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El Defensor del Pueblo ha abierto una investigación sobre el naufragio de una patera el pasado miércoles en la ruta canaria y que dejó al menos una treintena de desaparecidos y dos cadáveres recuperados. Las ongs critican que salvamento marítimo dejara el rescate en manos de Marruecos. El Gobierno Español dice que tomó esa decisión por cercanía a la costa del Sáhara Occidental.

La Conferencia Episcopal ha acordado con el Gobierno pagar dos impuestos de los que hasta ahora estaba exenta, según detallan en RTVE.es, equiparándose así al resto de entidades sin ánimo de lucro. Sobre este asunto se ha manifestado en 24 horas de RNE Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y cardenal arzobispo de Barcelona. "La Iglesia Católica no quiere privilegios, queremos que nos equiparen a todas las instituciones que trabajan por el bien común", ha dicho a Josep Cuní. 

El Cardenal ha anunciado en primicia que han tenido un encuentro con el Defensor del Pueblo: "Les hemos contestado. Nos hemos querido adelantar transparencia y colaboración, y hemos recopilando desde la Conferencia Episcopal todos los protocolos de todas las diócesis y les hemos presentado seis volúmenes de reflexión con todos los datos que tenemos para seguir colaborando en erradicar la lacra de los abusos a menores, porque queremos trabajar por el bien de las víctimas", ha explicado en la antena de la radio pública española.





Creada por mandato constitucional, la institución del Defensor del Pueblo cumple 40 años. Con un acto en el Congreso el actual Defensor, Ángel Gabilondo, ha repasado la trayectoria desde que en 1982, Joaquín Ruiz-Giménez fuese el primer Defensor del Pueblo.

El presidente del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha asegurado que su formación apuesta por la creación de una comisión de investigación en la Cámara Baja sobre los abusos sexuales en el seno de la Iglesia, que sea paralela a la investigación que realice el Defensor del Pueblo, como pide el PSOE.

FOTO: Jaume Asens durante una rueda de prensa en el Congreso. EFE/Fernando Alvarado

El Partido Socialista impulsará una iniciativa para que los abusos sexuales en la Iglesia se investiguen a través del Defensor del Pueblo, apoyado por una comisión independiente de expertos. La propuesta se registrará en el Congreso de forma inmediata.

FOTO: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, en una imagen de archivo. EFE/Pool Moncloa/Fernando Calvo.

La Consejería de Juventud, Familia y Política Social reconoce ahora que al menos tres chicas, de las 10 menores entre 14 y 16 años, liberadas por la Policía Nacional hace una semana de una red que las prostituía y las utilizaba para distribuir drogar, vivían en diferentes centros de acogida de la Comunidad de Madrid.

La consejera madrileña, Concepción Dancausa, se ha comprometido a investigar e informar al detalle tanto a los partidos de la oposición como al Defensor del Pueblo que ha abierto una investigación al respecto.

Informa Graciela García

"Defendamos los derechos y las leyes y protejamos a los menores como es debido", ha afirmado el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, al ser preguntado por el presunto acoso a la familia de un niño que pidió clases en castellano en Cataluña. En una entrevista en La Noche en 24 Horas de TVE, ha pedido que "no se haga de esto mera controversia política" y que se cumpla ley, si bien, ha reconocido que hay cuestiones legales sujetas a interpretación, según la ley de educación que se consulte. En cualquier caso ha sido contundente al afirmar que "nadie debe ser intimidado ni acosado".

Asimismo, Gabilondo ha pedido un "pacto de estado" sobre vivienda para que este derecho recogido en la Constitución "no sea un brindis al sol". "Tenemos un problema muy grave con la vivienda en España. No podemos vivir en una sociedad que ve con naturalidad que la gente joven no pueda emanciparse", ha afirmado el Defensor del Pueblo.
 

Un total de cinco ONG denuncian que dos menores de 15 y 16 años que llegaron en mayo a Ceuta fueron expulsados el pasado 28 de noviembre tras ser interceptados por la Guardia Civil cuando intentaban subir al ferry que conecta la ciudad con la Península. La Coordinadora de Barrios habla de grave vulneración de las legislación española dado que ellos formarían parte del grupo de 12 menores cuya expulsión fue paralizada en agosto por el juzgado número 1 de Ceuta. Tanto la Coordinadora de Barrios como la Fundación Raíces, que ejercen la defensa de los chicos, han puesto los hechos en conocimiento del Ministerio de Interior, la Fiscalía y el Defensor del Pueblo y han pedido una investigación.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, cree que es positivo abrir el debate sobre la vacunación obligatoria y sobre hasta qué punto los derechos individuales pueden estar por encima de los derechos de los otros: “Entiendo que se pueda abrir un debate sobre si los que van a estar en centros o residencias deben vacunarse. Debemos debatir si uno, por respeto a su cuerpo, tiene derecho a contagiar a todo un vagón de metro (…) No existe el derecho a contagiar”. Gabilondo cree que hay que entender que hay una dimensión de ética pública que se traduce en la salud pública y que necesita potenciarse. Defiende la necesidad de que la institución que ahora representa piense, defienda y actúe por las víctimas, también las del terrorismo. En ese sentido, valora como positivo el anuncio de los presos de ETA de acabar con los ‘ongi etorri’: “La experiencia nos ha dicho que cada pequeñito paso acaba siendo importante, sobre todo si es en la dirección adecuada. Y creo que lo es”. Lamenta que la política no llegue a acuerdos como el que le ha llevado a él a este puesto y aclara, haciendo referencia a la situación de los menores de Ceuta, que él no está “para hacer caer a ningún gobierno, pero tampoco para sostenerlo”. Deja claro que no permitirá injerencias de ningún tipo, como dicta su mandato constitucional: “Sé que habrá espacio de conflicto, pero esto es también vivir y decidir. Se decide en espacios de controversia”.

Este jueves han tomado posesión los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional pactados el Gobierno y el PP. Antes han prometido o jurado su cargo ante el rey en Zarzuela. Y en el Congreso, ha tomado posesión el nuevo Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y también los miembros del Tribunal de Cuentas. Por su parte, fuentes del Poder Judicial apuntan a TVE que la renovación del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) está cerca. Creen que podría anunciarse la semana que viene. El órgano de gobierno de los jueces es la única institución pendiente de renovarse. Foto: EFE/Zipi POOL

Los cuatro candidatos, fruto del acuerdo entre PSOE y PP, han sido ratificados por el Pleno, pero no todos han obtenido el mismo número de votos. Los menos votados han sido los candidatos del Partido Popular. Consiguen el aval del Congreso también el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y el nuevo Tribunal de Cuentas.

Informa Leticia Arenas.

El PSOE y el PP han cerrado el acuerdo para la renovación de los órganos institucionales, que sitúa a Ángel Gabilondo como Defensor del Pueblo. Gabilondo sustituirá a Francisco Fernández Marugán, exdiputado socialista de 75 años que ejerce este cargo en funciones desde julio de 2017, tras dejar el puesto la exdiputada popular Soledad Becerril al cumplir su mandato de cinco años.

FOTO:EFE/Luca Piergiovanni

A Ángel Gabilondo, en su paso por la política, incluso los suyos en el PSOE llegaron a achacarle cierta falta de agresividad. Es una figura a la que nunca se ha opuesto el Partido Popular. Catedrático de Metafísica de la Universidad Autónoma de Madrid, de la que fue Rector, fue ministro de Educación en el gobierno de Zapatero y desde 2015 ha sido tres veces candidato a las elecciones madrileñas por el PSOE. El mayo pasado, renunció a su acta de diputado en la Asamblea de Madrid tras obtener los peores resultados electores socialistas en la Comunidad.

Informa Minerva Oso.

Es el primer nombre ya confirmado en la renovación de los órganos institucionales pactadas entre PSOE y PP. Sustituye al también socialista Francisco Fernández Marugán, que ejerce este cargo en funciones desde 2017. Socialistas y populares esperan cerrar el acuerdo para el resto de cargos en breve. Informa Verónica Muñoz.