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Empleo

  • Continuar el Modelo de Gestión Integral del Servicio Andaluz de Empleo, aplicando perfilado estadístico e Inteligencia Artificial para ofrecer orientación, formación y empleo de manera personalizada.

    Reforzar la red de Escuelas Públicas del SAE, como espacios de formación pública de excelencia en sectores como la hostelería, la joyería, la madera, el mármol, la artesanía, conectada con las empresas y orientada a la inserción laboral real.

    Nuevo Plan de Empleo y Formación orientado a los sectores productivos, que combine formación y prácticas en empresas y talleres, con especial atención a aquellos ámbitos donde es necesario garantizar el relevo generacional y la continuidad de los oficios.

    Facilitar el emprendimiento y la consolidación del trabajo autónomo, continuando las ayudas de inicio de actividad y Cuota Cero.

    Mantener las líneas de incentivos a Empresas de Inserción, que dan oportunidades laborales a colectivos en situación de vulnerabilidad, contribuyendo a su inserción en el mercado laboral ordinario.

  • Impulsar una Estrategia Andaluza de Empleo de Calidad, con objetivos medibles de reducción de la temporalidad y mejora del empleo indefinido, que incorpore indicadores públicos.

    Plan Andaluz contra la temporalidad y la precariedad, con actuaciones específicas en los sectores con mayores tasas de contratación inestable, priorizando jóvenes, mujeres y personas mayores de 50 años.

    Programa de incentivos a la conversión de contratos temporales en indefinidos, orientado a transformar empleo precario en empleo estable.

    Implantar el derecho efectivo a un itinerario personalizado de inserción laboral, garantizando que toda persona desempleada reciba orientación, formación y acompañamiento adaptado.

    Crear una ventanilla única digital de empleo, con expediente único del usuario, que integre orientación, formación e intermediación, reduciendo la burocracia.

  • Acabar con todas las subvenciones a los sindicatos y patronal y promover que se financien con las cuotas de sus afiliados y mediante el pago de sus servicios reales. Reorientar ese gasto a políticas efectivas de empleo para los andaluces.

    Programas de formación y orientación laboral dirigidos a jóvenes desempleados enfocados en sectores con mayor potencial de crecimiento.

    Combatir el paro juvenil mediante la implantación de la prioridad nacional en el acceso a las ayudas relacionadas con la inserción laboral y la búsqueda activa de empleo.

    Reformar el sistema de los cursos de formación y reciclaje para el empleo, potenciar la formación dual y recuperar el interés en los oficios tradicionales andaluces mediante el apoyo institucional y la formación continuada.

    Ampliar la cuota cero para que no solo sea durante el primer año de actividad, sino mientras el trabajador por cuenta propia cuente con ingresos inferiores al SMI. Bonificar íntegramente la cuota de autónomos para aquellos que se encuentren de baja.

  • Aprobar un plan de choque en empleo, dotado con los más de 1.500 millones de euros no ejecutados en estos años, centrado en los colectivos más castigados y con mayor riesgo de precariedad por la crisis del empleo (jóvenes, mujeres y mayores de 45 años).

    Aprobar un plan de empleo a través de los ayuntamientos incorporando las mejoras planteadas por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), principalmente la relativa a articular las ayudas a los salarios según los convenios municipales.

    Impulsar el Programa de Transición al Empleo, con transferencias a las entidades locales, especialmente las menores de 20.000 habitantes, para el impulso de proyectos que tengan una incidencia directa en la generación de empleo estable.

    Aprobar el Plan por la Calidad del Empleo en Andalucía, como herramienta frente a la precariedad y la siniestralidad laboral, implementando, como en otras comunidades están haciendo, un refuerzo autonómico en la inspección laboral.

    Actualización del presupuesto de subvenciones para el personal técnico de orientación laboral en el programa Andalucía Orienta, que lleva congelado desde 2014, hace más de una década. Para garantizar la estabilidad de los equipos, la calidad del servicio y la capacidad de atraer profesionales cualificados.

  • Elaborar una Ley de Empleo Público de Andalucía, de forma que se desarrolle el Estatuto Básico del Empleado Público en nuestra comunidad. Jornada laboral de 32 horas.

    Plan de lucha contra la temporalidad laboral en la Administración autonómica.

    Compromiso de contratación de al menos un 65% del alumnado de todos los procesos formativos con presupuesto público acordado o a demanda del sector empresarial.

    Reforzar los servicios de inspección de trabajo.

    Crear dentro del Consejo Consultivo de Andalucía un equipo permanente que garantice y potencie la formación de los universitarios en materia de creación de empleo.

Impuestos

  • Continuar con bajadas en el IRPF, tanto generales como selectivas, tratando de potenciar determinadas actividades y permitiendo desgravaciones fiscales para los contribuyentes.

    Volver a suprimir el Impuesto sobre el Patrimonio cuando desaparezca el Impuesto a las Grandes Fortunas.

    Eliminar el impuesto de Sucesiones y Donaciones cuando esté relacionado con vivienda habitual entre hermanos, aplicando una bonificación del 99 por ciento.

    Establecer en el IRPF incentivos fiscales por inversión en mejora de la eficiencia energética en viviendas y por la adquisición de ciertos vehículos no contaminantes.

    Revisión global de la fiscalidad ambiental de Andalucía, orientada hacia la revolución verde, racionalizando la totalidad de las figuras impositivas.

  • Reordenar el sistema de impuestos autonómicos para reforzar su progresividad, evitando que las decisiones fiscales generen efectos regresivos o favorezcan a las rentas más altas.

    Reformar el tramo autonómico del IRPF para hacerlo más justo, incrementando la progresividad en los tramos altos y aliviando la carga fiscal sobre las rentas medias y trabajadoras.

    Corregir los efectos regresivos de las actuales bonificaciones fiscales, revisando aquellas medidas que han reducido ingresos públicos sin mejorar la equidad.

    Reforzar la lucha contra el fraude fiscal y la elusión mediante el desarrollo de un Plan Integral de Lucha contra el Fraude Fiscal, con especial atención al fraude societario y patrimonial.

    Modificar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para darle una estructura más progresiva, que vaya desde un tipo muy reducido para la primera vivienda en función del patrimonio, no de la edad, y un tipo elevado y disuasorio para compras que no tengan como destino la vivienda habitual. Elevar la deducción autonómica en el IRPF por alquiler de vivienda habitual de menores de 35 años.

  • Propuesta nacional de simplificación y reducción de los tipos del IRPF con un solo tramo nacional, acabando con el tramo autonómico. Hasta lograrla, reducciones fiscales y tributarias.

    Ampliar las bonificaciones fiscales en todos los impuestos autonómicos con capacidad normativa para quienes residan de forma efectiva y desarrollen una actividad económica en municipios despoblados, con el objetivo de fijar población y reactivar el medio rural.

    Aumentar la deducción autonómica en el IRPF, eliminando el límite de renta, con importes más elevados para cada hijo.

    Impulsar la supresión del Impuesto Especial sobre la Electricidad y del Impuesto sobre Hidrocarburos y la rebaja del IVA al 4% que afecta a las facturas de luz y gas para los hogares andaluces.

    Impuesto de Transmisiones Patrimoniales: bonificaciones en cuota del 100% para compra de vivienda habitual y, en su defecto, diferir el pago del impuesto para eliminar barreras de acceso a la vivienda.

  • Reforma fiscal que permita recuperar el principio de progresividad fiscal y la capacidad recaudatoria, recogidos en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía, para garantizar unos servicios públicos de calidad.

    Presentar proyectos de ley de fiscalidad ecológica (emisiones de gases de efecto invernadero, uso energías no renovables, la generación de residuos, especialmente los peligrosos, o los vertidos a aguas litorales, entre otros supuestos).

    Actualización de fiscalidad al juego o tasas a las grandes superficies, así como fortalecer todos los mecanismos de inspección para luchar frente al fraude fiscal y la economía sumergida.

    Limitar por arriba las bonificaciones fiscales que se puedan llevar a cabo, estableciendo tramos para que las mismas sean graduadas según el nivel de renta: a menos ingresos más bonificaciones.

    Incorporar bonificaciones de hasta el 90% en la ley de tasas por precios públicos para los servicios que se prestan al sector agroalimentario para aquellas explotaciones tradicionales, que fijan población en el medio rural y con una producción sostenible medioambientalmente.

  • Las grandes empresas pagarán impuestos en Andalucía. Todas las empresas que operan en Andalucía tributarán su facturación proporcional en Andalucía.

    Impuesto andaluz a las grandes fortunas, grandes propiedades inmobiliarias y agrícolas.

    Impuesto de retorno sanitario: impuesto directo al beneficio de las empresas de la sanidad privada para financiar la investigación pública contra el cáncer en Andalucía.

    Pedir el aumento de la presión fiscal sobre los beneficios bancarios.

    Creación de una tasa turística: Ley de tasa turística para compensar el impacto medioambiental y de vivienda del modelo turístico andaluz.

Economía

  • Continuar una política presupuestaria comprometida con el cumplimiento de estabilidad y sostenibilidad financiera, reduciendo la deuda pública con relación al PIB de Andalucía.

    Impulsar un programa de fortalecimiento de la inversión productiva con el objetivo de elevar su peso por encima del 20% del PIB autonómico en la legislatura, priorizando sectores industriales, tecnológicos y de alto valor añadido.

    Facilitar el acceso a financiación alternativa y mercados de capitales, incluyendo ayudas específicas para procesos de incorporación empresarial, así como el desarrollo de fondos de capital riesgo.

    Ampliar los programas de apoyo a la inversión y a la innovación en los diferentes Parques Científicos y Tecnológicos con los que cuenta la comunidad.

    Extender el modelo de Andalucía TRADE como eje vertebrador de la política económica, reforzando su papel como ventanilla única empresarial y como instrumento clave de colaboración público-privada.

  • Crear la Agencia Andaluza para la Transformación Económica y la Competitividad, como instrumento de coordinación de la política industrial, la innovación, la formación y la atracción de inversiones.

    Crear el Instituto Andaluz de Finanzas, como instrumento público de financiación para proyectos estratégicos de reindustrialización, transición ecológica y digitalización.

    Aprobar una Estrategia Andaluza de Economía Social con horizonte 2030, dotada de financiación suficiente, objetivos medibles y mecanismos de evaluación.

    Poner en marcha un Plan Integral de Apoyo al Trabajo Autónomo, al Emprendimiento y a la Economía Social, con financiación plurianual, que simplifique trámites y mejore el acceso a recursos.

    Desarrollar una estrategia activa de atracción de inversiones vinculada a los sectores estratégicos: energías renovables, agroindustria avanzada, aeroespacial y naval, digitalización, etc.

  • Elevar la inversión en I+D+i, reforzando tanto las ayudas directas como, de forma especial, los incentivos fiscales. Orientar la política científica y de innovación a resultados medibles, al servicio del tejido empresarial, la productividad, la competitividad y el empleo, impulsando la transferencia efectiva del conocimiento al sector productivo mediante contratos, licencias, patentes y empresas de base tecnológica.

    Impulsar la Inteligencia Artificial (IA) como eje estratégico de la política científica, tecnológica y de innovación en Andalucía, incorporándolas de forma expresa a la planificación, la financiación, la evaluación, las infraestructuras y la transferencia de conocimiento, garantizando su aplicación al tejido productivo, especialmente a las pymes.

    Reducir la deuda pública eliminando todo gasto político superfluo que no beneficie al interés general y reducir el tamaño de la administración andaluza.

    Eliminar aquellas entidades duplicadas en la Administración de modo que esos recursos puedan revertirse.

    Eliminar las cláusulas en ayudas públicas que obliguen a las empresas y familias a adherirse a postulados de la Agenda 2030, como planes de igualdad para micropymes, auditorías de huella de carbono, etc.

  • Estrategia andaluza de cambio productivo: plan coordinado entre administraciones y agentes sociales para crear empleo estable, impulsar la reindustrialización verde, avanzar en soberanía energética y alimentaria y reducir desigualdades territoriales.

    Impulsar de manera urgente un plan de choque, junto a la activación de otros fondos y recursos específicos, para hacer frente a las posibles consecuencias económicas de la actual inestabilidad internacional.

    Ley de Banca Pública Andaluza: aprobar una banca pública bajo control parlamentario y social para orientar el crédito a la economía real (pymes, cooperativas y proyectos que generen empleo), con principios de banca ética, transparencia, profesionalidad e inclusión financiera.

    Impulsar la creación de tejido empresarial público de carácter andaluz para asegurar el avance de políticas públicas en sectores básicos, estratégicos y/o monopólicos, ayudando así a un crecimiento económico más equilibrado e independiente.

    Poner en marcha un Plan Transversal por el Cambio del Modelo Productivo desde tres líneas fundamentales: acabar con la "estrangulación económica" de la universidad pública, reindustrialización y la transición energética como correas de distribución, y la formación y profesionalización.

  • Auditoría de la deuda andaluza para conocer qué parte es deuda ilegítima con origen en la corrupción política y en las actividades de empresas privadas.

    Creación de una banca pública andaluza con el objetivo del control público de las inversiones, priorizar la inversión en industria pública de transición ecosocial, proporcionar créditos a cooperativas, autónomos y empresas de economía social.

    Crear un Centro Público de Investigación en I+D+i.

    Aumentar la inversión en I+D+i, en particular en aquellos sectores con mayor potencial en la transición ecosocial de reducir el metabolismo social para adaptarlo de manera justa a la menor disponibilidad de flujos energéticos y materiales.

    Fomentar el desarrollo productivo colectivo apoyando y sosteniendo el modelo cooperativo como solución empresarial. En particular, previendo ayudas especiales y de formación para las cooperativas, Empresas de inserción y Centros Especiales de Empleo.

Vivienda

  • Aumento del parque de vivienda protegida: aprobar la segunda fase del Plan Vive 2020-2030 con el objetivo de promover 20.000 nuevas viviendas protegidas, con 500 millones de euros.

    Culminar la ejecución de 5.476 nuevas viviendas protegidas y a precios asequibles a través de los Fondos Next Generarion.

    Impulsar la rehabilitación residencial y regeneración urbana, que beneficiará a 22.000 viviendas, para lo que se aportarán 367 millones de euros.

    Ayudas para reducir la tasa de esfuerzo para el pago de la vivienda y favorecer la emancipación de los jóvenes, que beneficiará a 66.000 personas con programas de ayuda al alquiler a jóvenes y familias, el pago de la vivienda en venta y el alquiler con opción a compra, para lo que se aportarán 330 millones de euros.

    Desarrollar la Ley de Vivienda de Andalucía en materia de coordinación y lucha contra la ocupación.

  • Impulsar un Plan 100.000 de Vivienda Pública Asequible que permita incorporar 100.000 nuevas viviendas protegidas en un plazo de ocho años, mayoritariamente destinadas al alquiler asequible.

    Derogar la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno de Moreno Bonilla en los cien primeros días y aprobar una nueva Ley Andaluza de Vivienda en los seis primeros meses.

    Aplicar de forma inmediata la Ley Estatal 12/2023 por el Derecho a la Vivienda, declarando zonas de mercado residencial tensionado y estableciendo límites para nuevas contrataciones.

    Pondremos en marcha el Plan Entrada Cero, para dar respuesta a la exigencia de disponer de ahorros equivalentes al 20% del precio del inmueble.

    Desarrollar un modelo andaluz de Vivienda de Protección Oficial (VPO) en régimen de alquiler con derecho a compra, que permita acceder progresivamente a la propiedad a familias.

  • Liberar todo el suelo que no esté o deba estar especialmente protegido por motivos de interés ambiental, paisajístico, productivo o para la Defensa Nacional.

    Promover la derogación de la Ley de Vivienda estatal (Ley 12/2023) y demás regulación que han conllevado una reducción drástica de viviendas disponibles en Andalucía y todo el territorio nacional.

    Impulsar el aumento de densidades, alturas y edificabilidades donde sea viable, especialmente en las zonas tensionadas, mediante la flexibilización de los parámetros urbanísticos, permitiendo a los municipios adaptar con mayor celeridad el planeamiento.

    Pisos turísticos: Reforzar el servicio de inspección de los pisos turísticos ilegales.

    Comprometer en los sucesivos presupuestos para Andalucía una cuantía económica de al menos el 0,7% del PIB andaluz exclusivamente para políticas públicas de vivienda.

  • Ampliación urgente del parque público de vivienda en alquiler, con especial atención a jóvenes, familias trabajadoras y colectivos vulnerables.

    Movilización de la vivienda vacía y la gestión social del parque existente, priorizando el interés general frente a la especulación.

    Regulación efectiva de las viviendas turísticas y de los alquileres de temporada para frenar la expulsión de residentes y la subida de precios. Se establecerá el cese de nuevas Viviendas de Uso Turístico en los municipios donde no esté garantizado el derecho a la vivienda.

    Declaración de zonas tensionadas. Se aplicará de forma efectiva la normativa vigente mediante la declaración de zonas tensionadas, activando mecanismos de limitación de precios del alquiler.

    Reducir de 10 a 5 el umbral de viviendas en propiedad para ser considerado un gran tenedor.

  • Crear un Sistema Andaluz de Referencia del precio del alquiler de la vivienda de carácter barrial o municipal en función del tamaño población, que establecerá una horquilla de referencia que no supere un 20% de la renta media del territorio que abarque.

    Incorporar al parque público de vivienda en alquiler el 100% de los inmuebles de la SAREB. Detener la privatización de vivienda pública y prohibir la venta de vivienda pública.

    Ley por la que todas las promociones de vivienda privada deberán fijar al menos el 50% de las viviendas como viviendas de protección oficial.

    Las viviendas sin ningún tipo de uso que sean propiedad de grandes propietarios, bancos o fondos de inversión deberán ponerse en alquiler accesible.

    Promover una ley andaluza de arrendamientos urbanos que regule el mercado de alquiler.

Sanidad

  • Impulsar una nueva Ley de Salud de Andalucía, que actualizará el marco normativo del sistema sanitario público andaluz y permitirá adaptarlo a los nuevos retos sanitarios, sociales y tecnológicos.

    Actualización de los criterios de identificación de puestos de difícil cobertura, incorporando medidas específicas que permitan mejorar su cobertura y estabilidad.

    Continuar desarrollando un plan estratégico de infraestructuras sanitarias que permita culminar actuaciones ya iniciadas y planificar nuevas inversiones en hospitales, centros de salud y equipamientos.

    Continuar reforzando la capacidad para el desarrollo y aplicación de tratamientos innovadores y de alta complejidad, impulsando la medicina personalizada y el acceso a terapias avanzadas.

    Consolidar la sanidad digital como uno de los ejes estratégicos de modernización del sistema sanitario, avanzando hacia un modelo más accesible, más integrado y más útil tanto para profesionales como para los andaluces.

  • Incrementar la financiación sanitaria en 3.000 millones de euros adicionales para equiparar el gasto por habitante al de las comunidades autónomas mejor dotadas.

    Impulsar un Plan de Recuperación del Talento Sanitario andaluz para incorporar, de forma urgente, 18.000 profesionales sanitarios al sistema sanitario público andaluz.

    Garantizar la accesibilidad a la Atención Primaria mediante la respuesta presencial en un plazo máximo de 24 a 48 horas y la puesta en marcha de una línea directa de videollamada sanitaria.

    Crearemos la Agencia Andaluza de Salud Pública Integral como columna vertebral del nuevo modelo de prevención y protección de la salud.

    Impulsar una revolución en la atención oncológica para garantizar que cada persona, viva donde viva, reciba la misma calidad asistencial y los mismos tiempos de respuesta. Crear una Comisión de Investigación sobre los programas de cribado de cáncer en Andalucía. Crear la figura institucional de "víctimas del cribado y detección del cáncer en Andalucía".

  • Plan de inversión estructural que alcance la media nacional de 2,4 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes. Elevar el gasto anual en capital para construir nuevos complejos sanitarios y ampliar los actuales.

    Impulsar un aumento general en el presupuesto de Sanidad, y en especial, en materia de Atención Primaria, con el fin de reducir esperas, reforzar plantillas y mejorar la atención al paciente.

    Suprimir duplicidades y gasto político superfluo en Sanidad, auditando instituciones y reorientando los recursos públicos hacia la atención sanitaria y servicios esenciales de manera prioritaria.

    Impulsar ayudas específicas para pacientes con enfermedades raras y acceso prioritario a tratamientos innovadores, reduciendo la burocracia en su autorización.

    Fomentar la contratación de más profesionales sanitarios con contratos específicos y bolsas extraordinarias. Mejorar las condiciones laborales y salariales para combatir el déficit estructural en la plantilla sanitaria.

  • Garantizar por ley el carácter universal y de gestión pública directa del sistema sanitario andaluz, poniendo fin a la privatización encubierta.

    Revisar, limitar y revertir los conciertos con la sanidad privada, priorizando la inversión en recursos propios del sistema público.

    Reducir de forma estructural las listas de espera quirúrgicas, diagnósticas y de consultas mediante refuerzo de plantillas, ampliación de horarios en lo público y mejora de la gestión clínica.

    Blindar al menos el 25% del presupuesto sanitario para Atención Primaria. Este refuerzo permitirá ampliar plantillas, reducir la carga burocrática y mejorar la accesibilidad, garantizando consultas clínicas con un tiempo mínimo de 10 minutos por paciente, atención en un máximo de 48 horas para citas clínicas.

    Aumentar el gasto en salud mental hasta el 10% del presupuesto sanitario. Adecuar las ratios de profesionales a la media europea. Garantizar psicólogos y psicólogas en Atención Primaria, hospitales, servicios sociales y centros educativos.

  • Internalización progresiva de todos los servicios externalizados en la sanidad pública, garantizar que el 100% del presupuesto sanitario se dedica a la sanidad pública.

    Recuperación de la subasta de medicamentos para garantizar un mejor uso de los recursos públicos y evitar el lucro por parte de la industria farmacéutica.

    Plan de atención primaria 24/7: Plan de atención primaria con la participación de la comunidad sanitaria, garantizando que los pacientes tendrán al menos 10 minutos por consulta, así como que tendrán cita en atención primaria en 48 horas. Se dedicará el 25% del presupuesto sanitario a atención primaria.

    Plan 20mil Andalucía. Todos los municipios con más de 20.000 habitantes tendrán un centro de especialidades.

    Ley andaluza de lucha contra el cáncer, para garantizar plazos máximos 21 días desde la detección hasta el inicio del tratamiento, 90 días para la reconstrucción de pecho, atención social, laboral, familiar y psicológica a pacientes, cobertura de los gastos asociados al cáncer.

Educación

  • Continuar garantizando una atención adaptada a las necesidades de cada alumno, apostando por una educación inclusiva que garantice la igualdad de oportunidades.

    Finalizar la reducción de la ratio a 22 en la etapa de infantil y comenzar su implantación progresiva en primaria. Contabilizar como dos al alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE) a la hora de reforzar las plantillas docentes de los centros, ofreciendo docentes adicionales a aquellos centros que más alumnado NEE escolarizan.

    Iniciar de manera progresiva la extensión de los conciertos educativos, especialmente en educación especial y FP.

    Convertir la FP Dual Andaluza en la principal herramienta estratégica de la economía andaluza y de los jóvenes para acceder a un mercado laboral competitivo.

    Aumentar la financiación de las universidades públicas para mantener, al menos, el 1% del PIB de inversión universitaria. Revisión del modelo de financiación universitaria a partir de 2027.

  • Reducir progresivamente las ratios con un calendario 2026-2030 que establezca máximos de 18 alumnos y alumnas en Educación Infantil, 20 en Educación Primaria, 23 en Educación Secundaria Obligatoria, 27 en Bachillerato, 20 en FP pública y 15 en ciclos sanitarios, industriales, tecnológicos o de alta carga práctica.

    Avanzar hacia la universalización y gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil (0–3 años), consolidando un modelo de financiación estable que garantice tanto la calidad educativa como los derechos laborales.

    Aumentar las plantillas docentes en la red pública hasta alcanzar, como mínimo, 13.000 nuevas plazas hasta el curso 2029-2030.

    Aprobar un Plan Andaluz de Segunda Oportunidad Educativa que garantice el derecho a retomar la formación a jóvenes y personas adultas sin titulación básica.

    Extender la gratuidad de los libros de texto u otros materiales alternativos a Bachillerato y Formación Profesional, eliminando barreras económicas en etapas postobligatorias.

  • Sacar de las aulas a quienes pretenden "utilizar a nuestros hijos como objeto de adoctrinamiento". Ningún activista ni asociación ideológica volverá a tener acceso a los colegios para imponer dogmas políticos o ideológicos.

    Garantizar la neutralidad en los centros educativos acabando con las subvenciones a los chiringuitos ideológicos y revisar los currículos y los libros de texto para eliminar manipulaciones, versiones sesgadas de la historia y agendas políticas como, por ejemplo, la Agenda 2030, el fanatismo climático y el uso del lenguaje de género.

    Garantizar una red suficiente de enseñanzas postobligatorias en todas las provincias, evitando que la falta de oferta en determinadas zonas rurales consolide desigualdades de origen.

    Asegurar el desarrollo de la educación concertada en condiciones de igualdad, evitando cualquier discriminación y atendiendo a la demanda social.

    Ampliar y mejorar la FP Dual a través de convenios sólidos con industrias, comercios y empresas locales.

  • Alcanzar una financiación educativa del 7 % del PIB para los centros de titularidad pública de todo el sistema educativo.

    Paralizar la ampliación de la financiación a los centros de titularidad privada concertada y reducirla progresivamente, impulsando alternativas públicas.

    Ratios máximas por aula: Infantil 3-6 años: 15 alumnos/as. Primaria y ESO: 20 alumnos/as. Bachillerato y FP Superior: 25 alumnos/as.

    Frenar la privatización de la FP y ampliar plazas públicas según la demanda real mediante una inversión extraordinaria en el sector.

    Derogar la Ley Universitaria para Andalucía (LUPA) y promulgar una verdadera ley para la universidad que garantice una financiación basal suficiente que incluya los gastos de personal, los gastos corrientes y las inversiones necesarias para el adecuado funcionamiento de las universidades públicas.

  • Nueva Ley de Universidades para revertir la privatización del PP, prohibir la creación de nuevas universidades privadas, garantizar la financiación de las 10 universidades públicas, el aumento de personal, creación de nuevas titulaciones y mejora de las condiciones laborales y de estudio.

    Ratios máximos para alumnado con necesidades educativas especiales: 10 alumnos por cada PT, 10 alumnos por cad AL, 250 alumnos por orientadora, 1 orientadora en cada centro de educación infantil y primaria, 4 alumnos por cada PTIS.

    Blindaje de la FP pública: Paralización de la autorización de nuevas plazas de FP privada y creación de nuevas plazas públicas hasta cubrir la demanda, adaptar la oferta a los ciclos más demandados, prácticas remuneradas. Paralización del cierre de la FPB para alumnado con necesidades educativas especiales.

    Escuela pública 100% gratuita y universal: Comedores, transporte y material escolar gratuito.

    Plan especial para la retirada inmediata de todas las aulas prefabricadas en los centros públicos de Andalucía, con una dotación económica extraordinaria para acabar con todas estas infraestructuras en el plazo de dos cursos.

Políticas sociales

  • Avanzar en la implantación de un modelo de atención centrado en la persona, proactivo que se anticipe a los problemas y con una perspectiva de intervención integral.

    Desarrollo de la tarjeta social que identifique a las personas titulares del derecho a los servicios sociales y posibilite un acceso ágil a las prestaciones del sistema.

    Seguir garantizando y agilizando la Renta Mínima de Inserción para atender a la población más vulnerable, en especial a familias con menores a cargo.

    Dependencia: incrementar el número de plazas concertadas en residencias y centros de días, y agilizar la tramitación y asignación de las plazas.

    Reforzar las herramientas destinadas a prevenir, detectar e intervenir en situaciones de soledad.

  • Crear el Sistema Andaluz de Cuidados como derecho universal, articulando de forma integrada la atención a personas mayores, dependientes y con discapacidad desde una perspectiva feminista y comunitaria.

    Crear un Sistema Andaluz de Emergencias Sociales, coordinado con los servicios sociales comunitarios, que permita ofrecer respuestas rápidas ante situaciones de pobreza, pérdida de ingresos o desahucios.

    Crear el Escudo Social Andaluz como sistema integrado de garantía de ingresos, que incorpore en una ventanilla única las principales prestaciones no contributivas como la Renta Mínima de Inserción Social o el IMV.

    Aprobar un Plan Espera Cero para la dependencia que permita reducir de forma drástica las listas de espera y evitar la generación de nuevas demoras.

    Ley para la Gente Mayor de Andalucía que combata el abandono, la desatención y el maltrato, dando respuesta a la gran cantidad de personas mayores que viven solas.

  • Prioridad nacional en el acceso a los servicios públicos y a todas las ayudas sociales, como "acto de justicia para los andaluces que llevan generaciones trabajando y levantando nuestra Nación y para nuestros jóvenes, que son nuestro futuro".

    Impulsar las modificaciones legales necesarias a fin de que cualquier ayuda social esté vinculada a la residencia legal, y no al mero empadronamiento.

    Luchar para combatir el fraude en el Padrón, que actualmente permite a los inmigrantes ilegales ser beneficiarios de ayudas públicas.

    Reducir la burocracia existente a la hora de tramitar la dependencia, actualizando e innovando los programas de tramitación y llevando a cabo una formación efectiva e inmediata del personal con el objetivo de revertir la mala gestión realizada hasta el momento.

    Plan integral en favor de la dependencia y la tercera edad que conlleve medidas como el aumento de las plazas de las residencias de mayores y de centros de día y de noche y la construcción de nuevos centros si ello fuera necesario.

  • Alcanzar en Andalucía el gasto anual consolidado per cápita medio del conjunto de España tanto en gasto sanitario como en gasto en servicios sociales y promoción social durante la próxima legislatura.

    Establecer un periodo máximo de 60 días para obtener la calificación del Grado de Discapacidad. A su vez, acabar con las listas de espera en el acceso a las prestaciones: Pensiones No Contributivas (PNC), Renta Mínima de Inserción de Andalucía (RMISA), plazas en residencias de mayores.

    Incrementar considerablemente los fondos de la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía (RMISA) para atender las necesidades de los andaluces más vulnerables en una doble vía, a través de ayudas directas facilitando que se garantice su compatibilidad y armonización con el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

    Se reformará el modelo del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), elevando el precio/hora hasta niveles que garanticen la calidad del servicio y condiciones laborales dignas, asegurando que cualquier incremento de financiación repercuta directamente en las trabajadoras.

    Garantizar un periodo máximo de tres meses en la valoración para acceder a las prestaciones de la Ley de Dependencia, y a otros tres máximos la puesta en marcha de cada Plan Individual de Actuación (servicios de ayuda a domicilio -SAD-, plazas en residencia, acceso a pisos tutelados, casa hogar y otros recursos).

  • Desprivatización de los servicios públicos externalizados de la Junta: Recuperar los servicios como el 112, 061, PTIS, servicios complementarios de educación, sectores privatizados del SAS, servicios externalizados de las diferentes consejerías, etc.

    Plazo máximo para valoración de la dependencia de 150 días: ampliar recursos, contratación de personal y desburocratización para acabar con las listas de espera de la dependencia.

    Gestión 100% pública directa de todos los servicios de ayuda a domicilio. Se creará una empresa pública andaluza para la gestión directa de todos los servicios, incorporando a las trabajadoras y garantizando sus derechos laborales.

    Implementar un plan de alojamientos sociales y programas especiales de empleo destinados a la inserción sociolaboral de la población sin hogar.

    Impulsar la construcción de un Sistema Público Andaluz de Cuidados como cuarto pilar del Estado del Bienestar, garantizando el derecho universal a los cuidados en todas las etapas de la vida, mediante una red pública suficiente, accesible y de gestión directa.

Ganadería y Agricultura

  • Mantener la defensa de una Política Agraria Común (PAC) sin recorte de fondos para agricultores y ganaderos, fuerte, independiente de otros fondos, simplificada y en base a los dos pilares tradicionales.

    Insistir en la ralentización de los objetivos del Pacto Verde Europeo siempre en el marco del diálogo con el sector agrario y abogar ante la Unión Europea por rebajar exigencias medioambientales desproporcionadas.

    Mantener una política firme frente a la competencia desleal y defender siempre que los acuerdos comerciales sean justos y ofrezcan garantías de su cumplimiento de modo que se exija a los productos importados los mismos estándares sanitarios, laborales y medioambientales que a los europeos.

    Diseñar líneas de acción dirigidas a solucionar problemas de sanidad vegetal y animal y reforzaremos el apoyo al sector afectado por el que hoy es uno de los grandes retos a los que se enfrenta el agro andaluz.

    Impulsar el Pacto Andaluz por la Ganadería Extensiva, tras la aprobación y puesta en marcha de la Primera Estrategia Andaluza de la Ganadería Extensiva.

  • Defender una PAC 2028-2034 más justa, social y adaptada a Andalucía, que reconozca la diversidad productiva y priorice a quienes realmente viven del campo.

    Impulsar la agricultura y ganadería de precisión, incorporando tecnologías digitales, inteligencia artificial y gestión avanzada de datos para mejorar la productividad y reducir costes.

    Poner en marcha una Estrategia Andaluza de Relevo Generacional, con enfoque integral.

    Crear un Banco Público de Tierras, que facilite el acceso a explotaciones agrarias.

    Desarrolla una Estrategia Andaluza de Ganadería Extensiva, con financiación específica para sectores clave como ovino y caprino.

  • Rechazaremos en todas las instituciones, sin distinción la propuesta de reforma de la PAC 2028-2034. Poner fin a todas las trabas burocráticas que impiden los agricultores solicitar con normalidad las ayudas de la PAC y sus anticipos a nivel regional.

    Denunciar y desterrar todas las políticas derivadas del Pacto Verde Europeo en nuestra región, especialmente, la Estrategia de la Granja a la Mesa y la Estrategia por la Biodiversidad.

    Exigiremos la suspensión y/o revisión inmediata de todos los acuerdos comerciales suscritos entre la UE y países extracomunitarios que supongan un perjuicio económico, atendiendo de forma prioritaria a la suspensión del acuerdo UE-Mercosur.

    Defenderemos el desarrollo de producciones autóctonas, especialmente el viñedo a través de un Plan de Repoblación del Viñedo en Andalucía, protegiendo las denominaciones de origen, recuperando las miles de hectáreas perdidas en los últimos años y ayudando directamente al viticultor, activando de manera inmediata una línea de ayudas directa.

    Exigir una correcta aplicación de la Ley de Cadena Alimentaria que garantcie la protección y rentabilidad de los productores.

  • Aprobar la Ley de Agricultura, Ganadería y Soberanía Alimentaria, que establecerá la base sobre la que se sustentará el nuevo modelo agroecológico andaluz para delimitar los márgenes comerciales a lo largo de la cadena agroalimentaria, regular el uso de las marcas blancas o de distribuidor y definir las prácticas consideradas como abusivas.

    Aprobar un plan de uso social de la tierra, que contemple la creación y desarrollo de un banco de tierras públicas, medidas para la cesión de la explotación en transición por abandono o jubilación del titular y la paralización de venta de suelo público andaluz de carácter rústico de interés agrícola y forestal.

    Poner en marcha un programa de ayudas para la instalación, modernización y ampliación de las industrias de transformación en el sector agroalimentario.

    Defender una PAC fuerte y bien financiada, orientada a sostener la agricultura y ganadería social y profesional, el empleo digno, el relevo generacional y la fijación de población en el medio rural. Impulsar un reparto más justo: topes máximos a las ayudas para evitar concentración en grandes tenedores.

    Rechazar el Acuerdo UE–Mercosur por su impacto en competencia desleal, seguridad alimentaria, medio ambiente y derechos del campesinado, y por debilitar la transición agroecológica.

  • Ley de soberanía alimentaria para defender al campo andaluz frente a "la extrema derecha internacional y las políticas de Donald Trump". Expropiación de tierras de grandes terratenientes y fondos de inversión para ponerlas en uso cooperativo o comunal.

    Diseñar y aprobar la Ley de Agricultura y Ganadería para la Seguridad y Soberanía Alimentaria. Esta Ley establecerá la base sobre la que se sustentará el nuevo modelo agroecológico andaluz.

    Elaborar un Plan de Ordenación Agrícola y Ganadera dirigido a la gestión adecuada de los distintos territorios agrícolas o ganaderos con el fin de evitar el uso especulativo de la tierra y de los recursos, especialmente el agua como elemento imprescindible.

    Apostar por el olivar tradicional con un programa de protección y defensa de los sistemas de cultivo sostenibles y tradicionales.

    Limitar la entrada de fondos de inversión en el sector agroalimentario. Reconocer el sector agroalimentario como estratégico y no como especulativo. Fomentar el reparto de la tierra y evitar la acaparación.

Industria

  • Reforzar la planificación industrial con la elaboración del nuevo plan CRECE Industria a largo plazo, más allá de 2027, incidiendo en la cantidad, calidad, capacitación, etc.

    Actualización de la Estrategia Aeroespacial de Andalucía para darle el mayor alcance al sector aeroespacial, ciberseguridad, defensa y logística avanzada.

    Impulsar el desarrollo de polígonos industriales y espacios productivos dotándolos de las infraestructuras necesarias para que sean ubicaciones respetuosas con el medio ambiente.

    Aprobada la Estrategia para una minería Sostenible en Andalucía 2030 (EMSA 2030), seguir avanzando en su desarrollo a través del Plan de Acción para una Minería Sostenible en Andalucía 2030.

    Convertir Andalucía en un fructífero hub en torno a la transición energética, epicentro de la industria basada en las tecnologías limpias y la digitalización, y liderar el almacenamiento energético a nivel nacional.

  • Aprobar una Ley de Reindustrialización Sostenible de Andalucía, que defina las industrias estratégicas, los territorios prioritarios y los compromisos concretos de la Junta en materia de inversión y suelo. El objetivo es aumentar el peso del sector industrial en el PIB andaluz hasta el 15% en 2030.

    Reforzar los polos aeroespacial y naval, especialmente en Sevilla, Cádiz y Huelva, consolidando su papel en las cadenas industriales europeas.

    Desarrollar planes industriales territoriales, adaptados a las características de cada comarca, con especial atención a zonas con tradición industrial como la Bahía de Cádiz, Huelva, Linares o el Campo de Gibraltar.

    Desarrollo de una Estrategia Andaluza de Minerales y Materias Primas Críticas, alineada con el marco europeo y estatal, que ordene y refuerce las políticas existentes.

    Impulsar la transformación digital de las pymes industriales, facilitando la adopción de tecnologías de industria 4.0, inteligencia artificial, automatización e Internet de las Cosas.

  • Poner en marcha un Plan Andaluz de Reindustrialización con calendario, financiación y objetivos medibles, cuyo objetivo principal sea elevar de forma decisiva el peso de la industria en la economía regional.

    Crear el Parque Tecnológico Naval de Andalucía en el entorno de la Bahía de Cádiz, como impulso real para convertir a la provincia en un polo de referencia de la industria naval a nivel europeo.

    Ejecutar un plan de crecimiento y fortalecimiento del Parque Tecnológico de Andalucía desde una perspectiva integral: infraestructuras, conectividad, suelo, atracción de empresas internacionales y cooperación con la Universidad de Málaga.

    Reforzar la producción manufacturera y extractiva, impulsar la investigación de los recursos mineros y garantizar empleos industriales estables, cualificados y de alto valor añadido. Promover la derogación de las leyes y planes climáticos que, bajo la excusa de una "transición verde", están provocando el cierre y deslocalización de actividades industriales.

    Rechazar que las ayudas industriales se concedan por criterios ideológicos. En su lugar, vincular las ayudas e incentivos a la industria a resultados medibles.

  • Estrategia Andaluza para la diversificación e industrialización de Andalucía dirigiendo a ello fondos propios y extraordinarios y que cuente con el impulso de un Observatorio Andaluz para la Diversificación Industrial, que planifique, diseñe y oriente a las empresas en el impulso de un nuevo modelo productivo industrial y energético ambientalmente sostenible.

    Aprobar un plan de reindustrialización verde con inversión masiva en sectores esenciales y estratégicos, a través de equipos y componentes de energías renovables, química verde, materiales para la rehabilitación energética, vehículos para el transporte público y la movilidad urbana sostenible.

    Imponer una moratoria a la apertura o reapertura de proyectos mineros en mano de fondos de inversión o empresas extranjeras.

    Evitar cierres, EREs, y deslocalizaciones de empresas que hayan recibido fondos públicos o estén dando beneficios, penalizando a estas empresas e impidiendo su concurrencia a futuros incentivos y contratos públicos.

    En relación con la industria biomédica y farmacéutica, fomentar la investigación biosanitaria con criterios de interés general y financiación pública suficiente. Iniciar la producción pública de los productos farmacéuticos esenciales para Andalucía.

  • Plan de industrialización ecosocialista de Andalucía: Creación de industria pública en las comarcas con mayor demanda de empleo, bajo control social y con criterios de sostenibilidad ecológica para ir transformando paulatinamente la industria andaluza hacia una industria sostenible y ecosocial.

    Impulsar la transición de la industria militar, naval, aeronáutica y automovilística andaluza hacia la producción de tecnologías de energías renovables y de movilidad sostenible (barcos comerciales, ferrocarriles, tranvías, autobuses, movilidad sostenible, etc.).

    Generar un consorcio público industrial, que funcione por un lado como motor del proceso de reindustrialización de Andalucía, y por otro como embrión de un sector público industrial.

    Desarrollar la industria ligada al sector agrario (semillas, fitosanitarios, plásticos, etc.) y al agroalimentario (3ª, 4ª y 5ª gama), potenciando especialmente a empresas de economía social.

    Desarrollar y mantener la industria aeronáutica. Apoyar decididamente al sector aeronáutico de Andalucía. Apoyar decididamente al sector naval de Andalucía como fuente de generación de empleo y motor económico de comarcas como la Bahía de Cádiz, Huelva y Sevilla, entre otras.

Turismo

  • Crear líneas específicas de apoyo a la la mejora de infraestructuras y equipamientos de las pymes turísticas, elevando el estándar de calidad y el posicionamiento de la oferta andaluza.

    Aprobar la nueva Ley del Turismo Sostenible de Andalucía, y desarrollar su marco reglamentario para dotar al sector de un entorno normativo moderno, claro y estable.

    Continuar el desarrollo de Andalucía NEXUS, ampliando sus funcionalidades e incorporando herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la gestión, la promoción y la toma de decisiones.

    Continuar impulsando la diversificación del modelo turístico andaluz, favoreciendo productos y segmentos con capacidad para atraer demanda durante todo el año y en todo el territorio.

    Continuar con el desarrollo del Compromiso Andaluz de Acción Climática en Turismo, mediante el impulso de medidas de mitigación, adaptación, eficiencia y sensibilización.

  • Sustitución del modelo meramente registral por un sistema de licencias obligatorias, limitadas y revisables, que permita un control efectivo de la oferta de viviendas de uso turístico. Establecimiento de techos máximos de viviendas turísticas por zonas o barrios, en función de su capacidad de carga social, urbana y ambiental.

    Puesta en marcha de un Plan Andaluz de Retorno de Viviendas Turísticas al alquiler residencial, mediante incentivos fiscales, ayudas a la rehabilitación y seguros públicos de impago.

    Creación de una Agencia Pública Andaluza de Inspección Turística, con medios suficientes para garantizar el cumplimiento normativo.

    Creación de un Observatorio Andaluz de Convivencia Turística, con datos abiertos en tiempo real sobre presión turística, vivienda y empleo.

    Vinculación de las ayudas públicas al sector turístico al cumplimiento de estándares de empleo estable, digno y con derechos.

  • Regula de forma homogeneizada la proliferación de viviendas de uso turístico a través del urbanismo y la urbanística y reforzar los servicios de inspección.

    Impulsar la consideración del patrimonio histórico-cultural como Patrimonio Universal, empezando por el gran legado histórico, monástico, conventual y defensivo de Andalucía e impulsando la revitalización y la proyección exterior de enclaves emblemáticos de todas sus provincias.

    Rechazar la implantación de cualquier tasa turística para españoles en Andalucía.

    Planes específicos de mejora de limpieza, movilidad, seguridad y mantenmiento del espacio público en las zonas de alta afluencia turística.

    Impulsar un plan específico de apoyo al emprendimiento turístico en el medio rural, favoreciendo los proyectos ligados al alojamiento, la restauración, las actividades guiadas y las experiencias vinculadas al territorio.

  • Aprobar el Plan de Calidad en el Sector Turístico con un distintivo de Sello de Calidad obligatorio para el acceso a cualquier iniciativa pública.

    Impulso de una tasa turística a nivel andaluz que permita a los ayuntamientos aumentar los ingresos para hacer frente a los gastos originados por el turismo.

    Limitación de las plazas hoteleras y de viviendas y alojamientos turísticos en base a la población existente, limitándose a 30 plazas por cada mil habitantes.

    Desarrollar un plan vacacional que garantice el descanso a las personas sin ingresos o con ingresos limitados, a la vez que se refuerza los negocios locales andaluces. Su funcionamiento será similar al del IMSERSO, pero por rentas en lugar de por franjas de edad.

    Plan de fomento de la desestacionalización del turismo que incluya: Un plan de publicidad sobre el turismo alejado de las grandes ciudades, playas y zonas de ocio centrándose en la promoción del turismo rural y de interior.

  • Creación de una tasa turística: Ley de tasa turística para compensar el impacto medioambiental y de vivienda del modelo turístico andaluz.

    Elaborar un marco autonómico de coordinación para facilitar que los ayuntamientos andaluces que lo deseen puedan incorporar una tasa turística.

    Obligación por ley de reparto de beneficios entre trabajadores de las grandes cadenas hoteleras, ayuda e impulso a las cooperativas turísticas, promover la mejora de condiciones laborales.

    Plan de apoyo e impulso de las vacaciones entre la población con más dificultades económicas.

    Ser competitivos desde Andalucía en la oferta de servicios en el mercado de Internet, creando una plataforma pública de centrales de reservas, que promueva la desestacionalidad y la diversificación de los destinos turísticos, contribuyendo de esta forma al equilibrio territorial.

Comercio

  • Impulsar el nuevo Plan de Comercio Interior de Andalucía para el período 2027-2030, colocando al comercio como pilar esencial del tejido productivo andaluz.

    Plan de Artesanía de Andalucia 2027-2030 con el objetivo de preservar su identidad y el reto de mejorar su competitividad, su posición en el mercado, etc.

    Programa de digitalización para autónomos, con una línea específica para que se adapten a la normativa de obligado cumplimiento de facturación digital, y otra línea para asesorar la compra e implantación de servicios y productos TIC.

    Mejorar la normativa que regula el Asociacionismo Comercial fomentando su simplificación y la agilidad en la tramitación.

  • Programa Andaluz de Bonos de Consumo Local, orientado a dinamizar la demanda en el pequeño comercio, especialmente en momentos de menor actividad económica.

    Plan de modernización integral del comercio, que incluya digitalización, mejora de la gestión, innovación en la experiencia de compra y adaptación a nuevos canales de venta.

    Aprobar una Estrategia Andaluza de Comercio 2030, con objetivos claros en materia de equilibrio territorial, sostenibilidad y empleo.

    Programa de comercio rural, orientado a evitar la desertificación comercial y garantizar el acceso a bienes básicos en municipios pequeños.

    Políticas específicas de protección y promoción de la artesanía andaluza, reconociendo su valor cultural y económico.

  • Aumentar el presupuesto en la campaña de promoción del pequeño comercio, el presupuesto de rehabilitación comercial y aumentar las ayudas a la artesanía.

    Ampliar las bonificaciones fiscales en todos los impuestos autonómicos para quienes desarrollen una actividad económica en municipios despoblados, con el fin de fijar población y reactivar el medio rural.

    Preservación del pequeño comercio tradicional, el fomento de la demanda del comercio de proximidad, el aumento de la oferta de los servicios en el medio rural, el apoyo a la modernización y digitalización, la mejora de abastecimiento de productos cotidianos en el mundo rural y el fomento de los mercados municipales.

    Reforzar la protección y transmisión de los oficios tradicionales ligados al patrimonio, mediante escuelas taller, ayudas a aprendices y apoyo a artesanos especializados.

  • Derogar las normativas que han ampliado días y zonas de apertura en festivos para las grandes superficies, porque atacan el derecho al descanso, precarizan el empleo y desplazan al pequeño y mediano comercio.

    Vincular programas de apoyo al consumo (como la tarjeta monedero) de forma preferente a compras en pequeño y mediano comercio, priorizando también circuitos cortos y economía social.

    Derogar los Decretos-leyes de “simplificación†por su carácter desregulador y por facilitar negocio a grandes operadores y lobbies a costa del tejido productivo local y del interés general.

    Proteger al pequeño comercio limitando nuevas licencias de grandes superficies cuando comprometan el empleo local, el equilibrio urbano y la supervivencia del tejido comercial, frenando la presión de los lobbies.

    Desplegar un plan público de apoyo a pymes y autónomos/as para integrar comercio físico y digital sin quedar en manos de plataformas extractivas. Priorizar soluciones cooperativas y de economía social: plataformas comunes locales, formación gratuita, acompañamiento técnico, herramientas de pago y logística compartida.

  • Creación de una Red Andaluza de Supermercados de titularidad pública que se desarrolle por todo el territorio de Andalucía y de forma accesible a toda la población, con el fin de garantizar el derecho a la alimentación saludable y digna.

    Ley Andaluza de Comercio de Proximidad, una norma específica que reconozca el pequeño comercio y el trabajo autónomo como servicio de interés general en municipios de menos de 10.000 habitantes, con protección frente a la competencia desleal de plataformas digitales.

    Establecer una moratoria de grandes superficies en entornos saturados: Prohibición temporal de nuevas licencias de grandes superficies o franquicias en municipios donde la tasa de cierre de pequeño comercio supere un porcentaje.

    Impulsar la recuperación y modernización de los mercados de abastos andaluces, muchos en estado de abandono, con cesión de puestos a precio social para nuevos autónomos.

    Establecer un Marketplace Público Andaluz: Plataforma autonómica de comercio electrónico para autónomos y pymes locales, alternativa pública a Amazon y similares, sin comisiones abusivas, con logística compartida y con visibilidad garantizada para el producto andaluz.

Energía

  • Impulsar la implantación de instalaciones de generación de energía renovable. Las plantas de generación fotovoltaicas, eólicas, térmica, así como las de biocombustible y plantas de hidrógeno serán la base de la transición energética y se impulsará su ubicación de forma sostenible.

    Programa de fomento de la agrivoltaica en Andalucía, en tanto que estas tecnologías conllevan una integración de la actividad agrícola y ganadera, actividades prioritarias, y la generación de electricidad fotovoltaica.

    Fomentar el desarrollo de infraestructuras energéticas como el Hidroducto del Huelva al Norte de España y su ramal al Puerto de Algeciras para el suministro de combustibles de nulas o bajas emisiones.

    Promover la creación de las comunidades energéticas y el desarrollo de proyectos de autoconsumo colectivo.

    Mejorar la eficiencia energética de los edificios, impulsando planes financieros para la inversión en mejoras constructivas y de usos de los edificios tanto particulares como públicos.

  • Plan Andaluz de Ordenación de las Energías Renovables, que ponga fin a la implantación desordenada de proyectos y garantice su compatibilidad con el desarrollo territorial.

    Definir una zonificación andaluza vinculante para el despliegue de energías renovables, mediante criterios paisajísticos, sociales y territoriales.

    Impulsar el autoconsumo y las comunidades energéticas locales, mediante ayudas específicas y simplificación administrativa para hogares, pymes y municipios.

    Garantizar el retorno territorial de las grandes infraestructuras energéticas, mediante inversiones locales, empleo, canon territorial y oportunidades económicas.

    Planes específicos para reducir la pobreza energética, dirigidos a familias vulnerables.

  • Acabar con la "política energética suicida" que apuesta en exclusiva por las energías renovables intermitentes. Plan de Soberanía Energética basado en un mix energético real, equilibrado y diversificado, con neutralidad tecnológica.

    Imponer orden frente a la proliferación descontrolada de macro instalaciones renovables.

    Impulsar un gran plan de refuerzo de la red eléctrica andaluza.

    Política activa de apoyo a la energía nuclear avanzada y al despliegue de reactores modulares pequeños (SMR) en Andalucía como parte de un mix energético estable, seguro y competitivo.

    Política activa de apoyo a la producción de biogás y biometano como fuente complementaria. Defender el aprovechamiento energético de residuos agrícolas, ganaderos, agroindustriales y forestales que redunde en beneficio del agricultor y la soberanía energética de Andalucía.

  • Creación de una empresa pública de energía, para impulsar y gestionar proyectos encaminados a la transformación de la matriz energética andaluza. Funcionaría además como comercializadora de electricidad pública andaluza.

    Conseguir en 2030 que todos los municipios de Andalucía cuenten con la presencia de comunidades energéticas con presencia de promoción pública. Participación de la Agencia Andaluza de la Energía como promoción y apoyo.

    Proyecto de la Andalucia de los 100.000 tejados solares para 2030, facilitando y financiando la instalación de placas fotovoltaicas para autoconsumo.

    Planificar y llevar a efecto la instalación de infraestructuras de producción eléctrica fotovoltaica en los edificios de instituciones públicas de toda Andalucía (centros educativos y sanitarios, equipamientos deportivos, centros de asistencia a personas mayores, etc.).

    Aprobar una estrategia de lucha para la erradicación la pobreza energética con la instauración de un bono social eléctrico, la reducción del término fijo de la electricidad (con un IVA reducido aumentando el peso del término variable) y la bonificación de una potencia mínima.

  • Empresa andaluza pública de energía para garantizar el suministro a la población en condiciones de justicia y equidad frente a la especulación en el mercado energético.

    Control y planificación de la proliferación de macroplantas solares y favorecer el autoconsumo y las plantas pequeñas y proteger el campo andaluz, paralización de las plantas de biogás y favorecer un modelo micro y con apoyo social.

    Creación de una empresa pública andaluza de energía con financiación suficiente para instalar renovables y para comercializar electricidad a precios asequibles.

    Elaborar un programa de ordenación de la energía eólica y fotovoltaica a nivel andaluz con las obligadas restricciones de carácter vinculante y con su preceptiva Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), realizada por entidades independientes a las empresas promotoras.

    Prohibir el desarrollo de nuevas infraestructuras gasistas, ya sea de regasificación o almacenaje, y menos aún si cabe en territorios naturales protegidos, por lo que se paralizará el proyecto gasista de Doñana.

Medio Ambiente

  • Aprobar la Estrategia Marco de Medio Ambiente de Andalucía, con documento de planificación estratégica que guía la política pública medioambiental en Andalucía para la próxima década.

    Pacto Andaluz por la Sostenibilidad, con una manera de trabajar que equilibre la mejora de la protección ambiental con el desarrollo económico y el bienestar social.

    Fomentar los proyectos de compensación de carbono verde y azul, que permitan a Andalucía incrementar su capacidad de absorción de emisiones de gases de efecto invernadero.

    Promover una ley de ordenación y gestión de la costa en Andalucía. Desarrollar la recién aprobada Ley de Montes de Andalucía para seguir transformando al sector forestal andaluz.

    Actualizar la normativa de espacios naturales de Andalucía del año 1989 por una ley moderna y adaptada a las necesidades del siglo XXI.

  • Crear una Consejería de Transición Ecológica y Sostenibilidad con rango de Vicepresidencia, que garantice liderazgo político, coordinación transversal y capacidad real de decisión.

    Aprobar Presupuestos Andaluces de Carbono, con carácter vinculante y horizonte plurianual, que establezcan objetivos claros de reducción de emisiones.

    Crear una Autoridad Andaluza Independiente de Acción Climática, con base científica y técnica, encargada de evaluar el cumplimiento de los objetivos.

    Estrategia Andaluza Integral de Adaptación al Cambio Climático, centrada en riesgos como olas de calor, sequías, inundaciones o incendios. Estrategia Andaluza Integral de Adaptación al Cambio Climático, centrada en riesgos como olas de calor, sequías, inundaciones o incendios.

    Estrategia Andaluza de Biodiversidad 2030-2050, con objetivos medibles de conservación, restauración y conectividad ecológica. Plan Andaluz de Protección y Restauración del Litoral, basado en criterios científicos, que priorice la renaturalización y la defensa del dominio público.

  • Promover el cuidado del medio natural mediante una política alejada de los "delirios climáticos del Pacto Verde Europeo". El aprovechamiento sostenible del monte, el cuidado del medio rural y la protección del patrimonio natural serán pilares prioritarios para Andalucía.

    Impulsar y defender la caza y la pesca como actividades esenciales para la conservación de la fauna terrestre y acuática.

    Ley del Paisaje para la protección del patrimonio natural, cultural y productivo de Andalucía.

    Defender sierras, viñas, dehesas, vegas, marismas y enclaves de alta sensibilidad ecológica como áreas de especial protección para preservar su singularidad biológica, productiva y cultural.

    Simplificar la normativa aplicable en la Red Natura 2000 y en los espacios protegidos de Andalucía, así como los instrumentos de planificación y gestión que los ordenan.

  • Crear la Consejería de Transición Ecológica y Lucha contra la Emergencia Climática.

    Declarar de inmediato la emergencia climática y ecológica en Andalucía, como punto de partida para una agenda de medidas concretas, evaluables y con calendario.

    Poner en marcha un Plan Andaluz de Resiliencia ante Fenómenos Meteorológicos Extremos, con enfoque preventivo, coordinación institucional y comunicación clara a la ciudadanía.

    Aprobar medidas que protejan y recuperen los principales enclaves naturales andaluces amenazados, con especial atención al Parque Nacional de Doñana. Se impulsará el reconocimiento de personalidad jurídica al Parque Nacional de Doñana.

    Declarar Andalucía territorio libre de fractura hidráulica (fracking).

  • Diseñar y aprobar un Ley de Medidas frente a la Emergencia Climática y Energética en Andalucía.

    Destinar a políticas públicas ambientales una inversión mínima del 2% del PIB andaluz en cada presupuesto anual.

    Crear el Cuerpo de Administración Especial de Agentes Medioambientales de Andalucía mediante Ley. Reforzar en la próxima legislatura el cuerpo de Agentes de Medioambiente con la convocatoria de al menos 500 nuevas plazas de empleo público en el primer año para recuperar las pérdidas desde 2007.

    Realizar estudios epidemiológicos específicos y establecer planes de prevención de la contaminación ambiental en las principales zonas contaminadas de Andalucía, con especial atención al Campo de Gibraltar y el Polo Químico de Huelva, con altos índices de mortalidad y morbilidad por cáncer.

    Descartar todo nuevo proyecto de incineración como sistema de gestión de residuos y prescindir de la coincineración de residuos en cementeras auténticas fuentes de contaminación atmosférica letal.

Incendios

  • Creación del Inventario de Infraestructuras Preventivas contra Incendios Forestales de los Montes Públicos de Andalucía.

    Fortalecer y consolidar la Red de Áreas de Pasto de Cortafuegos de Andalucía (RAPCA).

    Culminar la renovación de vehículos pesados autobomba, mediante la adquisición de nuevas unidades tanto de autobombas como nodrizas.

    Promover la cultura de autoprotección frente al riesgo de incendios forestales en zonas de peligro.

    Continuar el proceso de construcción, renovación y mejora de los centros y subcentros de defensa forestal, aeródromos y helipistas.

  • Reforzar la prevención de incendios forestales mediante gestión activa del territorio, planificación forestal sostenible y coordinación interadministrativa.

    Aprobar un Plan Extraordinario de refuerzo del INFOCA con más personal, medios y recursos aéreos. Garantizar formación continua, EPIs homologados y renovación de equipos y vehículos. Garantizar contratos estables durante todo el año en el INFOCA.

    Reconocer el complemento de antigüedad del personal de AMAYA (Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía).

    Reforzar plantillas, condiciones laborales y planificación plurianual en AMAYA.

    Integrar al personal del 112 y GREA en la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias, dejando de externalizar estos servicios.

  • Dotar de los suficientes medios humanos, recursos materiales, amparo legal y estabilidad laboral a los integrantes de los servicios de protección civil, prevención, extinción de incendios y salvamento y de prevención y extinción de incendios forestales.

    Facilitar el pastoreo de ganadería extensiva, la realización de cortafuegos, la limpieza de montes, desbroce y recogida de leña y la dotación de material y equipos suficientes a los bomberos y servicios de emegencia. Impulsar el aumento de penas a pirómanos y autores de incendios.

    Plan de reforestación y recuperación forestal de Andalucía. Repoblar y restaurar las zonas afectadas con especies autóctonas.

    Aumentar las plazas de bomberos forestales del dispositivo INFOCA, reservando un 20% para militares y dando prioridad a quienes hayan servido en la Unidad Militar de Emergencias (UME) y en unidades militares de servicios de extinción y salvamento.

    Exigir al Gobierno de España el fortalecimiento efectivo del SEPRONA en Andalucía como instrumento esencial para la protección del medio rural.

  • INFOCA todo el año, con plantilla suficiente, formación y medios adecuados. Cubrir vacantes estructurales del operativo con personal interino hasta su cobertura definitiva por oferta pública de empleo.

    Ofertas públicas de empleo anuales con tasa de reposición del 110% para evitar precariedad estructural.

    Ejecutar al 100% las partidas de gestión forestal y fijar un suelo mínimo estable de inversión en prevención, vinculando una parte significativa del presupuesto a actuaciones preventivas y restauración.

    Nuevo protocolo postincendio: priorizar regeneración natural, minimizar maquinaria pesada, comité científico-técnico y exposición pública de los planes.

    Poner en marcha el Plan Forestal Andaluz y asegurar planificacion anual efectiva de prevención, vigilancia y extinción.

  • Reforzar el dispositivo INFOCA y adaptarlo al escenario de cambio climático. Dispositivo completo al 100% todo el año, estabilidad laboral, profesionalización, reconocimiento de los derechos laborales inherentes a la profesión de riesgo y dotado de los medios materiales suficientes para desarrollar su trabajo en condiciones laborales óptimas.

    Garantizar la dotación de efectivos mínimos en los servicios de bomberos forestales de la Agencia AMAYA (Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía) del Plan INFOCA.

    Puesta en marcha de un dispositivo INFOCA al 100% en el que se doten a 12 meses todas las plazas vacantes del mismo plan y estabilización a 12 meses de todos los contratos del personal indefinido no fijo discontinuo en abuso de temporalidad de más de 36 meses.

    Diseñar e implementar una política de gestión forestal a medio y largo plazo que permita reducir la vulnerabilidad de las masas forestales, luchar contra el cambio climático y reducir el riesgo de grandes incendios.

    Reforzar los trabajos de prevención de incendios forestales y adaptación al nuevo escenario de cambio climático.

Agua

  • Avanzar en una nueva gestión del agua con una planificación más ambiciosa, en la que se favorezca la colaboración público-privada y la colaboración con entidades locales para impulsar las grandes infraestructuras hidráulicas.

    Culminar la modificación y actualización de la Ley de aguas para Andalucía de 2010 para dar respuesta a los desafíos actuales y futuros en gestión de aguas.

    Impulsar la Estrategia Andaluza de Aguas Subterráneas con la participación de universidades y centros tecnológicos y científicos de Andalucía.

    Digitalizar la información sobre el ciclo integral del agua y, en especial, sobre las pérdidas de agua, la gestión eficiente de los recursos frente al cambio climático.

    Aprobar un nuevo Plan de Restauración Hidrológica-Forestal en las cuencas andaluzas para frenar la desertificación, impulsar la conservación del suelo fértil y mejorar la gestión de sedimentos en cauces y presas.

  • Garantizar el aprovisionamiento de agua mediante inversiones sostenidas en regeneración, depuración, desalinización y reutilización.

    Finalizar las infraestructuras hidráulicas pendientes en Andalucía, priorizando aquellas vinculadas al abastecimiento y a la garantía del servicio.

    Modernizar las redes de abastecimiento y distribución, reduciendo pérdidas mediante digitalización, sensorización y mantenimiento.

    Desarrollar infraestructuras que aumenten la resiliencia frente a la sequía, diversificando fuentes y reduciendo la dependencia de aportes naturales.

    Poner en marcha un Banco Público del Agua, con criterios sociales, económicos y ambientales.

  • Impulsar un Plan Nacional del Agua que contemple la gestión racional de los recursos hídricos en todo el territorio nacional.

    Exigir un informe público y periódico sobre el estado de las infraestructuras hidráulicas pendientes desde hace décadas.

    Promover un Plan Nacional de Regadíos que contribuya a la modernización de las superficies. Impulsar las obras necesarias para el aumento de las superficies de regadío en Andalucía, especialmente en el norte de Huelva.

    Plan de modernización, ampliación y mantenimiento de las infraestructuras hídricas, incluyendo embalses, presas, canales, estaciones depuradoras y redes de abastecimiento.

    Programa específico de investigación y transferencia sobre gestión hídrica, desalación, reutilización y eficiencia del agua, convirtiendo a Almería en referencia nacional en innovación universitaria aplicada a la escasez hídrica y el sector agroalimentario.

  • Aprobar un plan para la gestión pública del agua, basado en el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua y desde el paradigma de la Nueva Cultura del Agua. Para ello, es preciso sustituir los sistemas de gestión del agua basados en el aumento de la oferta por otros basados en el control de la demanda.

    Controlar la contaminación de los ríos y aguas superficiales. Asegurar el buen estado ecológico de todas las masas de agua y sus entornos ambientales como garantía para asegurar la disponibilidad del recurso. Contar para ello con agentes locales, pero sobre todo con el cuerpo de Agentes de Medio Ambiente, ampliando sus competencias y dotándolo de suficientes recursos materiales y humanos.

    Establecer una moratoria a nuevos regadíos.

    Controlar todos los acuíferos andaluces para evitar su sobreexplotación, los sondeos ilegales y la especulación hídrica.

    Establecer un plan de choque, de mejora de la red de agua y saneamiento en el rural, tanto en modernización para acabar con las fugas como para sustitución de conducciones de fibrocemento. Ofrecer subvenciones a los ayuntamientos con la red de contadores en alta.

  • Recuperar la gestión directa por la Junta de Andalucía de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que está gestionada estatalmente.

    Promover la recuperación de los servicios de gestión del agua privatizados para adoptar un modelo de gestión pública y participativa.

    Impulsar un ambicioso programa de inversiones públicas con el fin de dotar a todas las poblaciones andaluzas de las infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas residuales necesarias.

    Garantizar la gestión pública del ciclo urbano del agua.

    Instalar fuentes en todos el territorio andaluz para garantizar el acceso al agua potable en los espacios públicos.

Infraestructuras

  • Seguir apostando por los importantes ejes interprovinciales de alta capacidad como: la autovía Badajoz-Córdoba-Granada o la autovía Badajoz-Huelva, la autovía del Olivar, la Málaga-Campillos-Ronda, entre otras infraestructuras viarias.

    Continuar incrementando la inversión en conservación de carreteras andaluzas para garantizar la seguridad de los usuarios y dar cohesión territorial, con una inversión de al menos 110 millones al año para el septenio 2026-2032.

    Mejorar el estado de los firmes en más de 1.000 km en toda Andalucía con una inversión extraordinaria de más de 150 millones de euros entre 2026 y 2027.

    Ejecutar un plan de modernización de lonjas para reforzar su competitividad, eficiencia y capacidad de servicio.

    Proseguir e impulsar las inversiones necesarias para el dragado de los puertos andaluces con el fin de mantener su operatividad.

  • Promover un Pacto por las Infraestructuras de Transporte en Andalucía que permita definir una estrategia compartida, estable y a largo plazo para el desarrollo de las infraestructuras.

    Priorizar la ejecución efectiva del Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía (PITMA 21-30), incluyendo la reactivación y finalización de infraestructuras paralizadas.

    Impulso a los corredores Mediterráneo y Central y mejora de las conexiones ferroviarias con Portugal, reforzando la integración de Andalucía en las redes transeuropeas.

    Apostar decididamente por el Puerto de Algeciras como el mayor hub logístico del sur de Europa, reforzando su conectividad ferroviaria.

    Mejorar las conexiones internacionales de los aeropuertos andaluces, reforzando su papel en el turismo, la inversión y la actividad económica.

  • En los proyectos de ley de presupuestos, incorporar obligatoriamente una memoria plurianual de infraestructuras con programación temporal, prioridades claras y mecanismos de evaluación.

    Presionar al Ministerio de Transportes para que acometa las conexiones viarias estratégicas todavía incompletas o colapsadas en Andalucía, especialmente los accesos a las grandes áreas metropolitanas, áreas logísticas, puertos y zonas industriales.

    Exigir al Gobierno la ejecución de infraestructuras viarias pendientes, como la SE-40 en Sevilla, la finalización de la A-32 entre Jaén y Albacete, el impulso definitivo de la A-81 y la mejora de los corredores estratégicos.

    Reclamar un refuerzo del mantenimiento preventivo en la red ferroviaria andaluza para garantizar la seguridad, la calidad del servicio y la reducción de averías e incidencias.

    Reclamar el impulso definitivo a la modernización de la conexión ferroviaria Algeciras-Bobadilla. Exigir la llegada efectiva de la alta velocidad a Jaén.

  • Llevar a cabo la ejecución de un Plan de Recuperación de la Inversión Pública en las infraestructuras que necesita Andalucía para vertebrar Andalucía desde la cohesión social, la igualdad de oportunidades y su desarrollo económico.

    Desarrollar un programa para la mejora de la red secundaria de carreteras de Andalucía destinado principalmente a la mejora de la seguridad vial y priorizando aquellas vías que dan servicios a zonas en riesgo despoblamiento.

    Continuar impulsando el desarrollo de una red autonómica de plataformas intermodales y logísticas situadas en las diferentes aglomeraciones urbanas.

    Establecer como objetivo que el 25% de las inversiones viarias tanto de nuevas obras, como de mantenimiento o mejora, sean desarrolladas en vías que conecten municipios que vienen perdiendo población.

    Recuperación de conexiones ferroviarias estratégicas, incluyendo la reapertura de la línea Guadix–Baza–Almanzora–Lorca; la recuperación de la conexión ferroviaria con el Algarve portugués; y la mejora de las conexiones norte–sur entre Huelva, Sevilla y Cádiz con Extremadura, Castilla-La Mancha, País Valenciano, Aragón y Cataluña, a través del trazado histórico de Despeñaperros.

  • Aumentar el presupuesto y dotación de mantenimiento de la red vial de ámbito autonómico e impulsar la reconversión ecológica de las carreteras andaluzas.

    Constituir, por los cauces legales pertinentes, una dirección permanente de puertos andaluces para coordinar el funcionamiento de los puertos de titularidad estatal y dirección nominada por la autonomía.

    Potenciar el desarrollo de la red de plataformas logísticas de Andalucía, con especial atención al nodo logístico de Antequera como parte central de la red de Andalucía, al de Algeciras como conexión intercontinental y al de Linares como enlace con el resto de la península.

    Asumir las competencias en materia ferroviaria que recoge el Estatuto de Autonomía.

    Impulsar la construcción de cercanías y media distancia de forma que todas las localidades de más de 20.000 habitantes tengan conexión ferroviaria de cercanías o media distancia en un plazo de diez años.

Movilidad

  • Consolidar un sistema concesional de transporte público renovado, que impulsará la mejora de los servicios y la renovación de la flota por parte de los operadores. Diseño de un nuevo mapa concesional para el futuro, que pueda dar respuesta a las nuevas necesidades.

    Seguir desarrollando el Programa Andalucía Rural Conectada (PARC), puesto en marcha, que permite dar cohesión al territorio y luchar contra la España vaciada.

    Desarrollar la transformación energética en el sector del transporte y la movilidad mediante la implantación de una red de instalaciones para la recarga o repostaje de vehículos eficientes.

    Carriles bici metropolitanos adosados a carreteras de competencia autonómica y carriles bici urbanos que den continuidad a los metropolitanos y conecten centros neurálgicos del transporte.

    Ampliar la flota de trenes de los Metros y Tranvías de Andalucía. Mejorar la eficiencia energética y sostenibilidad de los Metros y Tranvías y la calidad de las explotaciones.

  • Reconocer el derecho a la movilidad sostenible como principio rector de la acción pública en Andalucía, integrándolo en las políticas de transporte y ordenación del territorio.

    Sistema Andaluz de Transporte a Demanda, basado en servicios públicos flexibles y adaptados a las necesidades reales de la población para conectar el mundo rural.

    Crear un Abono Andaluz de Movilidad Universal, válido en todo el territorio y en todos los modos de transporte público, con un precio reducido y gratuidad para vulnerables.

    Garantizar la gratuidad del transporte público para menores de 18 años y estudiantes de Formación Profesional, Universidad y Enseñanzas Artísticas.

    Regular por ley la precontratación obligatoria de 30 minutos. Los VTC no pueden operar como taxis de calle.

  • Garantizar que la movilidad sea un verdadero instrumento de cohesión territorial, planificando los ejes y conexiones con prioridades claras y evitando cualquier recorte en las infraestructuras de movilidad y en las redes de transporte.

    Acabar con la criminalización de los vehículos de combustión y de la industria automovilística promoviendo la derogación de la normativa que prohibirá su comercialización a partir de 2035.

    Eliminar las ayudas autorizadas y concedidas por la Junta para el diseño e implantación de zonas de bajas emisiones.

    Aumentar las frecuencias y la cobertura del transporte público a demanda, coordinando este servicio de forma efectiva con las líneas regulares de autobús y tren.

    Reforzar el programa Andalucía Conectada para que ningún municipio quede aislado por la falta de transporte público.

  • Aprobar la Ley andaluza de Movilidad Sostenible, que regule un programa de servicios de transporte público colectivo en Andalucía e infraestructuras, un programa de servicios logísticos y las inversiones para la transición en las aglomeraciones urbanas, entre otras medidas.

    Garantizar al menos 1 punto de recarga rápida (>50 kW) por cada 5.000 habitantes en todos los municipios andaluces antes de 2028.

    Actualizar el Plan Andaluz de la Bicicleta, dotándolo de instrumentos jurídicos y de presupuesto suficiente para su desarrollo y ejecución completa.

    Aprobar el Abono de Transporte Joven con una tarifa plana y única de 20 euros para menores de 30 años para el uso de los distintos medios de transporte público.

    Avanzar de forma progresiva en la recuperación de la gestión pública de las empresas explotadoras del transporte donde la Junta de Andalucía tenga participación, especialmente en los Consorcio de Transportes interurbanos.

  • Creación de Tranvías de competencia andaluza en las comarcas con mayores problemas de movilidad.

    Subvención del 50% de los billetes de tren y autobús a los andaluces emigrantes de vuelta a Andalucía.

    Recuperar la gestión del transporte público según vayan cumpliendo las concesiones de la explotación de las líneas y adaptar estas a las necesidades de la ciudadanía en lugar de a los intereses económicos de las concesionarias.

    Estudiar formas novedosas de oferta de transporte público colectivo en zonas rurales, poblamiento disperso o alejado de los grandes ejes de comunicación, tales como transporte bajo demanda, taxis colectivos, etc., al objeto de permitir el derecho universal a la movilidad.

    Dotar económicamente el Plan Andaluz de la Bicicleta, incidiendo en las infraestructuras propias, especialmente en el uso de la bicicleta en el espacio público compartido.

Financiación autonómica

  • Impulsar un nuevo modelo de financiación autonómica basado en los principios de igualdad, equidad y suficiencia, que tenga en cuenta la población real y las necesidades de los servicios públicos.

    Defender un proceso de reforma transparente y multilateral, en el que todas las comunidades autónomas participen en igualdad de condiciones, sin privilegios ni tratos de favor.

    Reivindicar que junto a la financiación autonómica se aprueba una financiación local justa, que tenga en cuenta la dispersión, la despoblación y los costes reales de los servicios.

    Mientras se aprueba el nuevo modelo, debe crearse un fondo transitorio compensatorio de nivelación que corrija las diferencias actuales de financiación para que las CCAA más perjudicadas puedan prestar sus servicios públicos en condiciones de igualdad.

    La financiación de la sanidad, la educación y los servicios sociales debe quedar protegida en el sistema frente a los ciclos económicos.

  • Apoyar la propuesta del Gobierno de España para un nuevo modelo de financiación autonómica beneficioso para Andalucía, basado en la suficiencia financiera, la equidad entre territorios y la corresponsabilidad fiscal.

    Defender la igualdad entre territorios como principio irrenunciable, evitando modelos que generen privilegios o rompan la cohesión social y territorial de España.

    Rechazar la competencia fiscal a la baja y las políticas fiscales regresivas que debilitan los ingresos públicos.

    Garantizar que la financiación autonómica permita a Andalucía desarrollar plenamente sus competencias y prestar servicios públicos de calidad en condiciones de igualdad con el resto de territorios.

    Establecer un plan plurianual (2026-2030) para saldar la deuda histórica acumulada con los municipios, priorizando a aquellos con menos recursos.

  • Sin propuestas específicas en este ámbito.

  • Un nuevo modelo del Sistema de financiación autonómica que garantice los recursos necesarios para que la ciudadanía disfrute de servicios públicos de calidad y corrija la actual situación de infrafinanciación.

    Mientras que se consigue un nuevo modelo, reclamar un fondo transitorio de compensación por la infrafinanciación, porque Andalucía, así como otros territorios, no puede esperar.

    Condonación de la deuda que tiene la Junta de Andalucía con el Estado central.

    El gasto de inversión del Estado con destino a Andalucía deberá garantizar de forma efectiva el equilibrio territorial, por lo que las inversiones directas del Estado en el Andalucía deben ser proporcionales a su población sobre la del conjunto del Estado.

    Fondo de Compensación Interterritorial: su importe no puede ser inferior al 35% de la inversión del Estado y sus organismos autónomos, ponderada por la población y renta relativa de las comunidades autónomas y ciudades beneficiarias.

  • Reclamar un sistema de financiación autonómico que cumpla con Andalucía: rechazo al principio de ordinalidad, financiación justa, cumplimiento con la deuda acumulada por el sistema actual, cumplimiento de la Disposición Adicional 2ª del Estatuto, fondo transitorio de nivelación.

    Aceptar la propuesta de quita de la deuda del FLA propuesta por el Gobierno del Estado.

    Impulsar una renegociación de los tipos de interés de la deuda contraída con el Gobierno estatal para que el coste de financiación sea realmente tendente al 0%.

    Aumento del peso de fondos territoriales de equidad y compensación que permita dotar de medios a Andalucía para impulsar una política soberana de desarrollo endógeno, ambicioso en el campo del desarrollo sostenible y sin renunciar a una industrialización propia basada en nuevas fuentes de energía.

    Devolución de la deuda histórica del Estado.

Inmigración

  • Estrategia andaluza de política migratoria (diversidad y convivencia), a través de la cual establecer la nueva orientación de las políticas migratorias en los próximos cuatro años, centrado en las oportunidades y la inclusión social de las personas migrantes.

    Plan de Erradicación de Asentamientos (EASEN), para terminar con el chabolismo.

    Favorecer políticas de empleo para la integración laboral, económica y social de las personas migrantes a través de programas de capacitación y certificación profesional.

    Continuar exigiendo al Gobierno de España el reconocimiento de Andalucía como frontera sur a efectos migratorios habilitando fondos extraordinarios frente a la migración irregular, en igualdad de condiciones que la comunidad de Canarias, Ceuta, Melilla o Baleares.

    Reforzar la colaboración con los sectores económicos que apuesten por la migración circular y la contratación en origen, mejorando el servicio de medicación sociocultural y los programas de atención a estos trabajadores.

  • Desarrollar una política migratoria integral basada en la coordinación institucional, la planificación, la suficiencia presupuestaria y la corresponsabilidad entre administraciones.

    Defender en el ámbito europeo una política migratoria común que combine solidaridad entre territorios, financiación suficiente para regiones frontera y respeto al derecho de asilo y refugio.

    Atender con especial protección a los menores extranjeros no acompañados y a las mujeres migrantes, reforzando los sistemas de acogida, la protección jurídica y los recursos específicos.

    Reforzar los recursos de acogida para garantizar condiciones dignas desde el primer momento, evitando situaciones de exclusión o desprotección.

    Reforzar los programas de acogida educativa para el alumnado extranjero, especialmente en procesos de reagrupación familiar, para facilitar su integración y prevenir el abandono escolar.

  • Poner fin a cualquier partida destinada al fomento o financiación de "chiringuitos y/o ONG que promuevan la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos", o colaboren con las mafias de tráfico de personas, así como a cualquier presupuesto destinado a la cooperación al desarrollo desde el ámbito autonómico.

    Prioridad nacional en el acceso a los servicios públicos y a todas las ayudas sociales. Impulsar las modificaciones legales para que cualquier ayuda social esté vinculada a la residencia legal y no al mero empadronamiento.

    Oponerse con todos los medios disponible a la instalación en Andalucía de cualquier centro de acogida de inmigrantes ilegales o de "menas". Promover el cierre de todos los centros de inmigrantes ilegales "abiertos por el bipartidismo". Hasta su cierre definitivo, ubicar los centros ya existentes en zonas alejadas de núcleos urbanos.

    Tolerancia cero con cualquier forma de islamismo en Andalucía, defendiendo su identidad, costumbres y los valores y cultura propios de la civilización occidental, remarcando también el deber de los inmigrantes de respetarlos.

    Impulsar reformas legales para impedir cualquier fraude en expedientes de extranjería o solicitudes de asilo por parte de inmigrantes ilegales.

  • Combatir la criminalización contra la población migrante y, en particular, contra los menores no acompañados, así como aumentar el número de profesionales que atienden a estos menores y poner en marcha un protocolo homogéneo de atención.

    Implementar un programa social de transición para los menores extranjeros no acompañados una vez cumplida la mayoría de edad con medidas de acompañamiento, vivienda, inserción socio laboral.

    Asegurar que el Servicio Andaluz de Empleo priorizará entre sus objetivos la superación de la segregación ocupacional y laboral. En este sentido, se prestará especial atención a la discriminación y sobreexplotación de las mujeres migrantes y con discriminaciones múltiples, favoreciendo su plena integración social y laboral.

    Programa, en colaboración con el sector empresarial concernido y los ayuntamientos del entorno, para erradicar los asentamientos chabolistas de temporeras en Huelva y Almería, dotando de alojamientos dignos a las trabajadoras que resultan esenciales para el desarrollo de la actividad.

    Crear un Observatorio Penitenciario, de Migraciones y Frontera Sur, que vele y garantice el cumplimiento de los Derechos humanos.

  • Creacion de un Observatorio Andaluz contra el racismo y la xenofobia, independiente y autónomo de los ciclos electorales.

    Garantizar el acceso al sistema público sanitario para todas las personas residentes en Andalucía, independientemente de su situación administrativa.

    Creación de una figura de Mediador Intercultural en el Consejo Municipal de Migraciones.

    Mejorar la gestión del trinomio inmigración-crisis-campo andaluz. Hay que acabar con situaciones como las que se están viviendo en los últimos años en los que personas extranjeras en situación regular e irregular malviven en condiciones inhumanas en campamentos.

    Garantizar que la gestión de los recursos andaluces destinados para la protección y la atención a la infancia no acompañada sean transparentes a la vez que se les pueda hacer un seguimiento exhaustivo de su funcionamiento.

Cultura

  • Demandar al Gobierno de la Nación impulsar un Plan de Modernización de las Infraestructuras Culturales, con dotación presupuestaria suficiente para invertir en los museos, archivos y bibliotecas de titularidad estatal y gestión autonómica.

    Continuar colaborando con el Gobierno de la Nación en la ampliación del Museo de Bellas Artes de Sevilla en el Palacio de Monsalves y la culminación del Museo Arqueológico.

    Desarrollo de la nueva Ley de Patrimonio Cultural de Andalucía mediante la redacción y aprobación de su Reglamento.

    Plan General Estratégico del Flamenco en Andalucía, con el objetivo de proteger, fomentar y profesionalizar este arte declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

    Poner en marcha el Programa Andaluz de Formación Taurina, orientado a coordinar y fortalecer la red de escuelas taurinas, con mayores recursos y herramientas.

  • Gran Plan Andaluz de Transformación Cultural, concebido como una política estructural y no coyuntural, que dinamice todos los sectores creativos y culturales con financiación estable.

    Crear el Estatuto Andaluz del Sector Cultural como marco legal propio para reconocer la singularidad del trabajo cultural, garantizar derechos laborales y sociales y mejorar la protección.

    Aprobar la Ley Andaluza del Mecenazgo para impulsar la implicación de la sociedad civil y del tejido económico en el apoyo y financiación de iniciativas culturales.

    Bono Cultural de Andalucía Joven que complemente el del Gobierno de España, como una política de derechos culturales.

    Reducir los precios de acceso a todos los espacios y espectáculos culturales de la Junta de Andalucía, reforzando las reducciones para jóvenes, estudiantes y personas en desempleo.

  • Proteger todas las festividades religiosas de la cultura cristiana occidental frente a la ofensiva ideológica de la izquierda y las políticas globalistas.

    Impulsar la consideración del patrimonio histórico-cultural andaluz como Patrimonio Universal, empezando por el gran legado histórico, monástico, conventual y defensivo de Andalucía e impulsando la revitalización y la proyección exterior de enclaves emblemáticos de todas sus provincias.

    Exigir en Andalucía la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de todos los bienes históricos y artísticos amenazados por las leyes de memoria histórica.

    Defender los festejos taurinos frente a la ofensiva ideológica de la izquierda y las políticas globalistas.

    Preservar, estudiar y difundir el legado poético, literario y ensayístico que Andalucía ha aportado a la lengua española y al conjunto de la cultura hispánica.

  • Bono cultural para todas las iniciativas culturales dependientes de la Junta de Andalucía y eliminar las tasas para la entrada, el uso y la cesión de los espacios museísticos.

    Desarrollar la Ley de Cine y la Ley Audiovisual de Andalucía, cuyo desarrollo ha sido incumplido por el gobierno andaluz a pesar de haber sido aprobadas por unanimidad.

    Desarrollar la ley del flamenco en toda su extensión promoviendo el estudio y el fomento del conocimiento de nuestro arte más representativo. Implantaremos la didáctica del flamenco en los centros de enseñanza y crear el conservatorio superior de flamenco para impartir el flamenco como enseñanza reglada.

    Crear el Instituto Federico García Lorca para la proyección y difusión de la cultura andaluza en el mundo, como contribución a la conmemoración del centenario de la Generación del 27.

    Tauromaquia: no emitir festejos taurinos en la radiotelevisión pública andaluza, evigtar todo tipo de subvenciones públicas y campañas publicitarias, prohibir la asistencia a las corridas de toros a los menores de 16 años.

  • Recuperación de RTVA como "la nuestra": Garantizar la estabilidad de todo el personal de la RTVA, protegiendo sus derechos, independencia editorial, dirección nombrada por criterios técnicos y periodísticos, aumento de la producción propia. Aumento de personal.

    Crear una red de salas de concierto y/o artes escénicas para promover y ayudar a los nuevos talentos así como favorecer un modelo cultural más sostenible, que reparta la riqueza y genere empleo.

    Crear una escuela pública de cine andaluz para favorecer el estudio, la captación de talento, la formación y el desarrollo del cine andaluz.

    Reclamación de la devolucion de las obras de arte andaluzas que están fuera de Andalucía.

    Crear una asignatura de Cultura e Historia de Andalucía en Primaria, Secundaria y en las carreras de letras e igualmente proteger las asignaturas de Humanidades del currículo escolar andaluz.

Jóvenes

  • Promover la actividad emprendedora y la empleabilidad juvenil de calidad, continuando con la concesión de incentivos a personas jóvenes emprendedoras, andaluzas o residentes en Andalucía, para que pongan en marcha proyectos empresariales en nuestra comunidad.

    Continuar ofreciendo las ayudas al Inicio de Actividad y la Cuota Cero para que los jóvenes menores que se establezcan como trabajadores autónomos no tengan que pagar cuotas a la Seguridad Social durante el primer año de actividad.

    Incentivos a la contratación indefinida de jóvenes menores de 30 años, propiciando con ello mayor estabilidad y luchando contra la precariedad.

    Nuevo plan de primera oportunidad que aumente los recursos puestos a disposición de los jóvenes para facilitar el acceso a un primer empleo.

    Ampliar el parque público de vivienda para menores de 35 años, con una reserva específica de VPO tanto en alquiler como en propiedad.

  • Crear un Fondo Público de Emancipación Juvenil que permitirá a menores de 35 años adquirir su primera vivienda habitual mediante préstamos públicos a interés cero que cubran hasta el 20% del valor del inmueble.

    Garantizar que el esfuerzo económico destinado a la vivienda no supere el 30% de los ingresos de las personas jóvenes, mediante un sistema de ayudas directas moduladas por nivel de renta, situación personal y territorio.

    Estudiar la implantación de una Herencia Universal Andaluza, como dotación económica pública al inicio de la vida adulta, destinada a formación, emprendimiento o emancipación.

    Desarrollar una Renta Joven de Transición, que garantice ingresos en momentos de cambio (formación, búsqueda de empleo, emprendimiento), evitando exclusiones.

    Plan Integral de Empleo Joven, con itinerarios personalizados, atención individualizada y coordinación entre servicios públicos de empleo y tejido productivo.

  • Prioridad nacional para los jóvenes en el acceso a ayudas vinculadas en ámbitos como el empleo o la vivienda, garantizando que los recursos públicos beneficien en primer lugar a los jóvenes españoles y a las familias que desean arraigar en Andalucía.

    Promover el establecimiento de un modelo único de Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y una solicitud única, en todo el territorio nacional, de acceso a la universidad para todos los estudios de educación superior con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades de los jóvenes andaluces.

    Combatir el paro juvenil también mediante la implantación de la prioridad nacional en el acceso a las ayudas relacionadas con la inserción laboral y la búsqueda activa de empleo.

    Colaborar con los Ayuntamientos para el acompañamiento, asesoramiento, y asistencia a aquellos jóvenes que deseen aplicar y desarrollar su talento en nuestra tierra mediante herramientas digitales que agilicen los trámites administrativos y otorguen facilidades al emprendimiento.

    Apoyar a los emprendedores jóvenes del ámbito rural mediante la simplificación administrativa, la reducción de cargas fiscales y la conexión directa con la oferta formativa y tecnológica.

  • Desarrollar de forma inmediata un Programa de Empleo Juvenil con medidas directas y transversales en cada una de las políticas activas de empleo a desarrollar con el objetivo de reducir en un año a la mitad el desempleo juvenil en Andalucía, dotado con 250 millones de euros.

    Garantizar una oferta individualizada y de calidad de empleo, autoempleo, periodo de prácticas remuneradas o acción formativa, para todos los jóvenes menores de 30 años, en un plazo no superior a 4 meses, tras haber finalizado su formación o iniciar el desempleo.

    Aprobar un plan de vivienda digna que garantice la emancipación efectiva de los jóvenes en Andalucía, que contemple la creación de un parque público de viviendas en alquiler que alcance la media europea, cuyo precio se establezca en función de los ingresos y que no suponga más del 20% de los ingresos de la persona arrendada.

    Aprobar el Abono de Transporte Joven con una tarifa plana y única de 20 euros para menores de 30 años para el uso de los distintos medios de transporte público: metro, cercanías, autobuses urbanos e interurbanos, que permita moverse dentro de cada provincia.

    Crear el Bono Joven destinado a jóvenes de entre 18 y 24 años, para que se utilice en contratar conexiones a Internet, ya sea a través del móvil o domésticas, o en transporte público, incluyendo la red ferroviaria o los servicios de transporte público metropolitano.

  • Ley de bienestar emocional para jóvenes: Creación de los "Centros con calma" en distritos y pueblos para garantizar el acompañamiento emocional especializado para jóvenes.

    Suelo del 1% del presupuesto a políticas de juventud.

    Apostar por los Planes Integrales de Juventud como la herramienta institucional central para el desarrollo de las políticas de juventud. Estos planes deben ser la herramienta que permita coordinar el trabajo entre todas las instituciones con competencias en políticas juveniles, y llevarán siempre la garantía de financiación conjunta.

    Crear un Carnet Joven 4.0 como herramienta para desarrollar algunas de las políticas juveniles más cercanas a la ciudadanía. Para ello será imprescindible renovar en forma y contenido el Carnet Joven, con carácter virtual y en forma de app para smartphones.

    Impulsar las Casas de la Juventud, en coordinación con Ayuntamientos y Diputaciones, renovando las instalaciones y abriendo procesos participativos para el diseño de los espacios y de la oferta de actividades.

Feminismo

  • Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2022-2028 y aprobar un nuevo Plan Estratégico con objeto de incorporar las directrices, los objetivos estratégicos y las líneas básicas de intervención.

    La Marca Andaluza de Excelencia en Igualdad seguirá promoviendo y reconociendo a las empresa comprometidas con la igualdad.

    Fomentar la formación y asesoramiento para la elaboración de planes de igualdad a través de la plataforma de teleformación EQUIPA.

    Programas dirigidos específicamente a la integración social y laboral de mujeres víctimas de violencia de género, en colaboración con entidades especializadas y desde el Servicio Andaluz de Empleo.

    Mantener y desplegar nuevas alianzas contra la violencia hacia las mujeres entre Administraciones, Universidades, colegios profesionales, entidades y empresas.

  • Crear una Consejería de Igualdad entre mujeres y hombres con competencias transversales en el conjunto del Gobierno andaluz, que garantice la integración efectiva de la perspectiva de género.

    Aprobar en los primeros 12 meses de legislatura una Estrategia Andaluza de Igualdad 2026-2030, con objetivos evaluables, indicadores públicos y sistemas de seguimiento.

    Reactivar en los primeros 3 meses de legislatura el Pacto Andaluz por la Igualdad y contra la Violencia de Género, dotándolo de financiación propia y medidas calendarizadas.

    Eliminar los dispositivos institucionales que desvirtúan el marco de la violencia de género, expresamente el teléfono de violencia intrafamiliar.

    Consolidar una Red de Centros de Crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual en todo el territorio andaluz, garantizando atención inmediata y segura.

  • Superar las leyes de género, que no han contribuido con eficacia a proteger a las mujeres o reducir el número de víctimas, sino a crear toda una industria del género que ha disparado el despilfarro.

    Limpiar las calles de inseguridad, especialmente para las mujeres andaluzas.

    Apoyar a las mujeres para que no sufran presiones tras el embarazo y el cuidado de hijos pequeños. Impedir la existencia de cualquier cuota o preferencia en la contratación pública que discrimine por razones sexuales.

    Promover el agravamiento de las sanciones penales por agresiones físicas y sexuales a mujeres- y la deportación inmediata de los infractores extranjeros.

    Defender el deporte femenino y la integridad de las categorías femeninas frente a la imposición de hombres que se autoperciben como mujeres.

  • Crear la Consejería de Feminismo e Igualdad para gestionar todas las políticas feministas y asegurar una mirada transversal en el resto de políticas.

    Dar cumplimiento al plan de igualdad retributiva, con la inversión pública necesaria, para acabar con la brecha salarial, la precariedad en el empleo y el techo de cristal.

    Fijar una cláusula social en los contratos públicos donde se garantice que la Administración no contratará con empresas en las que exista segregación ocupacional, precariedad femenina o brecha salarial.

    Asegurar el cumplimiento y desarrollo de la Ley de Violencia de Género de Andalucía, con dotación presupuestaria suficiente y recursos para todos los municipios de Andalucía.

    Crear un Observatorio de la Violencia Machista Psicológica en Andalucía, que reconozca, estudie y haga seguimiento cuantitativo y cualitativo de las situaciones de violencia machista psicológica que se produzcan en Andalucía.

  • Paralización de cualquier financiación pública a organizaciones contra los derechos reproductivos de las mujeres.

    Creación de una Consejería de Feminismos, con incremento del presupuesto para la lucha contra las violencias machistas.

    Eliminación del teléfono de violencia intrafamiliar, un "chiringuito impuesto por Vox contra el 016".

    Asignar el 5% del total del presupuesto autonómico para para políticas feministas, asignado de manera trasversal en todos los programas e inversiones, en desarrollo efectivo de la Ley de Igualdad.

    Elaborar una Ley y un Plan de igualdad retributiva en la administración andaluza y entes instrumentales de la Junta de Andalucía que permita avanzar hacia el fin de la brecha salarial de género, tener acceso a información sobre los niveles salariales desglosados por sexo, incluyendo complementos, así como cláusulas sociales de contratación atentas al género.

LGTBIQ+

  • Seguir fomentando los espacios libres de LGTBIfobia como fórmula de sensibilización y de respeto hacia la diversidad.

    Continuar con el impulso en la formación a profesionales de los distintos sectores públicos y privados así como a entidades sin ánimo de lucro bajo el marco de la I Estrategia para la Igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares.

    Seguir fomentando la sensibilización y la formación de las personas, entidades y administraciones públicas a través del Congreso Internacional LGTBI de Andalucía.

  • Crear una Dirección General específica de diversidad LGTBI en la estructura de la Junta de Andalucía, que garantice liderazgo político, transversalidad y capacidad real de intervención.

    Impulsar una Ley Andaluza de Derechos de las Personas Intersex, basada en el respeto a los derechos humanos y la no patologización.

    Crear una oficina autonómica de defensa frente a la LGTBIfobia, con funciones de acompañamiento, mediación, asesoramiento jurídico y seguimiento de casos.

    Incorporar de forma transversal la realidad LGTBI en el currículo educativo andaluz en todas las etapas, desde Infantil hasta Bachillerato.

    Crear Centros de Referencia y Programas de Atención Integral para personas mayores LGTBI en todo el territorio, garantizando una atención social y sanitaria libre de discriminación.

  • Promover la superación de la Ley 8/2017 LGTBI de Andalucía, por pretender "el borrado de las mujeres" y no buscar la igualdad efectiva de derechos, sino el adoctrinamiento, la división y el enfrentamiento.

    Dar a los padres autoridad para conocer y aceptar previamente cualquier contenido de carácter moral o afectivo-sexual que se imparta en el aula.

  • Impulsar el Observatorio Andaluz de la Violencia contra personas LGTBIQ+, así como la creación de una Comisión específica en el seno del Consejo andaluz LGTBIQ+ para el estudio de medidas contra los delitos de odio.

    Garantizar que el Gabinete Jurídico de la Junta se persone en todos los procedimientos judiciales relativos a delitos de odio en Andalucía.

    Aplicar la transversalidad del enfoque LGTBIQ+ en todas las políticas públicas autonómicas, que aborden la empleabilidad de las personas trans, la infancia LGTBIQ+ y el apoyo a las familias monomarentales y monoparentales.

    Promover la creación de casas de acogida para personas LGTBIQ+ en riesgo de exclusión, priorizando a mujeres trans, hombres trans y personas no binarias, especialmente cuando, además, sean migrantes y/o de etnia gitana.

    Impulsar la creación de residencias públicas de mayores LGTBIQ+, en paralelo a la acreditación de centros residenciales ya existentes como espacios libres de LGTBIQfobia, garantizando formación obligatoria del personal en diversidad sexual y de género.

  • Plan para la eliminación de la LGTBIQfobia: celebración del orgullo lgtbiq+ en los centros educativos, refuerzo de las medidas para atender al alumnado LGTBIQ, protección de las personas afectadas por delitos de odio, medidas para garantizar los derechos de las personas LGTBIQ en las residencias de mayores.

    Reforzar el régimen sancionador frente a conductas LGTBIfóbicas, garantizando procedimientos ágiles y accesibles para denunciar situaciones de discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género.

    Crear un Observatorio Andaluz contra la LGTBIfobia que permita recopilar datos, elaborar informes periódicos y proponer medidas para combatir la discriminación.

    Garantizar la formación obligatoria en diversidad sexual y de género para el personal de la administración pública andaluza, especialmente en sanidad, educación, servicios sociales, justicia y fuerzas de seguridad.

    Crear o reforzar el Consejo Andaluz LGTBIAQ+ como órgano consultivo y de participación de asociaciones, entidades sociales y personas expertas.

Vida y familia

  • Continuar impulsando el enfoque de familia en toda la normativa andaluza. De forma especial, se implementará un sistema metodológico para identificar el alcance de cómo afectan a las familias los diferentes programas presupuestarios gestionados por el gobierno andaluz.

    Fomentar la financiación de programas dirigidos al asesoramiento, apoyo y acompañamiento de mujeres embarazadas de familias más vulnerables.

    Seguir trabajando en la mejora de la tramitación de los procedimientos administrativos de los títulos de familias numerosas así como para parejas de hecho.

    Continuar impulsando los Premios Familias Andaluzas como medida de sensibilización sobre el valor de la familia y su papel esencial en la cohesión social.

    Continuar impulsando el instrumento de la mediación familiar en Andalucía como herramienta que favorezca su cohesión y bienestar emocional.

  • Garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, asegurando la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública en todas las provincias andaluzas.

    Impulsar una prestación universal por crianza como derecho de ciudadanía, destinada a garantizar que todas las familias cuenten con un apoyo económico estable desde el nacimiento.

    Crear el Fondo Andaluz de Garantía para el Pago de Pensiones Alimenticias, que asegure el abono de las prestaciones a favor de mujeres e hijos e hijas en caso de incumplimiento.

    Programa de transición y acompañamiento familiar, estableciendo itinerarios personalizados cuando los cuidados en el hogar dejan de ser viables, garantizando alternativas que prioricen la continuidad de los vínculos familiares.

    Impulsar una red pública de servicios de apoyo a la crianza, la conciliación y la igualdad de oportunidades educativas, con especial incidencia en el mundo rural.

  • Fomentar la natalidad con incentivos fiscales, como rebajas fiscales para las familias en función del número de hijos y de la renta per cápita familiar junto con tasas y precios públicos especiales.

    Rebajar la consideración de familia numerosa especial a tres hijos, con todos los derechos que ello implica.

    Impulsar políticas que respeten la libre decisión de las mujeres de ser madres, revirtiendo la brecha maternal para garantizar la igualdad de oportunidades, limitar los costes para el empresario derivados del embarazo y de cualquier baja relacionada con la maternidad y fomentar la reincorporación de la mujer al trabajo tras el embarazo.

    Impulsar una ampliación de las líneas de ayuda directas a las familias, estableciendo de manera clara y expresa la prioridad nacional en el acceso a estas.

    Deducciones específicas para las familias, como su inclusión en el tramo de ingresos más favorable o en las ayudas a la entrada de una vivienda.

  • Garantizar el acceso universal a métodos anticonceptivos y al aborto en la sanidad pública.

    Desarrollar y aprobar una Ley de Familias Monomarentales, que reconozca, defina y regule el modelo familiar de las madres solteras, sentando las bases para alcanzar una igualdad real y efectiva.

    Complemento al Ingreso Mínimo Vital, corrigiendo las discriminaciones en las que estas familias se ven afectadas, teniendo así el acceso a esta ayuda de emergencia social las familias monomarentales en situación de mayor riesgo social.

    Defender e impulsar, en coordinación con el Gobierno de España, una prestación universal por crianza como herramienta estructural contra la pobreza infantil; mientras llega, crear un complemento autonómico focalizado en hogares bajo umbral de pobreza (ventanilla única y tramitación ágil).

    Ayuda para contar con apoyo domiciliario en los cuidados, tanto servicios de ayuda a domicilio que atiendan a las familias monomarentales como ayudas económicas para contar con apoyos remunerados.

  • Garantía del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Se garantizará en la Sanidad pública, en todas las provincias y con todas las garantías sanitarias y de acompañamiento psicosocial.

    Desarrollar un Plan de apoyo a madres y padres jóvenes para garantizar que el cuidado de sus hijas e hijos sea compatible con la carrera profesional y con el comienzo y continuación de sus estudios.

    Garantizar que las instituciones y administraciones públicas andaluzas se dirijan y asuman todas las estructuras y modelos familiares que existen en Andalucía.

    Llevar a cabo medidas que favorezcan la corresponsabilidad doméstica y el reconocimiento del trabajo reproductivo, que es realizado mayoritariamente por mujeres. Garantizar servicios de ludoteca o canguraje públicos para familias con pocos recursos especialmente para familias monomarentales.

Conciliación

  • Pacto Andaluz por la Conciliación y la Corresponsabilidad para favorecer y consolidar un cambio de cultura necesario e incorporando programas y campañas de sensibilización que permitan a las mujeres y sus familias conciliar la vida familiar, personal y laboral.

    Avanzar hacia un modelo de conciliación adaptado a la realidad del emprendimiento y la pequeña empresa, para evitar que iniciar o mantener un proyecto empresarial suponga renunciar a la vida familiar.

    Continuar promoviendo la Red Andaluza de Entidades Conciliadoras (RAEC), formada por más de 600 entidades, y fomentaremos un espacio en el que compartir experiencias y nuevos proyectos.

    Seguir desarrollando programas a través de entidades locales, entidades sin ánimo de lucro y universidades que faciliten la conciliación y fomenten la corresponsabilidad en las familias.

  • Financiar programas municipales de conciliación y corresponsabilidad para la atención de menores de hasta 16 años y de personas con discapacidad, mediante un fondo autonómico específico que garantice el acceso universal a servicios de cuidados.

    Ampliar y reforzar el sistema público de atención a menores, incrementando la oferta de escuelas infantiles, actividades extraescolares, aulas matinales y ludotecas.

    Impulsar medidas de flexibilidad laboral, desconexión digital y corresponsabilidad, promoviendo un reparto más equilibrado del tiempo de trabajo y de cuidados, y favoreciendo que la conciliación deje de ser una penalización casi exclusiva para las mujeres.

    Establecer permisos parcialmente retribuidos que permitan compatibilizar vida personal y desarrollo profesional, porque conciliar no puede ser un privilegio sino un derecho.

    Fomentar la incorporación de hombres en los sectores vinculados a los cuidados para avanzar hacia una distribución equilibrada de las profesiones, promoviendo la mejora de condiciones mediante cláusulas sociales.

  • Fomentar la posibilidad del teletrabajo para los empleados con hijos menores de 14 años que lo requieran debido a necesidades familiares.

    Marco específico de apoyo financiero para deportistas que son madres, incluyendo becas, subvenciones y ayudas a fondo perdido durante el embarazo, adopción o post-maternidad, promoviendo la conciliación de su carrera deportiva con su desarrollo personal y familiar.

    Apoyar la conciliación de la vida personal y laboral de aquellos trabajadores por cuenta propia que cuenten con menores a cargo, especialmente de aquellas mujeres que disfrutan de su maternidad.

    Plan específico de conciliación en el deporte para menores y familias, con horarios más racionales, apoyo al transporte y coordinación entre centros educativos, clubes y ayuntamientos.

    Mejorar las deducciones fiscales por gastos de cuidado y conciliación.

  • Aprobar el Plan "Trabajar para vivir", con medidas encaminadas a garantizar la conciliación laboral, la incorporación de programas de deporte en ámbitos laborales, el fomento del teletrabajo (tanto en el sector público como el privado) y con partidas presupuestarias orientadas a investigar la implantación de la jornada de cuatro días.

    Creación de políticas de la redistribución de los usos del tiempo en el empleo y en la vida privada y familiar, entendiendo que para esta transformación de nuestra sociedad es necesaria la plena incorporación de los hombres a las tareas de cuidados, pero también la de una Administración Pública Andaluza corresponsable.

    Desarrollar, especialmente en el medio rural, una red pública que garantice los cuidados necesarios para la conciliación.

    Alentar a los hombres, mediante la capacitación y la educación, a que participen plenamente de los cuidados y el apoyo a otras personas, incluidas sus parejas, las personas mayores, con discapacidad o dependientes, niños y niñas y a otros miembros de la familia a su cargo.

    Ampliar la apertura de centros por la tarde, aula matinal y actividades extraescolares hasta cubrir la demanda real.

  • Ampliar las bajas por paternidad/maternidad a un total de 18 meses. Apoyar económicamente a las familias que quieran afrontar los primeros años de cuidado de las hijas e hijos hasta los 3 años de edad.

    Plan de protección a los autónomos: medidas para garantizar derecho a vacaciones, garantizar permisos de maternidad/paternidad, ventanilla única y asesoría pública para trámites burocráticos.

    Mayor flexibilización de la jornada laboral para avanzar en la conciliación de la vida familiar y laboral. Medida de flexibilización de la jornada laboral obligatoria del personal de oficina de la Junta de Andalucía y sus entes instrumentales, la jornada obligatoria será de 9:30 a 13:30 y el resto de la jornada laboral se podrá realizar de manera flexible dentro del año natural en cómputo anual.

    Aumento de los permisos de maternidad y paternidad a seis meses en el corto plazo y a un año (a largo plazo) en el sector público andaluz.

    Establecer un marco regulatorio más eficaz que permita adecuar las condiciones de la actividad del comercio en los municipios que tengan reconocida zonas de especial afluencia, con las medidas que permitan la conciliación laboral de las personas que trabajan por cuenta ajena en el comercio.

Despoblación

  • Aprobar la Ley de Desafío Demográfico y Desarrollo Rural, incorporando el mecanismo de garantía rural para evaluar el impacto territorial de las políticas.

    Consolidar la Estrategia frente al Desafío Demográfico como instrumento transversal de planificación.

    Impulsar el portal “Vive Andalucía†como herramienta de reequilibrio de población, que atraiga nuevos residentes hacia municipios con prioridad demográfica y alivie la sobre tensión en las grandes ciudades.

    Crear, junto a la Consejería de Fomento, un verdadero mercado de vivienda el ámbito rural, a través de un Plan de vivienda de Alquiler, en colaboración con ayuntamientos y diputaciones, para facilitar el asentamiento de 3.000 nuevos residentes al año en municipios prioritarios.

    Mantener y ampliar incentivos fiscales para municipios pequeños y en riesgo de despoblación.

  • Presentar una Ley de Derechos, Servicios Rurales y Reto Demográfico de Andalucía que garantice el acceso a servicios básicos en todos los pueblos de Andalucía y los doten de más oportunidades.

    Crear un Fondo de Cohesión Rural contra la Despoblación, de carácter estructural, estable y con criterios de gestión transparentes, para asegurar inversiones en transporte, conectividad, empleo y servicios básicos.

    Garantizar que toda iniciativa normativa de la Junta de Andalucía incorpore un informe preceptivo de impacto poblacional, que evalúe sus efectos sobre el equilibrio territorial y la cohesión social.

    Incorporar criterios de repoblación y equilibrio territorial en la gestión de los recursos humanos públicos, integrando la comisión de servicio por repoblación en la asignación de destinos.

    Desarrollar un programa integral de dinamización económica rural, que combine la captación de inversiones, el apoyo al emprendimiento y la puesta en marcha de proyectos empresariales en municipios con reto demográfico, incluyendo un banco de ideas de negocio adaptadas al medio rural y un sistema de incentivos públicos para facilitar su implantación.

  • Garantizar la prestación efectiva de servicios básicos esenciales en todos los municipios de Andalucía mediante el mantenimiento de consultorios médicos locales y servicios de atención primaria itinerante con periodicidad mínima semanal, la garantía de escolarización en el propio municipio o en municipios próximos con transporte escolar gratuito y el despliegue de fibra óptica y cobertura móvil de alta velocidad.

    Ampliar las bonificaciones fiscales en todos los impuestos autonómicos con capacidad normativa para quienes residan de forma efectiva y desarrollen una actividad económica en municipios despoblados.

    Promover incentivos reales, como deducciones fiscales para quienes fijen su residencia en municipios de menos de 3.000 habitantes.

    Impulsar el relevo generacional con ayudas e incentivos fiscales para que los jóvenes vean atractivo emprender y asentar su proyecto de vida en zonas más despobladas.

    Plan de Inversiones para el medio rural, promoviendo inversiones prioritarias como la rehabilitación de viviendas o la mejora de infraestructuras y previendo beneficios fiscales a mantener el centro de trabajo en municipios pequeños durante un mínimo de años.

  • Garantizar la igualdad del derecho de acceso a los servicios públicos en todo el territorio andaluz.

    Culminar la Estrategia Andaluza por el Reto Demográfico incluyendo las conclusiones del Grupo de Trabajo relativo a estrategia andaluza frente al reto demográfico constituido en el Parlamento de Andalucía.

    Aprobar el Plan Andaluz por la Atención Sanitaria en la Andalucía Rural y de Interior, desde el que se duplique el personal que atiende en los consultorios médicos -con especial atención al servicio de pediatría- y los efectivos de emergencias, para cumplir con las ratios de atención sanitaria las 24 horas en toda Andalucía.

    Recuperar y mantener las líneas educativas en todo el territorio de Andalucía, y disminuir las ratios necesarias para la prestación de actividades extraescolares esenciales que favorezcan el desarrollo de políticas de conciliación familia.

    Llevar a cabo una política de incentivos a la instalación de empresas, con especial atención al sector industrial y energético sostenible que se instalen en municipios que vienen perdiendo población.

  • Puesta en valor de la educación rural y equilibrio territorial. El blindaje de la Pública debe llegar también a los pueblos.

    Estudiar la situación de las pedanías de Andalucía estableciendo, en colaboración y coordinación con las administraciones locales, mecanismos y políticas para su desarrollo en materia de despoblación, carencia de servicios o dificultades de comunicación.

    Desarrollar un plan de asistencia sanitaria rural que garantice la cobertura de las y los profesionales sanitarios en las zonas rurales de Andalucía en los próximos años y proponga un modelo de contratación sostenible que no someta a estas áreas al déficit de profesionales.

    Establecer la obligatoriedad de la implantación de una red de cajeros y oficinas bancarias en el mundo rural andaluz para luchar contra la exclusión financiera.

    Elaborar un plan andaluz de desarrollo del ámbito rural que fomente el mantenimiento y la creación del empleo rural, apoye al relevo generacional y aporte un nuevo tejido productivo en las comarcas agrícolas de Andalucía.

Descubre y compara los programas electorales de los principales partidos que se presentan a las elecciones en Andalucía el 17 de mayo de 2026. Este comparador incluye los programas de las formaciones que obtuvieron representación en el Parlamento de Andalucía en la convocatoria electoral precedente, en junio de 2022. Puedes consultar también las propuestas íntegras de estos partidos en pdf o accediendo a su sitio web.