Consumo abre un expediente a un gran portal inmobiliario por posibles prácticas comerciales desleales
- Las sanciones pueden alcanzar hasta seis veces el beneficio ilícito obtenido por la empresa investigada
- El nuevo decreto obliga a incluir en los anuncios el índice de referencia del alquiler y la renta del último contrato
La dirección de esta página ha sido copiada en su portapapeles
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador a un portal inmobiliario con actividad en toda España por posibles prácticas comerciales desleales contra consumidores y usuarios. La investigación fue iniciada por la Dirección General de Consumo tras una denuncia que presentó la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) en 2025. Según informa esta organización en un comunicado, la denuncia se interpuso contra "las empresas Idealista, Fotocasa y Alquiler Seguro por las irregularidades que esta entidad detectó en la presentación de la información energética en sus anuncios".
En el análisis realizado por CECU, el 33,8% de los anuncios carecía de etiqueta energética y el 74,2% ofrecía información potencialmente engañosa. Por ello, denunció a Consumo que estas prácticas podrían vulnerar el Real Decreto 390/2021, que obliga a incluir esta información en cualquier oferta de venta o alquiler y responsabiliza también de su cumplimiento a portales inmobiliarios e intermediarios.
Las prácticas investigadas por el Ministerio podrían constituir una infracción administrativa, según establece la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. En caso de confirmarse, la sanción podría alcanzar los 100.000 euros o situarse entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido por la empresa expedientada. Es la primera vez que Consumo actúa por una infracción atribuida directamente a una plataforma inmobiliaria. En ocasiones anteriores, las actuaciones se habían centrado en la información publicada por propietarios o anunciantes en los portales.
Consumo exigirá el cumplimiento de las nuevas normas de publicidad del alquiler
De forma paralela, el departamento que dirige Pablo Bustinduy remitirá en las próximas horas una circular a las principales plataformas inmobiliarias para informarles de las nuevas obligaciones que introduce el real decreto-ley de vivienda aprobado este martes por el Consejo de Ministros.
El Ministerio ha advertido de que supervisará la adaptación de los portales digitales a la nueva normativa, cuyo objetivo es que los inquilinos dispongan de más información antes de interesarse por una vivienda en alquiler.
Entre las principales novedades, el artículo 20 del decreto regula la publicidad, promoción y oferta de viviendas en arrendamiento. A partir de ahora, todos los anuncios deberán incluir, al menos, el índice de referencia del precio del alquiler y, cuando exista, la renta del último contrato de arrendamiento de vivienda habitual vigente durante los cinco años anteriores. La obligación será aplicable a los anuncios de viviendas situadas en cualquier municipio de España, con independencia de que el inmueble se encuentre o no en una zona declarada tensionada.
Más información para los inquilinos
Según Consumo, esta medida permitirá a los potenciales arrendatarios conocer el precio de referencia fijado por las administraciones para una vivienda determinada y comparar ese valor con la renta anunciada por el propietario. También facilitará comprobar si el precio ofertado supone una subida respecto al contrato de alquiler anterior.
Además, los anuncios deberán reflejar el límite de renta aplicable cuando la vivienda se encuentre en ámbitos sujetos a limitaciones legales de precios, como las zonas tensionadas. También será obligatorio informar de si el arrendador tiene la consideración de gran tenedor.
Antecedentes de actuación en el mercado de la vivienda
La apertura de este expediente se suma a otras actuaciones recientes de Consumo en el mercado del alquiler. En mayo, el Ministerio inició un procedimiento contra una gran empresa inmobiliaria con miles de viviendas en alquiler por posibles infracciones como exigir a los inquilinos la contratación de un seguro de impago o imponer penalizaciones consideradas desproporcionadas por retrasos en la entrega de las viviendas.
Asimismo, en abril, Consumo confirmó una multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por prácticas que consideró abusivas. La sanción adquirió firmeza en vía administrativa tras la resolución del recurso de alzada presentado por la compañía. Según el Ministerio, la inmobiliaria cometió seis infracciones calificadas como muy graves y una grave por vulnerar los derechos de los consumidores y aprovechar su posición de predominio en el mercado.
