El Defensor del Pueblo alerta de que el nuevo reglamento de extranjería llevará a la irregularidad a miles de menores
- El tiempo esperando resolución del asilo —aunque se haya trabajado regularmente— no contará para pedir arraigo
- La norma entra en vigor el próximo martes 20 de mayo
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El Defensor del Pueblo ha registrado este viernes en las Cortes Generales el informe Niñas y niños extranjeros en España solos o acompañados, en el que advierte de que la entrada en vigor de los nuevos requisitos de acceso al arraigo para solicitantes de protección internacional "podría abocar a la irregularidad sobrevenida a miles de menores".
El nuevo reglamento de extranjería, que entrará en vigor el 20 de mayo, establece que el tiempo esperando resolución del asilo —aunque se haya trabajado regularmente— no contará para pedir arraigo si finalmente se deniega la solicitud.
En su informe, el Defensor alerta sobre las consecuencias que los nuevos requisitos de arraigo pueden tener para miles de menores migrantes, comprometiendo su acceso a la regularización.
Falta de enfoque específico en la infancia migrante
En cuanto a la regulación de las distintas autorizaciones de residencia, la institución que preside Ángel Gabilondo lamenta que no se consideren las características específicas de la infancia en movilidad.
Señala que el plazo de cinco años para obtener la residencia de larga duración para menores no nacidos en España es “particularmente gravoso” por las exigencias impuestas a sus progenitores o tutores legales.
También advierte que los requisitos para la reagrupación familiar no contemplan ajustes para mujeres migrantes con bajos salarios, lo que impide reunirse con sus hijos e hijas en un plazo razonable.
Esta situación favorece que muchos menores accedan a España por vías irregulares y permanezcan años sin papeles, con las consecuencias sociales y personales que ello implica.
La eficacia del sistema de protección, en duda
El Defensor afirma que las autorizaciones por circunstancias excepcionales han sido la vía más eficaz para la regularización de cientos de miles de personas. En 2023, el tiempo medio en situación irregular fue de casi tres años, aunque solo 6.000 menores tenían este tipo de autorización a 31 de diciembre.
Sobre los menores que llegan acompañados, se alerta de que no siempre se evalúa el riesgo como establece la legislación. Además, se cuestiona la capacidad de los sistemas de protección para atender a los menores no acompañados, especialmente en comunidades con alta presión migratoria, lo que genera una situación "desproporcionada".
Esto pone en duda la eficacia del sistema de protección, llevando a muchos menores a alcanzar la mayoría de edad en situación de extrema vulnerabilidad. También se critica el deficiente funcionamiento del Registro de Menores Extranjeros No Acompañados, aunque se reconoce su potencial como herramienta administrativa.
Finalmente, el informe recoge las voces de los jóvenes tutelados por entidades autonómicas, quienes expresan como principal preocupación el mantenimiento de su situación regular al llegar a la mayoría de edad, además de las dificultades para acceder a un empleo y una vivienda estable.
