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Dos policías que violaron a una chica de 18 años y un empresario que violó a una jornalera evitan la cárcel por 6.000 euros y un curso de educación sexual. Se trata de dos acuerdos de conformidad en los que la víctima colabora, entre otros motivos, para poder olvidar y seguir adelante. Marisa Soleto, jurista y directora de la Fundación Mujeres, asegura que estos acuerdos son más habituales de lo que parece: “Cuando la justicia es demasiado lenta se obliga a las víctimas a volver a recordarlo durante años y esto hace que lleguen a acuerdos de conformidad como estos, lo que quieren es pasar página”. 

Sobre los cursos de educación sexual, la presidenta de la Fundación reconoce su importancia como medida de prevención, antes de que se haya cometido el delito: “En este caso, estos cursos están siendo utilizados para que los condenados no se vayan de rositas y devuelvan algo a la sociedad, pero no sabemos su efectividad cuando el delito ya se ha cometido”. Soleto subraya que estos acuerdos dan una sensación de impunidad y que la condena judicial y social debería ser contundente y compartida: "Se genera una imagen de que violar a una mujer sale muy barato en España". 

Desde la Fundación Mujeres esperan que la aprobación de la ley 'solo sí es sí' produzca cambios de carácter judicial y ponga el consentimiento de las mujeres en el centro: “La ley actual presta mucha atención en los medios coercitivos y por lo tanto preguntan mucho sobre cuál fue el comportamiento de la víctima, si se resistió lo suficiente. Esperamos que con esta nueva ley se le pregunte mucho más al agresor, que sean ellos los cuestionados sobre si se cercioraron de que contaban con el consentimiento de la víctima”. Respecto a la oleada de pinchazos en discotecas, asegura que indudablemente son agresiones a mujeres, a pesar de que no exista una sumisión química: “Produce una situación de miedo y clarísimamente lo podemos clasificar como un factor de violencia de género”.

Un joven se libra de la cárcel tras intentar violar a su exnovia con un curso de educación sexual y el pago de 5.000 euros. El agresor deberá pagar las costas judiciales, tendrá prohibido acercarse a menos de 500 metros del domicilio de la víctima y permanecerá cinco años en libertad vigilada.

Recientemente hemos conocido tres casos diferentes de violencia sexual que se han visto resueltos de la misma forma: con una multa económica, la asistencia a cursos de educación sexual o de reeducación conductual y, en todo caso, servicios a la comunidad. Un acuerdo al que, como ha explicado la presidenta de la Unión Progresista de Fiscales, Inés Herreros, acceden en muchas ocasiones las víctimas por no tener que sufrir la segunda victimización que supondría tener que someterse a un proceso judicial.

Herreros ha señalado que el problema se encuentra en que, en lugar de revisar cómo reaccionan las víctimas y por qué lo hacen, “deberíamos preguntarnos qué estamos haciendo como sociedad en materia de libertad sexual”. Analizando temas tan relevantes como la educación de las nuevas generaciones, la normalización de las vejaciones hacia las mujeres por sus conductas sexuales o la tolerancia hacia la violentación de las mujeres que se percibe en la pornografía, por ejemplo.

La presidenta de la UPF ha remarcado que debemos dejar de responsabilizar a las víctimas y de juzgarlas por sus decisiones y, sobre todo, “cambiar el foco, que deje de estar en las mujeres y ponerlo en qué está pasando para que haya hombres que cometan este tipo de delitos”.

En los últimos días, se han conocido varios casos de agresiones sexuales a mujeres que se han cerrado sin pena de prisión. La magistrada Concha Roig, de Jueces y Juezas por la Democracia, explica en el Canal 24 Horas que esto ocurre cuando las partes implicadas, esto es, el Ministerio Fiscal, la acusación particular y la defensa, llegan a un acuerdo. Según Roig, entre las razones para esos acuerdos está la "el tener la tranqulidad de que se obtendrá una pena condenatoria, aunque sea inferior y la certeza para la víctima de que nadie dudará de su denuncia y de que no se dilete más el proceso".

FOTO: Gettyimages

Una mujer ha sido liberada en O Porriño, Pontevedra, tras seis días en los que estuvo secuestrada y fue agredida sexualmente. Ella misma lanzó notas pidiendo ayuda a través de la ventana. Ahí informaba de su situación y proporcionaba datos sobre la localización de la vivienda y el nombre de su captor. Fueron encontradas por una vecina, que informó a las autoridades.

Efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil se personaron en el domicilio, al que entraron derribando la puerta con un ariete. Dentro encontraron al hombre durmiendo y a la víctima, que se encontraba en estado de shock.

El jurado popular ha declarado culpable este martes a Jorge Ignacio Palma de las muertes de Marta Calvo, Arliene Ramos y Lady Marcela Vargas, y de abuso sexual a otras siete mujeres. También a siete de ellas de haber tratado matarlas, pero no haberlo logrado por causas ajenas a su voluntad, y, en todos los casos, el jurado popular le considera culpable por favorecer el consumo de cocaína, que introdujo en los genitales de las jóvenes sin su consentimiento. Foto: Rober Solsona / Europa Press

Se investiga una denuncia de agresión sexual con penetración en Pamplona, el pasado sábado 9 de julio durante las fiestas de San Fermín. Hasta el momento, se han registrado ocho denuncias por tocamientos, uno de ellos a una policía municipal. Además, Pamplona ha activado el protocolo de sumisión química por la denuncia de cuatro jóvenes, pero los análisis no han hallado sustancias. La investigación continúa en marcha. 

Foto: EFE/Villar Lopez

Buen tiempo, fiestas patronales y festivales por toda España. Es la cara amable del verano. Pero también el "hábitat" en el que actúan los violadores en "manada". Lo tiene todo: alcohol, diversión y desenfado. Lo que buscan los agresores grupales. Ultimamente son menores que violan en manada a chicas muy jóvenes. Está pasando cada vez más. Lo confirman quienes saben: el Fiscal de Sala Coordinador de Menores, Eduardo Esteban,  Elena Palacios, inspectora Jefe de la Unidad de la Familia y la Mujer de la Policía Nacional, Javier Urra, psicólogo forense y la criminóloga, Andrea Giménez. Todos coinciden: estamos ante un problema social grave. Nos lo cuentan en este reportaje de Elena Pernas y Javier Monterde

Los actos de tortura y malos tratos son considerados crímenes de derecho internacional y, en determinadas circunstancias, pueden constituir crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o actos de genocidio. Sin embargo, continúa afectando a muchos países. En México, el Centro de Atención Integral (CAI) de Médicos Sin Fronteras ayuda a personas que han pasado por este tipo de violencia a sanar sus cicatrices, tanto físicas como emocionales. Foto: Una mujer se recupera en el Centro de Atención Integral (CAI) en la Ciudad de México JORDI RUIZ CIRERA / MSF

Este domingo se conmemora el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, para erradicar totalmente una práctica que, a pesar de estar prohibida por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, persiste en gran parte del mundo. La tortura y todas las formas de crueldad y humillación están prohibidas desde 1948 y son más de 170 países los que han ratificado la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas. Sin embargo, los actos de tortura continúan existiendo y se agravan más en el caso de las mujeres.

Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, asegura que la violencia sexual es una forma de tortura: "Es lo que le ha ocurrido a un activista saharaui Sultana Jaya. Las fuerzas de seguridad marroquíes han irrumpido en su casa donde cumple arresto domiciliario y han agredido sexualmente a ella, a sus hermanas y a su madre". La vulneración de los derechos sexuales como la esterilización forzada o la mutilación genital femenina, presente en muchos países de Oriente Medio, África y Asia, son una forma de tortura.

Informa Guillermo Güemes

Connie abandonó Honduras durante la pandemia en busca de una vida mejor. Llegó a México, donde se encontró con su captor, la sometió a violencia física y psicológica durante meses y la dejó embaraza de gemelos. "Me tuvo secuestrada seis meses. Me maltrataba, mi familia no sabía nada de mí", relata. Cuando consiguió escapar, se entregó a Inmigración, que la envió a un albergue. "Estaba mal psicológicamente. No quería comer, no me bañaba, pasaba solo durmiendo", cuenta, ya que tenía miedo de salir a la calle. Ahora recibe tratamiento en el Centro de Atención Integral (CAI) en la Ciudad de México, donde trata de recuperarse. Su mayor aspiración es "estar estable en un lugar seguro". Desde este centro de Médicos Sin Fronteras, en el que se brinda atención especializada a personas que han sufrido tortura o violencia extrema, apuntan a la especial vulnerabilidad de mujeres y migrantes.

Un tribunal de Santa Mónica (California) ha declarado culpable al cómico Bill Cosby de agredir sexualmente en 1975 a Judy Huth, una mujer que entonces tenía 16 años. Según el jurado, Cosby provocó un contacto sexual con la joven a sabiendas de que era menor. Basándose en esta posición, para los jueces Cosby es "responsable" en este caso, término utilizado en EE. UU. para declarar culpable a acusados en juicios por la vía civil. Por eso, el juez de la Corte Suprema de Los Ángeles Craig Karlan ha cifrado en 500.000 dólares la indemnización por daños y perjuicios que Cosby debe abonar a Huth por este caso de agresión sexual que se produjo en una de las habitaciones de la conocida Mansión Playboy, ubicada en Los Ángeles (California).