes del 31 de diciembre de 2025 podrán conseguir los papeles y para ello tendrán que acreditar haber residido en España durante 5 meses. Se podrá hacer con el empadronamiento, pero también con un informe médico y se podrá hacer desde cualquier oficina de registro no solo de extranjería. Montero ha explicado que la solicitud a trámite ya otorga 1 año de permiso temporal. También defiende que la medida no pase por el Congreso y lo apruebe directamente el Gobierno:"Con los derechos humanos no se negocia".

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca lamenta que la prórroga que impide los desahucios pueda decaer en el Congreso si no sale adelante el decreto ómnibus del Gobierno. El portavoz, Paco Morote, lamenta que esta cuestión forme parte de la pugna política y pide que se garantice el derecho a la vivienda: "Hay grupos políticos que quieren darle una patada en el culo al Gobierno con la gente vulnerable". Avisa que, de decaer, pueden producirse "decenas de miles de desahucios" de personas en situación de vulnerabilidad. Pide que los derechos de las personas no estén "supeditados" a este tipo de negociaciones y que tengan carácter estructura y permanente.

Partidos como Junts per Catalunya se oponen porque "perjudica a los pequeños propietarios" una premisa que Morote asegura que es "falsa". Explica que el decreto ya contienen medidas de compensación para los propietarios y lamenta que el sistema público no cuenta con alternativa habitacional para todas las personas que podrían perder su vivienda. En este sentido, también pide a las comunidades gobernadas por el PP que apliquen medidas para garantizar el acceso a la vivienda.