El Gobierno y las patronales del transporte acuerdan un nuevo decreto con medidas de apoyo ante la crisis en Irán
- Se modificará la fórmula de revisión del precio del transporte según la variación del combustible
- Transportes obligará por decreto a desglosar en factura el ajuste del precio del carburante
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El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha alcanzado un acuerdo con el Departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) para la aprobación de un nuevo decreto ley. Este paquete de medidas adicionales tiene como objetivo fundamental amortiguar el impacto económico derivado de la guerra en Oriente Medio, que está afectando a los costes operativos del sector.
La decisión se ha tomado tras una reunión celebrada este lunes en la que han participado, además de los responsables de Transportes, representantes de los ministerios de Hacienda y Economía. El acuerdo se enmarca en el clima de diálogo permanente entre el Ejecutivo y las principales patronales para afrontar la situación de emergencia provocada por el conflicto bélico.
Nueva fórmula de revisión de precios
Uno de los puntos clave del acuerdo es la modificación de la fórmula de revisión del precio del transporte en función de la variación del combustible. Esta nueva metodología no requerirá revisiones adicionales en escenarios futuros, ya que estará vinculada directamente al precio del carburante antes de impuestos. Según las previsiones detalladas en el encuentro, este cambio supondrá que el peso del combustible en la estructura de costes del transporte se incremente del 30% actual al 40%.
Asimismo, el Gobierno elevará al Consejo de Ministros la obligatoriedad de desglosar en la factura el ajuste por la variación del precio del carburante. Esta medida elimina la posibilidad de que los contratos privados recojan expresamente otras formas de reflejar este ajuste, garantizando que el transportista pueda repercutir de forma transparente los incrementos de costes.
El nuevo real decreto ley incorporará con rango legal las aclaraciones técnicas que ya se habían adelantado el pasado 27 de marzo. En este sentido, se establece de manera oficial que los precios medios del gasóleo que sirven como base para los contratos deberán tomarse siempre como referencia sin incluir ningún tipo de carga impositiva, quedando excluidos tanto el impuesto sobre el valor añadido (IVA) como el impuesto especial sobre hidrocarburos (IEH).
Asimismo, la normativa blindará el método de cálculo para la revisión del precio del transporte, prohibiendo expresamente que se computen como parte del precio las bonificaciones y ayudas extraordinarias de carácter temporal. Esta medida asegura que las ayudas directas al sector no se utilicen para reducir artificialmente el precio del servicio en perjuicio del transportista. Por último, se ha ratificado que la bonificación ya implantada en el citado decreto tiene un alcance total sobre los combustibles sostenibles, confirmando que el hidrobiodiésel (HVO) y el biodiésel están plenamente cubiertos por estos apoyos.
Régimen sancionador y marco de ayudas europeas
Para garantizar la efectividad de lo acordado, el Ministerio de Transportes ha asumido el compromiso de analizar la creación de un tipo sancionador específico que penalice el incumplimiento de las medidas de revisión de precios y desglose de facturas.
En paralelo, el Gobierno ha confirmado que España ya ha presentado ante la Comisión Europea la notificación del esquema de ayudas del real decreto ley 7/2026 para permitir que se supere el límite máximo establecido en el régimen de "minimis". Actualmente, ya se han mantenido las primeras reuniones técnicas con los servicios comunitarios para remitir las aclaraciones requeridas y agilizar la llegada de estos fondos.
