El Gobierno y la Iglesia aplazan la firma del mecanismo para indemnizar a las víctimas de abusos prescritos
- Fuentes de ambas partes aseguran que la firma de este protocolo se está "ultimando"
- El Gobierno y la Conferencia Episcopal anunciaron en enero un acuerdo histórico para reparar a las víctimas de abusos
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El Gobierno, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) siguen negociando los detalles del mecanismo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales que ya hayan prescrito y aplazan la firma prevista para este jueves.
Tal y como han confirmado fuentes conocedoras a la agencia ACN, tanto desde el episcopado como desde el Ejecutivo indican que no hay fecha en estos momentos para la firma de este protocolo, pero que se está "ultimando". Esto, pese a que se daba por sentado que el entendimiento debía ser inminente, visto el acercamiento escenificado entre la Iglesia católica y el Gobierno.
"Nosotros seguimos trabajando y creemos que el acuerdo está cerca", apuntan fuentes de la Conferencia Episcopal. Por su parte, la CONFER ha reafirmado este jueves su voluntad de cerrar un acuerdo que ven ya "muy avanzado" y en el que también participa el Defensor del Pueblo.
Este camino de reconocimiento y reparación a las víctimas debe ser complementario al mecanismo PRIVA que ya ha creado el episcopado, pero que no acaba de satisfacer las reclamaciones de algunos afectados. "Queremos reparar el daño a las víctimas de abusos sexuales ya prescritos y seguimos trabajando para firmar un protocolo próximamente", concluyen desde la organización de religiosos y monjas.
Acuerdo histórico entre el Gobierno y la Iglesia católica
El retraso en la firma llega después de que el Gobierno y la Iglesia católica anunciaran en enero de este mismo año un acuerdo histórico para la reparación y el reconocimiento de las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica a través del Defensor del Pueblo en aquellos casos en que ya no es posible la vía judicial bien por la prescripción del delito o por el fallecimiento de la agresión.
Según este acuerdo, se trata de un sistema mixto en el que participan la Iglesia, el Estado y las víctimas, que lo hacen de forma individual y colectiva a través de las asociaciones en el que la última palabra la tendrá el Defensor del Pueblo en el que las reparaciones económicas correrán a cargo de la Iglesia y que estarán exentas del pago del impuesto sobre la renta.
Las medidas de reparación previstas en el marco de este acuerdo tendrán una vigencia de un año, que se podrá prorrogar otro más si las partes así lo acuerdan. Este plazo anual empezará a computar a partir de la fecha en que la Iglesia católica, el Defensor del Pueblo y el Ministerio de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes firmen el Convenio de Colaboración para dar cumplimiento a las recomendaciones del Defensor del Pueblo.
