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El Gobierno eleva un 8,5% el techo de gasto y aprueba la senda de estabilidad que se votará en el Congreso

  • El margen de déficit en el 0,1% para la comunidades necesitaría los votos de Junts o PP para salir adelante
  • Pero Montero fija hoja de ruta: presentar presupuestos en el primer trimestre de 2026 y tratar de aprobarlos en "abril o mayo"
El Gobierno eleva un 8,5% el techo de gasto hasta los 212.000 millones y aprueba la senda de estabilidad
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, tras el Consejo de Ministros Eduardo Parra / Europa Press

El Gobierno ha aprobado este martes un techo de gasto de 212.026 millones de euros para 2026, un 8,5% más que el fijado para este año, así como los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública que ya avanzó en la víspera a las comunidades autónomas. Esto último necesitará el beneplácito de las Cortes, como paso previo a la aprobación de unos presupuestos generales del Estado de 2026, con un futuro difícil por la oposición ya expresada de PP y Junts.

Con todo, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha mostrado decidida a presentar unas cuentas "expansivas y responsables", que sigan "reforzando el Estado del bienestar y abordando problemas como el del acceso a la vivienda", pero de forma acorde con las reglas fiscales, según ha expresado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El nuevo techo de gasto o "límite de gasto no financiero" supone 16.600 millones de euros más que en 2025 y contempla cerca de 23.000 millones en transferencias a la Seguridad Social, que asume el Estado y representan casi al 1,4% del PIB. Si se suman los recursos de los fondos europeos, dicho techo se eleva a los 216.177 millones de euros, también un 8,5% más que este año.

La administración central asume el mayor esfuerzo, pero tiene más margen

Como ya informó el martes, el Ministerio de Hacienda ha fijado una senda de déficit para el conjunto del Estado desde el 2,5% de este año al 2,1% en 2026, 1,8% en 2027 y 1,6% en 2028, un reducción de nueve décimas en tres años.

Por subsectores, la administración central tiene más margen, pero asume el mayor esfuerzo al bajar del 2,2% de 2025 al 1,8% en 2026, el 1,5% en 2027 y el 1,4% en 2028, esto es, ocho décimas menos de déficit al final del periodo. Para las comunidades autónomas, tal y como les planteó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, se mantiene en el 0,1% en los tres años siguientes, igual que este. Tampoco experimentan cambios en los ayuntamientos y se les exige estabilidad financiera, es decir, un 0% de déficit. En cuanto a la Seguridad Social, el objetivo continuará en el 0,2% hasta 2027, pero se apretará hasta el 0,1% en 2028.

Con la senda en duda, Montero quiere presentar presupuestos a principios de año

El déficit de las autonomías está en cuestión porque es la misma cifra que ya presentó el Gobierno el año pasado y el Congreso rechazó. La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, avanzó su 'no' incluso antes de conocerse el citado 0,1% para 2026: "Si presenta lo mismo, va a tener el mismo voto que ha tenido el año pasado y esto es de pura lógica", afirmó en declaraciones recogidas por Europa Press.

Sin embargo, Montero se ha dirigido especialmente al Partido Popular para pedir su apoyo. "Rechazar esta senda de estabilidad lo único que hace es perjudicar a los gobiernos autonómicos y, además, no paraliza ni implica ninguna desviación respecto a la aprobación de los presupuestos como tenemos prevista", ha señalado y ha recordado que, si no se aprueba, entrará en vigor la exigencia de equilibrio presupuestario que fija la Constitución, es decir, las comunidades perderían la décima de margen, 5.485 millones de euros. En su opinión, el bloqueo solo se explicaría por "puro interés partidista" y, por eso, ha pedido "altura de miras".

El Gobierno insiste en que negociará los presupuestos, pese al rechazo de PP, Junts y Podemos

En la víspera, los populares calificaron de "paripé" que el Ejecutivo fije unos objetivos de déficit sin contar con los apoyos para unos presupuestos, pero la vicepresidenta ha insistido en su hoja de ruta, que ubica la presentación del proyecto a "principios o mediados del primer trimestre del año que viene". "Todavía se requiere mucha intensidad de diálogo con el conjunto de los partidos políticos, de manera que pudieran estar aprobados a lo largo del mes de abril o mayo", ha apuntado.

Esta perspectiva resulta poco creíble para el PP, cuando poco antes su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado que Pedro Sánchez tiene una "mayoría en contra" en la cámara baja. "Un Gobierno responsable convocaría elecciones o moción de confianza, pero saben que perderían ambas", ha afirmado.

Deuda por debajo del 100% del PIB en 2028

El "esfuerzo" que tanto ha repetido Montero en su comparecencia se refleja también en los objetivos de deuda pública en el próximo trienio. La meta está en alcanzar el 99,1% del producto interior bruto (PIB) en 2028, después de bajar al 100,9% en 2026 y el 100% en 2027.

"Hemos reducido 22 puntos desde el primer trimestre del año 2021", ha recalcado Montero para subrayar la evolución desde el máximo alcanzado en la pandemia. En su opinión, esta reducción denota el buen funcionamiento de la economía española y se está reflejando en la valoración de las agencias de calificación.

Por último, la regla de gasto se situará en una variación anual del 3,5% en 2026, el 3,4% en 2027 y el 3,2% en 2028.

"Pese al ruido interesado de algunos, a los no argumentos que se esgrimen por otros, no hay ni bloqueo ni parálisis. Todo lo contrario", ha zanjado Montero en la rueda de prensa.

El Consejo de Ministros ha aprobado también este martes el cuadro macroeconómico, que recoge un crecimiento sostenido por encima del 2% hasta 2028 y una reducción de la tasa de paro que llegará hasta el 9% en el mismo periodo.

Como novedad, este instrumento no medirá solo la marcha de la economía por el PIB e incorporará datos de la evolución de la desigualdad y la pobreza, que deberán tenerse en cuenta a la hora de elaborar políticas económicas y sociales.