El Defensor del Pueblo evalúa 317 expedientes de víctimas de abusos de la Iglesia
- Los documentos serán analizados por una Unidad de Víctimas conformada por 15 expertos
- El protocolo establece también la implicación de la Conferencia Episcopal y la Confederación de Religiosos
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La Unidad de Víctimas de abusos de la Iglesia del Defensor el Pueblo está analizando 317 expedientes, de las 377 solicitudes remitidas por el Ministerio de la Presidencia, según ha informado la oficina de la institución, con motivo de la reunión que han mantenido este lunes los miembros de este equipo.
Según el protocolo firmado el pasado 30 de marzo por la Iglesia, el Gobierno y el Defensor del Pueblo, esta Unidad de Víctimas está formada por 15 expertos que se encargarán de evaluar individualmente cada de una de las solicitudes y elaborar una propuesta con el objetivo del reconocimiento de las víctimas de abusos y su reparación. Esta quincena de expertos la conforman profesionales en victimología, psicología, criminología y en diversas disciplinas jurídicas.
Este mecanismo, que entró en funcionamiento el 15 de abril de 2026, establece esta vía de reparación para quienes no pueden acudir a los tribunales por prescripción del delito o fallecimiento del victimario. El proceso se inicia ante el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que tramita las solicitudes. La Oficina del Defensor ha informado de la reunión mantenida esta tarde a través de un comunicado.
"Con este proceso se trata de recuperar a la persona y de reparar daños", subraya Ángel Vigalondo, defensor del pueblo, dentro del comunicado. "No es un mero trámite burocrático cosificador sino un procedimiento flexible, personalizado, profesional y humano".
Proceso de actuación
El protocolo establece que una vez que esta unidad de víctimas evalúe los casos, la Conferencia Episcopal (CEE) y la Confederación de Religiosos (CONFER) emitirán, a través de su comisión asesora, el Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos (PRIVA), un informe preceptivo motivado de cada uno de ellos.
En caso de que no existiese acuerdo en alguno de los casos, una comisión mixta de la que forman parte todos los involucrados intentará alcanzar una solución. En última instancia, el Defensor del Pueblo tiene la última palabra.
La reparación puede ser simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica. Las compensaciones económicas, sin baremos fijados en el texto, serán asumidas por la Iglesia y tratarán de compensar el daño provocado y los costes del tratamiento de "las posibles secuelas físicas y psicológicas". El sistema tiene una vigencia de un año, prorrogable a un segundo, y es complementario al plan moral del PRIVA puesto en marcha por la Iglesia en 2024.
