El Defensor del Pueblo requiere a Gobierno, autonomías y municipios sus planes de vivienda para conocer sus medidas
- Esta acción ha supuesto el inicio de una treintena de actuaciones de oficio para obtener la información requerida
- La vivienda social en España representa el 3,3% del parque total frente al 10% de media europea
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Ángel Gabilondo, que actualmente ocupa el puesto de Defensor del Pueblo, institución que se encarga de velar por los derechos de los ciudadanos, ha pedido al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana información sobre los planes de políticas públicas que están adoptando en materia de vivienda. Además, también ha solicitado este tipo de información a todas las comunidades autónomas, a las dos ciudades autónomas y a los diez ayuntamientos más poblados de España.
Gabilondo ha iniciado una treintena de actuaciones de oficio para obtener la información referida. Su objetivo es conocer las políticas públicas que están llevando a cabo para garantizar a la ciudadanía el acceso a una vivienda digna y adecuada.
Y por eso les ha reclamado datos sobre las medidas que hayan adoptado, o tengan previsto, para hacer efectivo el derecho de acceso a la vivienda protegida y asequible incentivada y para incrementar el parque público de vivienda.
Número de viviendas protegidas y asequibles
En concreto, les ha pedido información sobre el número de viviendas protegidas y asequibles que existen en su territorio. También ha solicitado conocer el número de personas en espera de adjudicación de una vivienda sujeta a un régimen de protección pública o asequible incentivada.
También les ha preguntado sobre cómo piensan incrementar el parque de vivienda sujeta a algún régimen de protección pública y de vivienda asequible incentivada. Además, ha solicitado saber si existen áreas de mercado residencial tensionado y si se van a aplicar las medidas previstas al respecto en la Ley por el Derecho a la Vivienda.
Otra de las cuestiones por las que se ha interesado es por las medidas previstas para regular, y en su caso limitar, las viviendas destinadas a alquiler turístico, y las iniciativas con las que cuentan para ayudar al pago de los alquileres.
Próximo plan estatal
Al Ministerio de Vivienda le ha instado a que le informe sobre el contenido del próximo plan estatal en esta materia. Asimismo también ha pedido conocer los avances que se han producido en cuanto a la constitución de la empresa pública de vivienda anunciada, y en los planes y programas para la construcción.
El Defensor recuerda que el acceso a una vivienda en condiciones asequibles constituye, además de una necesidad básica de las personas, un derecho reconocido en el artículo 47 de la Constitución. Ha asegurado que los poderes públicos deben hacerlo "realidad, promoviendo las condiciones necesarias y estableciendo las normas pertinentes para hacerlo efectivo".
Las dificultades para acceder a la vivienda llevan tiempo siendo objeto de especial consideración para el Defensor, como lo ha ido reflejando en sus últimos informes anuales: “Es un problema grave debido a los altos precios" . Ha añadido que "se observan retrasos considerables en la gestión de ayudas, como el bono de alquiler joven, y largas esperas en la adjudicación de vivienda de protección pública".
Por eso, entiende que es necesario aumentar de forma significativa la oferta de vivienda, especialmente las de carácter protegido, que "deben sujetarse a un régimen de protección permanente, y gestionar las ayudas al alquiler de manera ágil".
El Defensor ha advertido de que se necesitan más viviendas protegidas porque España destaca negativamente en el entorno europeo por su escaso parque de vivienda social, que sólo representaba el 3,3% respecto del conjunto de los hogares o viviendas principales, según los datos de 2024 del Observatorio de Vivienda y Suelo. En Países Bajos representa el 30% y en Francia 17%, y la media europea es del 10%.
"La situación de dificultad de acceso a la vivienda se reproduce en prácticamente todas las comunidades autónomas y ciudades medias y grandes, pero es más intensa en aquellos territorios con más población y receptora de más turismo" ha continuado explicando el Defensor. Ha sentenciado que esta situación afecta sobre todo a los jóvenes y a las personas con ingresos más bajos, pero también a trabajadores migrantes y a las familias con menos recursos.
Ha concluido que esta situación "ahonda la desigualdad entre los ciudadanos y condiciona su bienestar, su desarrollo personal y el disfrute del resto de los derechos, a juicio de la institución".
