EE.UU. limita el visado a ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú acusados de corrupción y narcotráfico
- La medida se enmarca en la iniciativa Escudo de las Américas, la alianza de países conservadores impulsada por Trump
- La nueva política se aplica al amparo de la Ley de Inmigración y Nacionalidad estadounidense
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El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este lunes nuevas restricciones de visado contra ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú a los que acusa de haber contribuido, mediante prácticas de corrupción o narcotráfico, a socavar gobiernos elegidos democráticamente y el Estado de derecho en el hemisferio occidental.
La medida se enmarca en la iniciativa Escudo de las Américas, una alianza regional de países conservadores impulsada por Donald Trump, cuyo objetivo principal es combatir a las organizaciones criminales y a quienes las respaldan desde dentro de las instituciones.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, ha defendido que el proyecto pretende pasar de los compromisos políticos a actuaciones concretas. "El Escudo no es solo palabras; es acción y resultados", ha señalado en un mensaje publicado en redes sociales, antes de advertir de que habrá nuevas medidas.
Landau ha explicado que el Departamento de Estado ha impuesto restricciones migratorias a nacionales de los cuatro países que, según Washington, "han socavado el Estado de derecho en nuestro hemisferio", y ha asegurado que el Gobierno estadounidense permanece junto a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú para "defender los gobiernos elegidos democráticamente contra la corrupción y las redes narcoterroristas que pretenden socavarlos".
La nueva política se aplica al amparo de la Ley de Inmigración y Nacionalidad estadounidense (INA, por sus siglas en inglés), que permite limitar la entrada al país cuando la presencia o las actividades previstas de una persona puedan generar consecuencias potencialmente graves para la política exterior de Estados Unidos.
Las personas afectadas
El Departamento de Estado ha aclarado que el mecanismo permitirá actuar de forma permanente y con rapidez conforme se obtengan nuevas pruebas, al tiempo que contempla restricciones tanto para los ciudadanos señalados como, en determinados casos, para sus familiares directos.
En Bolivia, Washington ha revocado los visados existentes de 12 personas y sus familiares. Entre los afectados figuran el fiscal superior Martín Daniel Irusta Flores; la jueza investigadora anticorrupción y contra la violencia hacia las mujeres de Santa Cruz, Albania Chane Caballero; el exministro de Justicia Iván Manolo Lima Magne o el expresidente ejecutivo de la Aduana Nacional Alberto Samuel Soto de la Via. A esta relación se suman otros nueve ciudadanos bolivianos que no disponían actualmente de visado estadounidense y que, junto con sus familiares, han quedado declarados no elegibles para obtenerlo.
En Colombia, la Administración Trump ha adoptado medidas contra dos ciudadanos y sus familias, con la revocación de sus visados: el empresario Euclides Antonio Torres, propietario de un conglomerado con actividad principalmente en el sector energético, y de la senadora Martha Isabel Peralta, vinculada al Pacto Histórico y al Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).
En Ecuador, Estados Unidos ha impuesto restricciones de visado a otros dos ciudadanos y ha cancelado los visados de las personas afectadas, extendiendo las medidas a sus familiares conforme a la política anunciada; mientras que en Perú, la medida ha afectado a un ciudadano --el juez del Tribunal Constitucional del Primer Circuito de Lima Juan Carlos Núñez Matos-- y a su familia.
El fiscal general de Bolivia rechaza acusaciones
Además de las restricciones anunciadas, el Departamento de Estado ha incluido públicamente al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, entre los funcionarios señalados por corrupción. La designación de Mariaca implica que tanto el fiscal como sus familiares directos quedan impedidos de entrar a Estados Unidos.
Washington ha justificado su decisión asegurando que dispone de información sobre una supuesta participación del fiscal general en "actos de corrupción significativos". Según la versión difundida por el Departamento de Estado, Mariaca, elegido en 2024 para un periodo de seis años durante la presidencia del entonces mandatario Luis Arce, habría utilizado sus cargos públicos para solicitar y aceptar sobornos destinados a "facilitar el narcotráfico" y "ayudar a delincuentes violentos a eludir la acción de la justicia".
Mariaca ha rechazado las acusaciones y exige "respeto" a la "soberanía" de su país, tras considerar que se busca "condicionar" o "interferir" con el trabajo del Ministerio Público boliviano. En una declaración desde Sucre, la capital constitucional de Bolivia y sede del órgano judicial, Mariaca señala que recibió "con mucha sorpresa" la decisión de EE.UU. "respecto a la prohibición de ingreso a su territorio de varios ciudadanos bolivianos", incluido él mismo.
El fiscal ha asegurado que Bolivia respeta las decisiones "que cada nación adopta dentro de sus propias competencias y jurisdicción" y espera "el mismo respeto" hacia el país, "sus instituciones y sus autoridades". "No podemos aceptar que el trabajo que vengo desarrollando como fiscal general del Estado (...) sea puesto en duda por decisiones o pronunciamientos provenientes del exterior", expresó.
Mariaca también ha afirmado que no puede permitir que su "trayectoria" e "imagen sean afectados sin que exista la posibilidad de que los hechos sean esclarecidos en las instancias correspondientes".
