Qué pasa con las prórrogas y desahucios que se han acogido a los decretos: "Durante el tiempo vigente sí tienen efecto"
- Los expertos alertan de la incertidumbre jurídica creada para los propietarios y los inquilinos
- Consumo cifra en dos millones de contratos los que se han podido renovar y en 625 millones su coste
El Congreso de los Diputados ha tumbado este viernes los dos decretos aprobados por el Gobierno para paliar la crisis de acceso a la vivienda. Y con el rechazo de la Cámara se multiplican las dudas sobre qué pasa ahora con aquellos inquilinos que en las escasas horas en las que los textos han estado en vigor hayan enviado un burofax a sus caseros para acogerse a alguna de las medidas previstas.
La incertidumbre es total, también entre los expertos jurídicos. Como sucedió el pasado abril, cuando durante un mes estuvo en vigor otro real decreto del Gobierno para la prórroga de los alquileres que también terminó por tumbar el Congreso, no está claro qué prevalece. Casi dos millones de contratos, según cálculos del Ministerio de Consumo, en manos de Sumar, podrían haberse prorrogado si el primero de los dos textos se hubiese convalidado, por ejemplo.
"El decreto está vigente desde el día siguiente al de su publicación en el BOE y es aplicable cien por cien desde un punto de vista jurídico", sostiene Manuel Hernandez, CEO de Vilches Abogados. "Si posteriormente la Cámara lo rechaza, decae y deja de tener efecto jurídico, pero durante el tiempo que ha estado vigente sí tiene efectos", añade.
El abogado pone como ejemplo el caso del primer decreto. Lo aprobó el Consejo de Ministros el martes, se publicó en el BOE un día después y entró en vigor este jueves. Ahora, el Boletín Oficial debe publicar este sábado su derogación para que deje de tener efecto, pero en este lapso, según el letrado, hay inquilinos que han podido solicitar la prórroga de su alquiler a través de un burofax o abogados con un cliente inmerso en un desahucio que han solicitado la suspensión porque se le puede considerar vulnerable. Por ejemplo, en Cataluña se han evitado cuatro lanzamientos estos días, según el Sindicato de Inquilinas.
No lo tiene tan claro Javier Rubio, abogado del Centro de Asesoría y Asuntos Sociales (CAES), que señala que aunque una gran parte de expertos comparte los argumentos de Vilches, otra parte no hace esa misma lectura. De hecho, hay juristas que aportan matices al debate, por ejemplo, que para poder solicitar la prórroga del alquiler, aunque el decreto haya estado vigente un puñado de horas, el contrato justo ha tenido que finalizar en ese lapso.
Rubio recuerda que este mismo debate ya se abrió el pasado mes de abril y que las dudas jurídicas no se van a poder resolver hasta que la justicia se pronuncie. "No ha dado tiempo a que llegue a los tribunales. Todavía no se han pronunciado ni los juzgados, ni las audiencias provinciales ni el Tribunal Supremo sobre qué prevalece. Lo que se solicitó estando en vigor o si una vez que decae aquello se puede anular con efecto retroactivo", explica.
Las dudas sobre las prórrogas
En este caso, y a diferencia de lo que sucedió en abril, el segundo decreto modifica el primero en el punto de las prórrogas de los alquileres y eso ha acentuado la incertidumbre. El primer texto establecía la posibilidad de ampliar los contratos hasta un máximo de dos años para todos aquellos vigentes hasta el 31 de diciembre de 2028. El segundo, que justo ha entrado en vigor este viernes, es el que decretaba la renovación automática en bloques sucesivos de tiempos -por cinco años o siete si se había firmado entre particulares o con una empresa-, superando el primer texto y dejándolo, por tanto, sin efectos en este asunto concreto.
"Se ha generado una inseguridad jurídica inmensa [entre los propietarios]. No solo por lo que reciben a través de los medios o de las redes sociales. Los propios inquilinos han enviado notificaciones a sus caseros. Tienen miedo de qué puede pasar con los contratos vigentes, con la vivienda que querían alquilar o con una inversión prevista", sostiene Maitane Morales, abogada del despacho R. Sánchez, que añade que el incremento de llamadas de los últimos días sobre las dudas generadas por los dos decretos ha sido muy significativo.
El impacto en los inquilinos
Tras la votación en contra en el Congreso, cinco millones de personas han dejado de estar "protegidas" por el mecanismo que permitía prorrogar los alquileres durante un máximo de dos años, según cálculos del Ministerio de Consumo con datos de la Agencia Tributaria y el INE.
"Son 1.895.676 contratos los que se podrían prorrogar gracias a esta medida y que se tendrán que ir a otro lugar o verán como las rentas se actualizan a precios muy por encima de los que tienen ahora, ya desorbitados", remarcan fuentes del Ministerio que lidera Pablo Bustinduy, que cifran en 625 millones el coste que va a tener para las familias los topes fijados para la actualización de los alquileres, otra de las medidas previstas.
