El Gobierno aprueba el decreto para reubicar a 3.000 menores migrantes desde Canarias, Ceuta y Melilla
- Traslado en 15 días a otro territorio para los jóvenes que lleguen a 'zonas de contingencia migratoria'
- La autonomía de llegada será la responsable de los traslados, que estarán financiados por el Estado
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El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros un Real Decreto que establece el procedimiento de acogida de la infancia migrante no acompañada.
Así lo ha avanzado la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, donde ha señalado que este Real Decreto "busca poner en el centro del interés superior de los niños y de las niñas, así como, por supuesto, también sus derechos".
El real decreto detalla cómo se llevará a cabo la reubicación de menores migrantes no acompañados, un modelo con el que prevé trasladar a unos 3.000 jóvenes desde Canarias, Ceuta y Melilla a otras comunidades a partir del 28 de agosto.
Preguntada sobre cuándo se va a proceder a la distribución de los menores por el resto de territorios y qué va a hacer el Gobierno en el caso de que haya comunidades autónomas que se nieguen a acogerlos, Alegría ha pedido "humanidad" a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP) en la acogida de menores migrantes y les ha instado a cumplir la ley.
"Yo me niego rotundamente a pensar que las comunidades autónomas del Partido Popular no cumplan con la ley. Es una ley de obligado cumplimiento para todos", ha declarado la portavoz, que se ha negado a creer que se conviertan en "insumisas" por no asumir la acogida de niños y niñas menores, que "además en estos momentos están hacinados y que merecen ser atendidos en los distintos territorios con todos los derechos".
En este sentido, Pilar Alegría ha añadido que se niega a pensar que "cometan una ilegalidad" y que "se comporten de esta forma tan inhumana". Además, se ha referido al "continuo boicot y ese continuo bloqueo" que las autonomías populares "llevan ejerciendo durante todo este tiempo". "Somos perfectamente conscientes de que se sienten muy cómodos en este discurso de racismo y de odio hacia estos niños", ha señalado.
Este modelo ha generado tal rechazo entre las autonomías que once de ellas -10 presididas por el PP, entre ellas Andalucía, y Castilla-La Mancha- han recurrido el texto que lo creó ante el Tribunal Constitucional y la mayoría de las presididas por el PP dieron plantón al Gobierno la semana pasada en una Sectorial que se iba a celebrar sobre este tema.
Zonas en situación de contingencia migratoria
La norma aprobada hoy dicta que los nuevos jóvenes que lleguen a zonas declaradas como en situación de contingencia migratoria -seguramente Canarias a partir del 27 de agosto, según estimaciones del Gobierno- deberán ser trasladados a otro territorio en el plazo máximo de 15 días desde su inscripción en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, lo ha explicado en rueda de prensa en la sede del Ministerio. Preguntada por los mecanismos que incorpora el real decreto en caso de que las comunidades se nieguen a acoger a los jóvenes, la ministra ha explicado que intervendrá la Fiscalía de menores y las fuerzas de seguridad.
Rego ha respondido a las comunidades que, como Castilla-La Mancha, consideran "insuficiente" la dotación de 100 millones de euros establecida por el real decreto aprobado el pasado marzo, que han tachado de un modelo "low cost", y ha asegurado que se han habilitado los recursos "suficientes" desde el Estado, si bien el sistema de tutela y acogida de los menores es competencia de cada autonomía.
Sira Rego además ha incidido en que la reubicación de estos menores no es un "problema de recursos económicos", sino de falta de "prioridad" ante la cuestión migratoria y de "racismo por parte del PP".
La ministra ha asegurado que el problema de fondo es la gestión de los recursos públicos: "Lo que ocurre es que tenemos a muchos Gobiernos del PP en comunidades autónomas más preocupados por dar regalos fiscales a los ultras ricos que por financiar de manera suficiente con recursos públicos los servicios públicos, entre ellos el sistema de acogida", ha criticado.
Aún así y "con poca esperanza" dada la actitud de la mayor parte de las comunidades del PP, de "cero propuestas y mucho bloqueo", ha reiterado su petición de que colaboren y faciliten la política de acogidas que, ha asegurado, "a partir del 28 de agosto va a ser efectiva en nuestro país".
Es la segunda norma que el Ejecutivo saca adelante después del real decreto ley del pasado 18 de marzo, que modificó la ley de extranjería para crear este mecanismo de derivación obligatoria de los jóvenes entre comunidades.
Entonces esa modificación se aprobó tras un pacto con Junts, una reforma "absolutamente necesaria y urgente" según dijo entonces el Ejecutivo, y que basa la distribución de los menores en criterios poblacionales y de presión migratoria.
El protocolo para los traslados
El real decreto que ha visto ahora la luz en el Consejo de Ministros establece el protocolo que habrá de seguirse para los traslados de los jóvenes y la participación en el proceso del Ministerio Fiscal, al que se comunicará la propuesta de traslado del joven y se pedirá informe en el caso de que este no quiera ser reubicado.
El texto dicta que la comunidad de origen deberá emitir un informe sobre la situación de cada joven, para lo que tendrá que realizar una entrevista personal a cada uno de ellos. La autonomía de llegada será la responsable de los traslados, que serán financiados por el Estado mediante el fondo previsto en el real decreto ley aprobado el pasado 18 de marzo, dotado con 100 millones de euros.
Los desplazamientos los realizarán profesionales de la entidad pública de origen, que deberán intercambiar información con los de destino sobre la situación de cada niño o adolescente.
El nuevo real decreto señala también que, en caso de que la comunidad se niegue a acoger a los menores, los profesionales que acompañen al joven pueden pedir ayuda a las fuerzas y cuerpos de seguridad, que lo comunicarán al Ministerio Fiscal y entregarán al joven a la entidad de destino.
Y establece que, si el menor no tiene autorización de residencia en España, esta deberá ser tramitada, con carácter preferente, por la Subdelegación del Gobierno correspondiente antes del traslado. 40 millones para cumplir con el Supremo sobre los menores solicitantes de asilo.
40 millones y 1.200 plazas
El Consejo de Ministros también ha aprobado este martes una declaración de emergencia dotada con 40 millones de euros y la creación de 1.200 plazas en la península para la acogida de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo en recursos del Gobierno central.
Esta medida busca cumplir con la orden emitida por el Tribunal Supremo del pasado 25 de marzo, que requirió al Estado que se hiciera cargo, con sus recursos, de alrededor de mil jóvenes peticionarios de protección internacional porque, como tal, eran de su competencia.
Al margen de este real decreto, el Gobierno prevé aprobar también este martes una declaración de emergencia dotada con 40 millones de euros y la creación 1.200 plazas para la derivación de menores solicitantes de asilo desde los recursos autonómicos de Canarias a centros gestionados por el Estado en la península.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha considerado insuficientes estas acciones: "No nos vale, ni dicen cuándo van a entrar en vigor esas plazas ni dónde", critica en una entrevista en RNE.
Añade que "es difícil de creer que todo un Estado sea incapaz de derivar al menos 200 niños para que puedan ser atendidos adecuadamente". Clavijo apunta a que la Península no quiere ese problema y esta situación "genera abandono y sobre todo el desprecio a esos niños y niñas".
Archipiélagos saturados
Por su parte, la presidenta del Govern, Marga Prohens, tras su visita de hoy al Hospital General, en declaraciones realizadas a los medios ha reclamado: "Que sea el Gobierno el que nos diga en qué lugares tenemos que acoger a estos menores y que asuma también la falta de dignidad de las condiciones y recursos que tenemos", ha dicho Prohens, a la vez que ha cargado contra el reparto, a su criterio, "inhumano". "Es lo más xenófobo y menos humanitario que hemos visto últimamente en la historia de nuestro país", ha sostenido.
Según Prohens, el Ministerio de Juventud e Infancia se contradice al reconocer que Baleares acoge más de 200 menores por encima de su capacidad pero a la vez impone el reparto de unos 50 menores de otras comunidades.
Por otro lado, preguntada por los seis millones de euros que el delegado del Gobierno señaló que podría recibir Baleares por parte del Estado, Prohens ha dicho "no tener ninguna noticia" de estas cantidades. "Lo único que tenemos es esta amenaza y chantaje constante del Gobierno a las comunidades", ha afeado.
No obstante, ha remarcado que el problema es que los consells insulares no tienen ni espacios ni personal. En cuanto al tema económico de la acogida de menores, ha subrayado que el Consell de Formentera destina más del 20 por ciento de su presupuesto a esta cuestión.
