El Gobierno recibe a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia en medio de la vorágine por el 'caso Zornoza'
- "Esperamos que el Gobierno haga el trabajo al que se comprometió", dice a RTVE el portavoz de Infancia Robada
- El cardenal de Madrid recuerda que "los mecanismos de la Iglesia son más exhaustivos que los de la justicia civil"
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El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha reunido en la tarde de este martes en la Moncloa con representantes de las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica para trazar un plan de reparación integral. Este movimiento busca dar una respuesta estatal a un drama silenciado durante décadas. Pero su súbita celeridad, después del histórico informe del Defensor del Pueblo presentado en octubre de 2023 y coincidiendo con el "caso Zornoza", ha despertado tanta esperanza como recelo.
Juan Catrecasas, portavoz de la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR) ha explicado a RTVE Noticias, de camino a la reunión con el ministro Bolaños, que la idea es "hablar del planteamiento del Gobierno" porque, asegura, "la Iglesia está dando tumbos sobre este tema de forma lamentable". Catrecasas confiesa que tiene esperanza en que "el Gobierno haga el trabajo al que se comprometió desde un inicio para que las víctimas puedan ser atendidas, reparadas y reconocidas”.
Meses después de que aquel documento recomendara crear un fondo estatal para compensar a los supervivientes, el Ejecutivo acelera ahora un plan que genera interrogantes. Expertos y víctimas consultados por RTVE Noticias se mueven entre el anhelo de un reconocimiento genuino y el temor a que su causa sea instrumentalizada, cuestionando el porqué de la urgencia actual.
Representantes de varias asociaciones de víctimas de abusos en la Iglesia en una protesta frente a la sede de la Conferencia Episcopal (CEE) en marzo de 2024. ARCHIVO EFE / MARISCAL
“Hay que preguntarse por qué ahora estas prisas del Gobierno“
Luis Alfonso Zamorano, experto en el acompañamiento a supervivientes, sintetiza esta dualidad. Su valoración inicial es positiva: "Todo lo que sea ayudar a sanar y que acompañe el proceso de reparación integral que incluye también lo económico, bienvenido será". Sin embargo, inmediatamente expone dos grandes recelos. El primero apunta a las motivaciones políticas: "Hay que preguntarse por qué ahora estas prisas del Gobierno", señala, expresando su temor de que se esté "utilizando a las víctimas como cortina de humo o para otros fines particulares o partidistas".
El segundo recelo apunta directamente a la credibilidad de la Iglesia. Para superar la desconfianza en los mecanismos de la Conferencia Episcopal, Zamorano propone una supervisión externa, sugiriendo que una entidad como el Defensor del Pueblo audite la comisión de la Iglesia (Priva) para "generar confianza en las asociaciones de víctimas que tienen más dudas y reparos". En definitiva, aunque la iniciativa gubernamental es un paso adelante, su éxito dependerá de su capacidad para garantizar la transparencia y superar el escepticismo de quienes llevan años luchando por ser escuchados.
Una cultura del silencio
El cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, ha comparecido ante los medios durante la mañana de este martes para dar su parecer sobre el caso del obispo de Cádiz, Rafael Zornoza. Cobo asegura que "la cosa está en buenas manos" y que "los cauces que tenemos son cauces buenos". Al tiempo que apela a la presunción de inocencia, afirma que los mecanismos de la Santa Sede son "más minuciosos que los de la justicia civil". Su discurso enmarca el conflicto como un "drama" entre "dos hijos de la Iglesia", un encuadre que para sus críticos diluye la responsabilidad institucional al presentarlo como un conflicto personal y no sistémico.
Sin embargo, esta defensa de la pulcritud procesal choca frontalmente con la crítica de expertos como Zamorano cuando califica como "disfunción" el hecho de que no se tomaran "medidas cautelares" contra el obispo cuando la denuncia fue recibida en verano. Es un paradigma de fracaso institucional que revela precisamente por qué las víctimas depositan su esperanza no en los procesos internos de la Iglesia, sino en reformas legales que ataquen la raíz misma de la impunidad.
"Pesar y dolor, pero no sorpresa"
La necesidad de un plan externo como el que impulsa el Gobierno queda crudamente ilustrada por el reciente caso del obispo Rafael Zornoza, que ofrece un microcosmos casi perfecto de la disfunción institucional que víctimas y expertos llevan años denunciando. La investigación del Vaticano por presuntos abusos sexuales y de poder no es solo un escándalo aislado, sino la justificación de por qué muchos supervivientes ya no confían en los "cauces buenos" de la Iglesia.
Según desveló el diario El País, un exseminarista denunció en Roma haber sufrido tocamientos, besos y manipulación psicológica por parte de Zornoza entre los 14 y los 21 años, incluyendo una "terapia de conversión" para "curar" su homosexualidad. Aunque el caso ha prescrito en la vía civil, el Vaticano considera los indicios "bastante serios" como para abrir una investigación canónica, subrayando la gravedad de las acusaciones.
El caso confirma la existencia de una arraigada "cultura del silencio". Luis Alfonso Zamorano afirma que, según comentarios de sacerdotes de Getafe, la situación era un "secreto a voces". Más grave aún, la investigación periodística revela que durante años "numerosas cartas y denuncias fueron enviadas al entonces nuncio apostólico en España... sin respuesta". El silencio no fue pasivo, sino una política activa de ignorar advertencias internas sobre el "estilo autoritario" de Zornoza. Como resumió el periodista de Religión Digital, Jesús Bastante, tras hablar con clérigos madrileños, la noticia fue recibida "con pesar, con dolor, pero sin sorpresa", y la única extrañeza era que "haya tardado tanto en salir algo".
La batalla contra la prescripción
En el fondo de este debate subyace un problema sistémico que la Asociación Betania, dedicada a la atención y el acompañamiento de las víctimas de abusos sexuales en contexto eclesial, denomina "ceguera institucional". Se trata de un mecanismo de autoprotección que lleva a la organización a priorizar su imagen por encima del sufrimiento de las personas abusadas. Esta ceguera, en sus peores formas, se convierte en "ceguera moral", negándose a "reconocer la maldad de los abusos y actuar en consecuencia".
“Las víctimas no hablan cuando quieren sino cuando pueden“
Uno de los mayores obstáculos para la justicia es la prescripción de los delitos. Luis Alfonso Zamorano argumenta con contundencia contra ella, basándose en una premisa fundamental: "Las víctimas no hablan cuando quieren sino cuando pueden". El trauma y la imposición del silencio pueden durar décadas, convirtiendo la prescripción en un muro que garantiza la impunidad. Zamorano recuerda que la Santa Sede puede levantar la prescripción canónica y que países como Chile o Costa Rica ya lo han hecho a nivel civil.
La Asociación Betania refuerza esta idea, insistiendo en que toda la comunidad eclesial debe "favorecer el desvelamiento de los hechos" y "generar confianza y seguridad". "Desconfiar de las víctimas es injusto", subraya la organización. En este cruce de caminos, el plan del Gobierno puede abrir una puerta a la reparación, pero como demuestra el escándalo de Cádiz, víctimas y expertos advierten de que sin desmantelar la cultura del silencio de la Iglesia y los estatutos legales que la protegen, esa puerta no conducirá a la justicia, sino a otra habitación vacía.
