Los restaurantes tendrán que poner los restos de comida en un envase sin cobrar por ello a partir de este viernes
- Concluye el periodo de gracia concedido para aplicar la Ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario
- También los supermercados tendrán que incentivar la venta de productos con fecha próxima de caducidad
Concluye el periodo de gracia concedido a las empresas para aplicar la Ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario. A partir de este viernes, los restaurantes, supermercados y demás agentes de la cadena con una superficie superior a los 1.300 m2 deberán establecer una "jerarquía de prioridades" para sus desperdicios, una medida que se suma a la obligación de facilitar, a los clientes que lo soliciten, llevarse los restos de su comida en un envase sin coste adicional.
La norma, que entró en vigor el año pasado, también contempla la obligación de promover acuerdos para donar alimentos a entidades de iniciativa social. Además, se plantean otras medidas voluntarias como flexibilizar los menús para que el consumidor elija entre raciones de distinto tamaño o incentivar la venta de productos con fecha próxima de caducidad, dirigida a los supermercados.
"La ley sí que ha servido para que el desperdicio alimentario tenga mucha presencia mediática y para que haya mayor concienciación", apunta la directora de la ONG Enraíza Derechos, María González, en una conversación con RTVE Noticias.
El objetivo es lograr una reducción del 50% de los residuos alimentarios per cápita en el ámbito de la venta minorista y el consumo, así como una bajada del 20% de las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro para el año 2030.
¿Qué medidas entran en vigor?
Los agentes de la cadena alimentaria tendrán la obligación de disponer de un plan que aplique la jerarquía de prioridades para combatir las pérdidas y el desperdicio alimentario. El mismo contempla cuatro ejes: primero, que los alimentos que no se consuman se destinen al consumo humano con la donación; segundo, que se aprovechen los alimentos a través de su transformación; tercero, que se destine a alimentación animal; y, por último, la entrega a instalaciones de compostaje.
Las empresas también deberán promover acuerdos para donar alimentos —excepto cuando sea inviable y se justifique— a entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos y tendrán que realizar acciones orientadas a dejar los alimentos en condiciones no aptas para su consumo.
Previamente, la norma obligaba a las empresas hosteleras a facilitar que el cliente pueda llevarse, sin coste adicional, los alimentos que no haya consumido, "salvo en los formatos de servicio de bufé libre o similares, donde la disponibilidad de comida no está limitada"; e informar de esta posibilidad "de forma clara y visible en el propio establecimiento, preferentemente en la carta o el menú".
¿A partir de cuándo se aplica?
Aunque la ley se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en abril de 2025, se concedió un periodo de gracia de un año durante el cual las empresas deberían adaptarse a las medidas obligatorias recogidas en su artículo 6. El mismo concluye este viernes, 3 de abril de 2026.
¿A quién afecta?
Quedan excluidas de estas obligaciones (como la de disponer de un plan de jerarquía y rendir cuenta sobre el mismo) las microempresas de menos de 10 trabajadores, las pequeñas explotaciones agrarias de menos de 50 empleados y las actividades que se desarrollen en establecimientos iguales o inferiores a 1.300 metros cuadrados o cuenten con una superficie útil de venta al público de este tamaño, para las empresas de este tipo.
No obstante, todos los actores de la cadena alimentaria deben de cumplir las medidas de prevención y reducción del desperdicio alimentario: "Hay bastante confusión con esto, por lo que es necesario que se apruebe un plan que aterrice y que clarifique estas zonas más oscuras de la ley", apunta González.
Multas de hasta 500.000 euros
La ley establece sanciones para las empresas que incumplan la normativa. Las mismas oscilan entre los 2.000 euros, por no aplicar la jerarquía de prioridades o no informar al cliente sobre la posibilidad de llevarse las sobras; hasta los 60.000 euros para las graves, que incluyen el hecho de no contar con un plan de prevención o no donar excedentes a través de convenios.
E incluso pueden llegar hasta los 500.000 euros en los casos muy graves, como la reincidencia en faltas graves en un periodo determinado.
¿Qué se considera desperdicio alimentario según la normativa?
La nueva ley define como desperdicio alimentario la parte de la producción "destinada a ser ingerida por el ser humano y que termina desechada como residuo". No es lo mismo que las pérdidas de alimentos, que son aquellos productos que, aunque tenían como destino la alimentación humana, no llegan a salir de la propia explotación.
¿Cuántos alimentos desperdicia el sector?
La ONG Enraíza Derechos consideran que la ley "también se queda un poco floja" en el tema de la medición del desperdicio en el sector.
Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación solo recoge datos de hogares, lo que a juicio de la experta, "sin saber exactamente cuánto, dónde y por qué se desperdician alimentos o se pierden alimentos, es muy difícil implementar medidas eficaces".
Según cálculos de la Unión Europea, anualmente cada persona desperdicia, de media, unos 140 kilos de alimentos. Y, en España, aunque la cifra disminuye, también es preocupante: un español tira 28 kilos de alimentos en promedio cada doce meses.
