El Gobierno y la Iglesia llegan a un acuerdo para la reparación y reconocimiento de las víctimas de abusos sexuales

• Las reparaciones económicas irán a cargo de la Iglesia y estarán exentas del impuesto sobre la renta
• El Defensor del Pueblo hará las propuestas de reparación a las víctimas y tendrá la última palabra en el proceso

El Gobierno y la Iglesia llegan a un acuerdo para la reparación y reconocimiento de las víctimas de abusos sexuales

El Gobierno, la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos han alcanzado un acuerdo histórico para la reparación y el reconocimiento de las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica a través del Defensor del Pueblo en aquellos casos en que ya no es posible la vía judicial bien por la prescripción del delito o por el fallecimiento de la agresión.

Se trata de un sistema mixto en el que participan la Iglesia, el Estado y las víctimas, que lo hacen de forma individual y colectiva a través de las asociaciones en el que la última palabra la tendrá el Defensor del Pueblo en el que las reparaciones económicas correrán a cargo de la Iglesia y que estarán exentas del pago del impuesto sobre la renta, tanto aquellas que ya hayan sido entregadas en el marco del Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (PRIVA) creado por la Iglesia Católica en julio de 2024, como las que se decidan por esta nueva vía.

El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha valorado este nuevo paso para "saldar una deuda histórica, moral" con las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia. En España, como en "tantos países del mundo", ha dicho Bolaños, hay "centenares de víctimas de abusos en el seno de la Iglesia" con unas características que los hacían "especialmente complicados para darles solución en el ámbito judicial", al haberse producido en muchos casos hace décadas, y al haber prescrito los hechos en la mayor parte de los casos.

El acuerdo ha sido firmado por Bolaños, por el presidente de la Confederación Episcopal Española, Luis Argüello, y el Presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, en el Palacio de Parcent, una de las sedes del Ministerio.

Un convenio de un año prorrogable a dos

Las medidas de reparación previstas en el marco de este acuerdo tendrán una vigencia de un año, que se podrá prorrogar otro más si las partes así lo acuerdan. Este plazo anual empezará a computar a partir de la fecha en que la Iglesia católica, el Defensor del Pueblo y el Ministerio de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes firmen el Convenio de Colaboración para dar cumplimiento a las recomendaciones del Defensor del Pueblo.

Bolaños cree que este plazo fijado para la ejecución de las medidas de reparación es "suficiente" para que "todas las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia católica puedan iniciar el procedimiento", según ha asegurado en una rueda de prensa posterior el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

Las víctimas podrán iniciar el proceso acudiendo a "una unidad de tramitación" del Ministerio de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes a través de la cual "con todas las garantías de intimidad, acompañamiento y protección de datos" recibirán soporte para presentar su solicitud que se trasladará a la Unidad de Atención de Víctimas de la Oficina del Defensor del Pueblo (UVDP) que hará una propuesta de resolución y, en su caso, reparación.

Bolaños ha explicado que la propuesta podrá incluir medidas de reparación "moral, psicológica, restaurativa" o de todas estas formas simultáneamente. En concreto, el documento explica que pueden ser medidas de carácter restaurativo y simbólico del daño causado, de "reparación psicológica" con profesionales de elección de las víctimas, que podría extenderse a su familia, de reparación moral del daño causado y cualquier otra forma que se pueda plantear en el marco de dicho convenio.

Por último, la propuesta se hará llegar a la comisión asesora de la Iglesia prevista en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (PRIVA), que emitirá un informe. En el caso de conformidad entre las partes, tendrá carácter definitivo, pero si la víctima o la Iglesia mostraran su disconformidad, se convocará una comisión mixta, con participación de las asociaciones de víctimas, que deliberará para alcanzar un acuerdo unánime. En el caso de que persista el desencuentro, corresponderá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo adoptar la resolución definitiva.

La Iglesia católica deberá responder siempre a la resolución final y será la encargada de dar cumplimiento a las medidas reparadoras en el plazo que se determine. Es decir, siempre recaerán en ella. Si no lo hicieran la diócesis, instituto o entidad religiosa responsable, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos garantizarán su cumplimiento.

El Gobierno recuerda que ya son cuatro los acuerdos que se ha firmado con el clero en las últimas dos legislaturas. Estos son: el pacto sobre inmatriculaciones de bienes, el convenio en materia de fiscalidad para que todas las propiedades de la Iglesia paguen las contribuciones especiales y el impuesto sobre construcciones, la resignificación del valle de Cuelgamuros y, desde este jueves, el de reparación y reconocimiento de las víctimas de abusos.

La Iglesia valora que el acuerdo contemple a víctimas en otros sectores

En esta nueva vía de reparación se seguirán las recomendaciones del Defensor del Pueblo, que tendrá un papel "protagonista", en palabras del presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ya que en este proceso será el encargado de elaborar las propuestas de reconocimiento y reparación a las víctimas que decidan iniciarlo.

Argüello ha señalado como un aspecto importante de este acuerdo que recoja explícitamente el desarrollo de la ley de protección a la infancia de 2021 para generar una "propuesta análoga" a la que la Iglesia ha ido realizando a través de la comisión asesora del Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abuso (PRIVA) "para que otros sectores en donde han acontecido abusos puedan también ofrecer una propuesta de reparación integral aunque los asuntos estén prescritos".

En concreto, Argüello ha mencionado sectores como el Deporte, la Educación y los centros de protección de menores, al explicar que a las oficinas puestas en marcha por la Iglesia para la atención de las víctimas han llegado personas que aseguraban haber sufrido abusos en estos otros ámbitos. Y ha cifrado en cerca de dos millones de euros la propuesta de indemnización que ha hecho la comisión PRIVA hasta el momento, a los que habría que sumar las indemnizaciones ya realizadas por algunas congregaciones religiosas hasta septiembre de 2024.

El también arzobispo de Valladolid ha dicho que también les ha parecido "importante" que en el acuerdo se recoja la exención fiscal tanto para "los casos ya indemnizados" como los que puedan venir, ya que "muchas de las víctimas" les han trasladado que tras recibir la indemnización Hacienda les ha reclamado un dinero que "en algunos casos" representaba más del 30% de lo que habían recibido.

El Gobierno puso en marcha en abril de 2024 el Plan para la implementación del Informe del Defensor de Pueblo sobre abusos sexuales en la Iglesia católica. Fue entonces cuando se iniciaron los trabajos con la Iglesia para crear un sistema de reparación para las víctimas que ya no pueden acudir a la vía judicial.

"Denunciar es sanar, ayuda a sanar a la víctima"

El portavoz de la Asociación Infancia Robada (ANIR), Juan Cuatrecasas, entrevistado en Las Mañanas de RNE tras conocerse el acuerdo alcanzado ha expresado su "plena satisfacción" después de la "desidia" que considera ha demostrado la Conferencia Episcopal Española en este asunto "muchos años" por lo que considera que "ya era hora de que las víctimas pudieran tener acceso a una serie de medidas a implementar para su reconocimiento y reparación".

"Siempre llega tarde, esto es un mal endémico estructural que ha sucedido dentro de la Iglesia que se debería haber atajado mucho tiempo en vez de estar encubriendo a los pederastas", ha afirmado.

Cuatrecasas ha instado a las víctimas a que no callen, sino que denuncien porque "denunciar es sanar, ayuda a sanar" y contarlo, "le hace bien en la mayor parte de los casos, siempre con la ayuda de un psicólogo, un psiquiatra". "No es una opción, casi es una obligación, aunque sea costoso y haya dudas al respecto", ha dicho.

"Espero que se pongan las piezas claves en el reconocimiento, tiene que haber un reconocimiento público, pero también que a partir de ahora como en todos los delitos que ocurren de este perfil a las víctimas se las ponga una alfombra roja que estén por encima del pederasta", ha dicho Cuatrecasas, que considera que la Iglesia ha actuado "poniendo al pederasta por encima de las víctimas".

Hace solo un mes asociaciones de víctimas de abusos en la Iglesia católica española se reunieron con el representante de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores del Vaticano para escenificar la ruptura de relaciones con la Conferencia Episcopal Española (CEE), a la que consideran artífice de una "estafa" por su falta de compromiso.

Cuatrecasas explicó en declaraciones a RTVE Noticias que la reunión con el Vaticano tenía como objetivo la "queja" y la "absoluta condena" al comportamiento de la actual cúpula de la Conferencia Episcopal. Según él, el Plan PRIVA de los obispos ha sido "un rotundo fracaso" y "una broma de mal gusto", al dar cabida solo a 39 víctimas con horquillas de indemnizaciones que oscilan entre los 3.000 y los 100.000.

Manuel Barbero, representante de las personas abusadas por miembros de la congregación de los Maristas ha afirmado en RNE que esto es un acuerdo "histórico" pero que estarán "vigilantes para que se haga con rigor". "No se trata de hacer una caza de brujas" dice, "sino de reparación" de todas las víctimas. Aunque señala que aún queda por hacer, esto abre "un capítulo" pero trabajarán para conseguir más de lo que se plantea en este acuerdo, que por el momento consideran insuficiente porque solo da un año para denunciar a las víctimas. Esto, señala, se lo contarán al ministro en su reunión próximamente.