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Consumo abre un expediente sancionador a una segunda inmobiliaria por prácticas abusivas contra inquilinos

  • Algunas prácticas son el cobro de comisiones por gestionar el alquiler y forzar a contratar servicios adicionales
  • El ministerio ya inició un procedimiento similar contra otra agencia el pasado mes de marzo
Bustinduy: "Es un mensaje para las empresas que están incurriendo en estas practicas, especialmente en materia de vivienda"
RTVE.es

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador contra una agencia inmobiliaria que opera en el ámbito nacional por posibles prácticas abusivas contra inquilinos e inquilinas en la gestión del alquiler. Entre esas prácticas detectadas por Consumo están el cobro de comisiones ilegales u obligar a contratar servicios adicionales.

Las principales prácticas denunciadas por las organizaciones se basan en obligar a los inquilinos a pagar comisiones por gestionar el alquiler, imponer la contratación de un seguro u obligar a contratar servicios adicionales y no solicitadas por el inquilino.

Con todo, la Dirección General de Consumo recuerda que, según la Ley de Defensa de los Consumidores, estas prácticas podrían ser constitutivas de infracciones graves (con multas de hasta 10.000 euros que pueden ascender hasta alcanzar cuatro o seis veces el beneficio ilícito) o muy graves (con multas de hasta 1 millón de euros que pueden subir hasta ser de cuatro a seis veces el beneficio ilícito).

Bustinduy: "Es un mensaje a otras empresas"

El ministro de Consumo , Pablo Bustinduy, ha explicado en declaraciones a los medios poco después que este expediente quiere "enviar un mensaje a las empresas que están incurriendo en este tipo de practicas, especialmente en materia de vivienda".

Bustinduy ha señalado a los fondos de inversión que se lucran a costa de "cercenar el derecho a la vivienda de los españoles y de las españolas" y a las inmobiliarias que se están saltando las obligaciones legales e "intentan exprimir a las personas que están buscando una casa donde vivir".

Ha asegurado que las empresas están infringiendo las leyes españolas y el modelo de democracia del país para "anteponer su modelo de negocio" sin tener en cuenta la ley que rige en nuestro país". Tambíen ha afirmado tajantemente que todas estas empresas pagaran por ello y que los ministros de su formación política, Sumar, "se van a encargar de que así sea". "En este país se va a cumplir la ley, se va a respetar la ley y se va a proteger los intereses de las familias trabajadoras en este país", ha sentenciado Bustinduy.

Es la segunda inmobiliaria contra la que abre expediente

Este es el segundo expediente abierto por el Ministerio dirigido por Pablo Bustinduy tras el procedimiento impulsado a finales de marzo de este año, en el que Consumo hizo lo mismo con la inmobiliaria Alquiler Seguro. Estos expedientes (en esta ocasión no se nombra la agencia concreta) forman parte de la investigación que Consumo está llevando desde el pasado mes de octubre en el ámbito de la gestión del alquiler inmobiliario.

La investigación del Ministerio se abrió por denuncias impulsadas por el Sindicato de Inquilinas CECU y las asociaciones de consumidores como FACUA y OCU, y sigue en marcha con otras inmobiliarias que podrían haber cometido estas prácticas.

Los dos expedientes de Consumo se unen a los ya abiertos por la Dirección General de Consumo en el sector de los pisos turísticos.

Uno, contra una gran plataforma de alquiler de vivienda turística que tiene miles anuncios calificados como publicidad ilícita y, otro, contra empresas que administran viviendas turísticas en varias comunidades autónomas y ofrecen "información falsa o información que, aun siendo veraz, pueda inducir a error a los destinatarios, por su contenido o presentación induzca", lo que correspondería con una práctica engañosa. Así, Consumo ha ordenado el bloqueo de más de 65.935 anuncios ilegales de pisos turísticos a la plataforma Airbnb.

El Ministerio recalca que la vivienda es "un derecho y un bien de primera necesidad amparado por la ley" y que todas estas iniciativas buscan proteger el derecho de acceso a la misma.