El Vaticano exige agilizar las destituciones de implicados en abusos y una reparación integral a las víctimas
- El informe anual de la Comisión Antiabusos —elaborado con los supervivientes— pide un "protocolo simplificado"
- También reclama que se conozcan públicamente los ceses de clérigos relacionados con casos de pederastia
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La Comisión Pontificia para la Protección de los Menores —organismo creado por el Papa Francisco para combatir los abusos— ha presentado su segundo informe anual con una firme exigencia a la Iglesia Católica: establecer un protocolo simplificado para la destitución o dimisión de líderes implicados en casos de abuso o negligencia.
El documento, que se basa en las actividades de 2024 e incorpora entrevistas y aportaciones de víctimas y sobrevivientes, subraya la urgencia de estas reformas disciplinarias. La Comisión insiste en la necesidad de comunicar públicamente las razones de la dimisión o destitución para asegurar la responsabilidad jerárquica y evitar el encubrimiento, destacando que las decisiones de sanción o dimisión aún se comunican de forma irregular o no se hacen públicas.
Reparación más allá de lo económico
En el núcleo de sus recomendaciones, la Comisión enfatiza que la reparación del daño debe trascender la mera compensación económica. Si bien la ayuda financiera es necesaria, se considera "insuficiente sin un acompañamiento humano y pastoral sostenido". La reparación, que se asume como una exigencia moral y espiritual, debe ser integral e incluir medidas de escucha, apoyo psicológico y espiritual, y disculpas públicas.
Para lograr esta reparación plena, la Comisión propone un vademécum operativo con seis líneas de acción, destacando el reconocimiento y las disculpas de manera pública y privada, y la necesidad de incluir a las víctimas/sobrevivientes en el desarrollo de las políticas y procedimientos de tutela de la Iglesia. El informe es crítico con episcopados que, como el español, persisten en la opacidad y fallan en involucrar a las víctimas en los procesos de prevención y reparación, algo que, lamentablemente, "continúa sin ocurrir en muchos lugares del mundo".
Conversión institucional y transparencia
El organismo vaticano insiste en que la Iglesia tiene la obligación moral de sanar las "profundas heridas infligidas" por la violencia sexual y su encubrimiento. Por ello, la conversión institucional exige justicia y verdad, demandando que las víctimas tengan un lugar seguro para denunciar sin impedimentos y con protecciones esenciales contra posibles represalias.
Como parte de un modelo global de transparencia, el reporte sugiere establecer un mecanismo sistemático y obligatorio de denuncia en diócesis y órdenes religiosas. Además, recomienda la creación de una red académica internacional entre universidades católicas especializadas para mejorar la recopilación y el análisis de datos. El documento concluye que los abusos constituyen una traición al Evangelio y que el "ministerio de escucha" debe basarse fundamentalmente en "aprender de las víctimas".
