El Gobierno y la Iglesia acuerdan el mecanismo para indemnizar a las víctimas de abusos prescritos
- El protocolo será ratificado este lunes por el Ejecutivo, el Defensor del Pueblo y las conferencias religiosas
- La reparación económica a las víctimas correrá a cargo de la Iglesia
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El Gobierno y la Iglesia han alcanzado un acuerdo sobre el protocolo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales de casos prescritos y que no puedan acudir a la justicia, que son una gran mayoría.
El acuerdo se rubricará este lunes a las 11.00 de la mañana en la sede del Defensor del Pueblo con la firma éste, Ángel Gabilondo; el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego. Así lo han anunciado todos los organismos intervinientes en una nota de prensa conjunta.
En concreto, se trata del protocolo para reconocer y reparar a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica, que se había aplazado el pasado 19 de marzo porque quedaban todavía "algunos flecos" para cerrar el acuerdo, aunque la Iglesia confió en que se podría alcanzar "en una o dos semanas".
El protocolo es el resultado del acuerdo histórico firmado el pasado mes de enero entre el Gobierno, la CEE y la Confer para crear una nueva vía de reparación a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica, que se tramitarán a través del Defensor del Pueblo y cuyo coste asumirá la Iglesia.
Un sistema mixto de reparación Iglesia-Estado
En 2024 la Iglesia puso en marcha el Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abuso (Priva) para dar respuesta y reparación a las víctimas de abusos sexuales cuyos casos no tienen recorrido legal, bien por la prescripción del delito o por la muerte del victimario.
Sin embargo, muchas de ellas no quieren acudir a una comisión creada por la Iglesia y por ello se ha apostado por un sistema mixto Iglesia-Estado.
Desde la Conferencia Episcopal incidieron en que este proceso "es complementario al plan Priva, no alternativo". "Una persona que ha ido al plan Priva, no puede ahora volver al plan del Gobierno, es una puerta de entrada nueva a un proceso ya creado", recalcaron las fuentes consultadas por Efe.
Este punto estaba "sin definir" aunque en el acuerdo firmado en enero "ya se dice que el procedimiento a seguir implica la relación con el Priva, que es quien finalmente recibe la propuesta del Defensor del Pueblo y la valora", recordaron las mismas fuentes.
De esta forma, se quiere evitar que aquellas víctimas que ya han aceptado el dictamen del plan Priva -aunque no estuvieran de acuerdo con la reparación recibida- puedan reclamar en segunda instancia ante el Defensor del Pueblo.
Funcionamiento del nuevo mecanismo
Este nuevo mecanismo de reparación prevé que la víctima inicie el proceso ante una unidad de tramitación del Ministerio de Justicia, que trasladará el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. Esta institución realizará una propuesta de resolución y, en su caso, de reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica) atendiendo a lo que solicite la víctima.
Dicha propuesta se trasladará a la comisión asesora del plan Priva, que la evaluará y emitirá un informe. Si hay conformidad de las partes (Priva y persona solicitante), la propuesta tendrá carácter definitivo y la indemnización será asumida por la Iglesia.
Por contra, si no hubiera conformidad, ya sea de la persona solicitante o del Priva, se convocará una Comisión Mixta, con participación de las asociaciones de víctimas, que deliberará para alcanzar un acuerdo unánime. Si persistiera la disconformidad corresponderá al Defensor del Pueblo adoptar la resolución definitiva.
