¿Qué contratos se podrán prorrogar tras la derogación del decreto de los alquileres?
- Sólo podrán mantenerse los que hayan vencido durante la vigencia del decreto, según la catedrática Matilde Cuena
- Asufin y Facua sostienen que se podrán beneficiar todos los que se hayan acogido a la medida
Un millón de contratos de alquiler, según datos de Sumar, están en el aire. Son los que expiran entre marzo de 2026 y diciembre de 2027, es decir, los que se podían acoger al decreto de prórroga aprobado el pasado mes de marzo por el Gobierno para paliar los efectos de la Guerra de Irán.
El texto, impulsado por el socio minoritario del Ejecutivo de coalición, contemplaba una subida máxima del alquiler del 2% al año y dejaba en manos de los inquilinos solicitar la prórroga de los alquileres con el envío de un burofax.
No obstante, el decreto ha llegado este martes al Congreso sentenciado —la fórmula utilizada por el Gobierno para su aprobación inicial, la del Decreto-ley, obliga a que tenga que ser ratificado 30 días después en la Cámara Baja— y se convertirá este miércoles en papel mojado. El texto no ha contado con los respaldos suficientes para su convalidación: el PP, Vox y Junts han votado en contra y el PNV se ha abstenido.
Sin embargo, en el mes que ha estado vigente, y aunque no se pueda facilitar una cifra exacta, miles de inquilinos –la medida podía llegar a beneficiar a 2,7 millones de personas, según datos facilitados por Sumar—, han reclamado a sus caseros la prórroga de los contratos.
¿Qué va a pasar ahora con ellos?
La incertidumbre, según la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, es total, y puede desembocar en un aluvión de reclamaciones judiciales, o bien de inquilinos que no han visto satisfechas sus demandas o bien de propietarios que consideran que no están sujetos a la aplicación del decreto por un "vacío legal".
"Hay opiniones jurídicas para todos los gustos", ha insistido Rodríguez por la mañana en los pasillos del Congreso, en línea con la misma idea que ya expresó este lunes en una entrevista en RNE: "Si decae el decreto ley de los alquileres, entramos en un terreno inexplorado en lo jurídico".
Para algunos expertos, sin embargo, está un poco más claro. Matilde Cuena, catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense y cofundadora de la Fundación Hay Derecho, ha defendido este martes en RNE que sólo podrá mantenerse la prórroga de los contratos que hayan vencido durante el mes de vigencia del texto. Lo contrario, según la jurista, sería un "fraude constitucional".
"Cuando se trata de contratos que no han vencido durante la vigencia del decreto, el mero hecho de solicitar esa prórroga no implica que el arrendador tenga que aceptarla. Se tiene que dar esa condición: que el contrato haya vencido", ha insistido Cuena, que ha recordado que un "decreto no convalidado" no puede tener efectos en el futuro.
"Se está diciendo lo contrario y se está generando mucha confusión y mucha inseguridad. Y esto no es precisamente lo que necesita el mercado del alquiler", ha zanjado Cuena, en referencia a las declaraciones de los ministros de Sumar, que además de alimentar la idea de que había un resquicio para la aprobación del texto han sostenido que todos los inquilinos que lo hubiesen solicitado se iban a poder beneficiar de la medida.
Difieren de la lectura que hace Cuena tanto la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) como Facua, según recoge la agencia EFE. Ambos sostienen que quienes han comunicado a sus caseros la intención de acogerse a la prórroga, tienen derecho a la misma, independientemente de cuándo finalizasen sus contratos. El catedrático de Derecho Administrativo, Julio González, también coincide con las dos entidades y remarca que, aunque el decreto fuera una norma provisional, es completa y perfecta desde el mismo momento en que se produce su entrada en vigor. De este modo, "si se ejercita el derecho de petición de cualquiera de las prórrogas, este queda blindado".
De hecho, que la no convalidación produce efectos hacia el futuro, pero no deshace automáticamente lo ya ocurrido es "una conclusión clara" para el responsable jurídico de Alquiler Seguro, Carlos Sánchez, según ha trasladado a EFE. "Si un inquilino solicita la prórroga extraordinaria anual (que no de dos años, que es el máximo que recoge la norma, pero no la posibilidad de solicitarlo en un todo), comunicada por burofax, mientras el decreto estaba vigente, ese derecho queda consolidado. La derogación posterior no tiene efectos retroactivos sobre los contratos ya prorrogados bajo el amparo de la norma ya derogada", ha añadido Sánchez.
¿Un nuevo texto?
La división entre el PSOE y Sumar, los dos socios que sustentan el Gobierno de coalición, ha quedado patente a lo largo del mes de vigencia del decreto. El ala socialista del Ejecutivo no quiso incluir la propuesta en el decreto de medidas anticrisis para hacer frente a las consecuencias de la Guerra de Irán por la imposibilidad, precisamente, de convalidarlo en el Congreso.
Desde entonces, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha liderado una campaña para animar a los inquilinos a acogerse a la medida, mientras sus colegas del PSOE se han quedado en un segundo y discreto plano. Este martes, cargos de Sumar no han ocultado su malestar con los socialistas, a la vez que estos han salido al paso de las críticas para defender que siempre han trabajado por conseguir los apoyos necesarios para su aprobación, a pesar de que Junts ha llegado a señalar que estarían dispuestos a cambiar el sentido de su voto a cambio de ayudas fiscales a caseros o el IVA franquiciado para los autónomos.
Precisamente, Rodríguez, preguntada por los periodistas, no ha aclarado este martes si el Gobierno reformulará la norma para que pueda tener efecto. La ministra, que no ha asistido al debate por estar en el Senado, ha señalado que hay reformas con rango de ley que necesariamente deben ser ratificadas en el Congreso. "No queda otra que la del diálogo y el acuerdo y desde luego es la herramienta que tenemos las administraciones públicas y vamos a seguir peleando ese acuerdo", ha asegurado. Sus socios en el Ejecutivo también han prometido que pelearán por volver a llevar el texto al Congreso.
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"Siempre hay plan b", ha señalado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, preguntada por los periodistas en los pasillos de la Cámara Baja. "Ninguna resignación. La cabeza bien alta. Vamos a traerlo las veces que haga falta hasta que el derecho a la vivienda se abra paso", ha defendido Bustinduy en un mensaje en BlueSky.
