Cierre del año parlamentario del Gobierno: mayoría erosionada y enredado en presuntos casos de acoso y corrupción
- El PP salva el alza salarial de los funcionarios, mientras que Junts vuelve a tumbar la senda de déficit
- En el primer pleno sin el voto de Ábalos, el Ejecutivo aprueba varios decretos como el de aplazar el sistema ‘Verifactu’
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Tres jerséis con estampado de renos y abetos entre los escaños del Congreso han indicado que la de este jueves era la última sesión plenaria antes del parón por Navidad. La proximidad de estas fiestas, sin embargo, no se ha traducido en un final de curso dulce para el Gobierno. Más bien todo lo contrario: el Ejecutivo ha visto de nuevo que su mayoría de investidura está erosionada. A todo ello se suman los presuntos casos de agresión sexual y de corrupción que cercan al PSOE.
Los grupos de la oposición, principalmente PP y Vox, se han encargado de plasmar en la Cámara Baja que el Ejecutivo tiene muchas dificultades para sacar adelante su agenda, y también han querido recordar a la opinión pública que el caso Ábalos y Leire Díez no son ajenos al Partido Socialista.
El Gobierno intenta despejar todo tipo de dudas ante este escenario y mantiene que la legislatura está viva y que irá “hasta 2027 y más allá”. Así lo indicaba esta misma semana el propio presidente Pedro Sánchez, quien se aventuraba a decir que su intención es la de seguir en la Moncloa hasta el año 2031.
A pesar de las adversidades, el Ejecutivo saca pecho y dice que se irá de vacaciones con varias victorias parlamentarias: entre ellas el alza del sueldo de los funcionarios hasta 2028, el aplazamiento del nuevo reglamento de facturación electrónica para empresas ‘Verifactu’ y también nuevas ayudas para los afectados por el volcán de la Palma.
Detenciones, presuntos casos de acoso y sin el voto de Ábalos
El contexto no es fácil para el PSOE en estos momentos. La sesión plenaria de este jueves ha arrancado con la noticia que el juez del Tribunal Supremo abría juicio oral contra el exministro de Transportes y exsecretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, también contra Koldo García y el presunto conseguidor y comisionista Víctor de Aldama. En los pasillos, el ministro más madrugador, Ángel Víctor Torres, no se ha querido pronunciar al respecto. Tampoco ha querido hacer ninguna declaración sobre la detención de la exmilitante socialista Leire Díez y el expresidente de la SEPI.
No ha habido tampoco declaraciones a la prensa del titular de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, sobre las últimas denuncias de acoso sexual presentadas por mujeres del partido. “Vamos a hablar de funcionarios”, se ha limitado a decir López antes de cruzar la puerta que da acceso al hemiciclo.
A todo esto, se suma otra nueva situación que complica un poco más la aritmética al PSOE en la Cámara Baja: la suspensión de derechos parlamentarios a José Luis Ábalos. Este miércoles la Mesa ha decidido retirarle el derecho al voto y suspender su sueldo después de que el Supremo haya desestimado su recurso contra el auto de procesamiento dictado por el juez sobre el caso de los contratos por la compra de mascarillas.
Este jueves Ábalos ya no ha podido votar en ninguno de los puntos del orden del día. Las mayorías, sin embargo, no cambian. Fuentes de la Mesa sostienen que la composición del Congreso quedará igual, en 350 diputados, y que la mayoría absoluta seguirá fijada en 176 votos.
Podemos ha querido aprovechar la situación que vive el PSOE para dejar claro que la formación “está preocupada por la falta de explicaciones”. Ha sido su secretaria general y diputada Ione Belarra quien ha insistido en que los socialistas ya no pueden hablar de “manzanas podridas” y que tienen “un problema serio de machismo”.
También el PP se ha querido pronunciar. Ha sido su secretario general y diputado, Miguel Tellado, quien ha sostenido que en estos momentos “todo el Gobierno de Sánchez está bajo sospecha”. Tellado ha exigido al presidente que asuma “responsabilidades políticas” y, nuevamente, que convoque elecciones anticipadas.
La geometría variable permite aprobar el alza salarial de los funcionarios
Ante la complejidad del escenario, la geometría variable ha entrado en escena una vez más. El Gobierno ha logrado aprobar el alza salarial de los funcionarios gracias al voto favorable del PP. Se trata de un aumento acumulado del 11% en las retribuciones de los trabajadores públicos entre 2025 y 2028. El acuerdo sindical a tres bandas (UGT, CCOO y CSIF) ha facilitado que los dos grandes partidos del Congreso hayan dado luz verde al texto.
El PP, sin embargo, ha querido dejar claro que su voto favorable no se traduce en ningún flotador al Ejecutivo. Más bien lo contrario: así han querido evidenciar que Pedro Sánchez no logra consolidar la mayoría que le invistió presidente en 2023.
Mientras, Junts sigue otra estrategia para demostrar que son ellos quienes marcan la agenda política. Los de Carles Puigdemont fuerzan que el Gobierno pierda de nuevo la votación de la senda de déficit, pero en cambio han aprobado retrasar el sistema ‘Verifactu’ para que no entre en vigor el 1 de enero de 2026. La formación independentista quiere evidenciar así que el “bloqueo” al PSOE anunciado hace unas semanas se mantiene y que solo votarán las medidas que ellos proponen.
En el caso de la senda de déficit, el diputado independentista Josep Maria Cruset ha querido ser muy claro en el debate parlamentario de este jueves: "Incumplir con Cataluña tiene consecuencias. Incumplir los acuerdos tiene consecuencias. Ni objetivos (de déficit) hoy, ni Presupuestos mañana". PP, Vox y Junts ya tumbaron el mismo punto el pasado 27 de noviembre.
El presidente Pedro Sánchez no ha estado presente este jueves en el Congreso después de haber pedido el voto telemático. En febrero volverá la actividad parlamentaria después del parón navideño y se iniciará un nuevo periodo de sesiones que estará marcado por las elecciones en Castilla y León y Andalucía. En el aire, también, un adelanto electoral en Aragón.
