¿De dónde sale el dinero para pagar unas elecciones? "El 29N costará casi seis euros por votante"
- Los ministerios de Hacienda e Interior se encargan de organizar los costes electorales a cargo de los PGE
- En 2023, la logística de las elecciones costó casi 221 millones por el aumento del voto por correo por vacaciones
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Tras el anuncio de adelanto electoral anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la maquinaria empieza a funcionar. Ya se ha publicado el Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE), a partir de ahora se ponen en marcha los procedimientos contemplados en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).
Al tratarse de uno comicios que no estaban previstos este año, el engranaje económico del Estado se activa de manera urgente a través de una división muy clara de las obligaciones financieras que se estructuran a partir de los ministerios de Hacienda y de Interior y se ejecutan a cargo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Como los presupuestos están prorrogados, el Gobierno tendrá que utilizar ampliaciones de crédito sobre las partidas organizativas ya existentes. También se recurre al fondo de contingencia del Estado diseñado para cubrir gastos imprevistos, no discrecionales y de urgente necesidad, como es el caso del adelanto electoral.
La primera parte del coste de unas elecciones se destina a la organización y logística del proceso, que depende principalmente del Ministerio del Interior. Una segunda parte corresponde a las subvenciones a los partidos políticos por sus gastos electorales, que supervisa el Ministerio de Hacienda. Estos fondos públicos se distribuyen según lo establecido en la LOREG una vez publicados los resultados oficiales. Solo cobran aquellos partidos que consiguen tener representación parlamentaria.
Si tomamos como referencia las últimas elecciones generales, nos tenemos que remontar a la cita con las urnas del 23 de julio de 2023. En aquella ocasión los comicios costaron unos 220,8 millones de euros según datos del ministerio del Interior, y a ellos se sumaron para subvencionar a los partidos otros 58 millones de euros, según publicó el Tribunal de Cuentas. Si sumamos ambas partidas, el gasto total fue de unos 279 millones de euros.
"Esa cifra es una buena referencia porque fueron solo generales, no coincidieron ni con autonómicas, ni municipales ni europeas" explica a RTVE Noticias Luis Garvía, director del master de riesgos financieros en la Universidad Pontificia de Comillas: "Poniendo en perspectiva esa cifra, y teniendo en cuenta que en el país hay casi 50 millones de habitantes, sale a unos 4,5 euros por español, estamos hablando de más de 60.000 mesas electorales, papeletas, correos, seguridad... desde un punto de vista económico es un coste ajustado, ni tan mal".
Esos 4,5 euros por español "son casi 6 euros por elector" puntualiza Albert Givernau, director de Fundación Civismo y doctor en Economía, "si tenemos en cuenta que hay unos 38 millones y medio de electores censados", añade. Este experto considera, además, que en esta ocasión, el coste de las elecciones puede bajar de esos 220 millones de hace tres años "porque en 2023 el voto por correo se disparó al celebrarse los comicios en pleno verano, entre las vacaciones y el calor se pidió el voto en diferido mucho más de lo normal". De hecho, explica, "supuso un desembolso de más de 100 millones, en 2019 fueron menos de la mitad, 45 millones". Así que Givernau hace un cálculo para RTVE Noticias y cifra en unos 160-180 millones de euros lo que costaran en esta ocasión las elecciones anticipadas del 29 de noviembre "contando con un menor voto por correo y teniendo en cuenta la subida de la inflación en estos tres años".
Gastos de Organización y Logística
Son la mayoría de la partida presupuestaria de unas elecciones y suponen el 85% del total. Nos referimos a los fondos gestionados de forma directa por el Estado para que los colegios puedan abrir y el escrutinio funcione adecuadamente. Incluye una serie de gastos entre los que destacamos:
• Servicios Postales. Es el bloque más costoso y más variable y se destina a pagar a Correos. En 2023 se llevó más del 45% del presupuesto y fueron más de 100 millones de euros. Esta partida financia tanto el envío de las tarjetas censales y las papeletas de propaganda a los hogares además de la gestión logística integral del voto por correo.
• Despliegue de Administraciones Públicas. Es la partida presupuestaria que varía menos y supone, de acuerdo al cálculo de anteriores comicios, un 36% del gasto de logística y supone unos 80 millones de euros. Financia el funcionamiento de la Oficina del Censo Electoral y las dietas y horas extra de las fuerzas de seguridad del Estado desplegadas para garantizar la protección y el orden en los colegios electorales y encargadas también del traslado de las urnas tras el recuento de los votos.
• Logística de las Mesas Electorales. Es el 10% del gasto logístico y algo más de 22 millones de euros en las últimas elecciones generales. Este bloque cubre todo el material físico, la infraestructura y el personal que permite que los colegios electorales funcionen de forma correcta durante el domingo electoral. El principal coste son los 75 euros que se pagan a los más de 180.000 ciudadanos que conforman las mesas electorales en concepto de dieta (la cuantía ha subido cinco euros por orden ministerial en junio), la emisión de 400 millones de papeletas y 85 millones de sobres, la fabricación, montaje y transporte de las más de 200.000 urnas que se necesitan, la redacción de un millón de manuales de instrucciones para los miembros de la mesa y el pago a los miembros de la Administración que "pican" los datos en los colegios electorales para enviarlos al centro de datos.
• Escrutinio y Telecomunicaciones. La contratación del sistema informático centralizado encargado de recopilar, procesar y difundir los datos provisionales de votación en tiempo real durante la noche electoral supone algo más de 13 millones de euros y el 6% del dinero destinado a logística. Aquí también se incluye el desarrollo y soporte de la página web oficial de resultados y de la aplicación móvil para el seguimiento del escrutinio por parte del público y los medios de comunicación.
• Imprevistos y otros remanentes. Es una "hucha de reserva" legal para subsanar cualquier eventualidad que surja durante las semanas previas o en la misma jornada del domingo. Es el 1% del total del presupuesto logístico y se lleva un pellizco de unos 2 millones de euros, de acuerdo al gasto de anteriores elecciones. De aquí sale el pago de emergencias como la reposición urgente de urnas rotas, incidencias meteorológicas que obliguen a activar transportes especiales o ajustes contables de última hora para dietas imprevistas o material de oficina complementario requerido por las Juntas Electorales.
El pago de las campañas
No se considera exactamente un coste electoral, pero representa entre el 15% y el 20% del presupuesto total de los comicios en España y se distribuye a posteriori mediante subvenciones públicas con una cuantía fijada. Es una partida que supone entre 50 y 60 millones de euros. El Ministerio de Hacienda congela o actualiza de manera estricta estos importes a través de órdenes ministeriales. Al estar los presupuestos del Estado prorrogados, las formaciones políticas toman como referencia de base las cuantías oficiales de las últimas elecciones generales. Se cobra una sola vez y es dinero público que los partidos reciben exclusivamente para cubrir los gastos de esa campaña específica, en este caso, la del 29N. Este bloque se compone de dos conceptos:
• Subvención por resultados, en función de los votos y escaños obtenidos: el Estado paga a los partidos únicamente si consiguen representación en las Cortes Generales. Las cuantías reguladas se dividen por escaño y por voto válido conseguido. Concretamente, según la LOREG, el Estado abona 21.167 euros por cada diputado o senador electo que consiga el partido. Además, se pagan 0,81 euros por voto conseguido en el Congreso y 0,32 euros por cada voto conseguido en el Senado siempre que la lista en esa circunscripción logre al menos un parlamentario en cada una de las cámaras
• Subvención por envío directo de papeletas, lo que popularmente se conoce como buzoneo. El Estado subvenciona estos gastos de forma fija (aproximadamente 0,22 euros por elector), siempre que la formación consiga constituir un grupo parlamentario propio en el Congreso o el Senado. Esto alivia enormemente el presupuesto de los partidos, ya que el buzoneo es uno de los costes más elevados de cualquier campaña.
Aunque el Estado paga a posteriori, los partidos no tienen que financiar todo el dinero de su bolsillo desde el primer día. Las formaciones que ya obtuvieron representación en las anteriores elecciones pueden solicitar un anticipo de hasta el 30% de la subvención que recibieron en los comicios pasados, el resto del dinero que necesitan para un proceso electoral se suele financiar mediante créditos bancarios, que luego se cancelan con la subvención pública recibida o mediante microcréditos y donaciones de sus afiliados.
Eso si, los partidos no pueden gastar todo lo que quieran. La LOREG establece un límite estricto para garantizar la igualdad de condiciones que se calcula multiplicando una cuantía fija (por ejemplo, 0,37 euros) por el número de habitantes de la población de derecho de las circunscripciones donde el partido presenta candidatura. Si un partido supera este límite, se enfrenta a sanciones económicas graves y a la pérdida de parte o la totalidad de la subvención.
La fiscalización del Tribunal de Cuentas
El coste definitivo de unas elecciones solo se conoce meses después de celebrarse las elecciones, tras un riguroso proceso de auditoría y cuadre de cuentas. Entre los 100 y 125 días posteriores a la votación, todos los partidos están obligados por ley a entregar su contabilidad electoral detallada a través de la sede electrónica del Tribunal de Cuentas.
El Estado suele retener un porcentaje de la subvención adjudicada hasta que el Tribunal de Cuentas emite su informe definitivo y dictamina que el partido no ha cometido irregularidades ni ha superado los límites de gasto permitidos. Si hay faltas, se descuentan las multas directamente de la subvención.
¿Qué pasa si un partido no obtiene representación parlamentaria?
Los adelantos del Estado, que suelen ser, como hemos explicado, del 30% de la subvención que recibieron en las elecciones anteriores, se conceden bajo una condición obligatoria: obtener representación. Los partidos que no consiguen ningún escaño tienen que devolver al Estado las subvenciones que han recibido de manera íntegra. El Estado emite una orden de devolución obligatoria. Si el partido no dispone de fondos propios en sus cuentas generales para cubrir esa deuda, se enfrenta a la quiebra técnica, al embargo de sus sedes o a la disolución de la formación política.
Para evitar que partidos fantasmas o de nueva creación soliciten dinero público y luego desaparezcan sin devolverlo, la ley aplica un filtro muy estricto: los partidos nuevos o las agrupaciones de electores no tienen derecho a pedir adelantos electorales. Tienen que financiar toda su primera campaña de su propio bolsillo. Solo si consiguen escaños, el Estado les devolverá el dinero meses después.
La incertidumbre, el coste que no se ve
Cuando se convocan elecciones, el coste para el Estado va muchísimo más allá de lo que cuesta imprimir las papeletas o pagar las dietas de las mesas electorales. Existe un "coste de oportunidad" institucional y económico masivo provocado por la parálisis de la maquinaria estatal. Las iniciativas legislativas que estaban en tramitación en ese momento decaen de forma automática y definitiva lo que paraliza, las licitaciones también se congelan y la iniciativa privada también se resiente porque las empresas congelan la toma de decisiones.
Más allá del desembolso de las arcas públicas, el economista Luis Garvía señala que la falta de previsibilidad es el verdadero lastre financiero. "El verdadero coste de unas elecciones no está en los 220 millones que valen. Está, en primer lugar, en la parálisis que causa el adelanto electoral. Estamos durante varios meses en tiempo muerto", afirma. Esta inercia no se frena al cerrarse las urnas: "Una vez superadas las elecciones no acaba la incertidumbre; si no se forma gobierno, tenemos problemas asociados con esas dudas que se prolongan durante meses y afectan a los presupuestos generales, licitaciones, inversiones...". Además, Garvía añade un último factor de riesgo ante un posible relevo en el poder: "Si luego se forma gobierno y es de otro color político, tenemos otro coste asociado con un hipotético cambio que suma más incertidumbre", concluye, recordando una máxima clave: "Y la incertidumbre para la economía es inseguridad".
También habla de incertidumbre Albert Guivernau: "Lo vemos especialmente cuando hay gobiernos en funciones durante largos periodos de tiempo. Al final, el margen de maniobra que tienen es menor y eso dificulta la atracción de inversión, porque precisamente las empresas lo que quieren es certeza y que dure, al menos cuatro años".
Unas elecciones detienen el reloj del país de manera forzosa, así que su coste real para el Estado no se mide solo en el dinero que sale de las arcas públicas para organizar el proceso, sino en los meses de retraso en el desarrollo económico, social y legislativo que sufre el país.
