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El virus y sus consecuencias han hecho gastar más, al mismo tiempo que se ha ingresado menos. Eso se traduce en déficit para el Estado. El dato final de 2020 se conocerá a lo largo de este mes cuando finalice la contabilidad. Pero el Gobierno ha adelantado que no va a superar el ya previsto de 11,3%. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insiste en que los tiempos para recuperar el ajuste presupuestario deben esperar todavía y ha adelantado que el Gobierno va a continuar con politicas anticiclicas, con unos nuevos presupuestos expansivos para 2022 para mitigar la grave crisis económica. Todo esto después de aprobar un gasto récord para este 2021, en el que también se preve un déficit público provisional abultado. Informa Borja Cacho.

El Fondo Monetario Internacional vaticina que España batirá su récord de déficit este año. Calcula que se disparará hasta el 14,1%, cinco puntos más de lo que vaticinaba en abril y tres puntos más que la última estimación del gobierno. España será el quinto país con mayor déficit de entre las principales economías del mundo, por detrás de Canadá, EEUU, Reino Unido y Japón. El FMI dibuja además un mundo mucho más endeudado que en abril por la crisis del COVID.

Las autonomías tendrán un margen de endeudamiento 20 veces mayor que el que se había pactado antes de la crisis del coronavirus, es lo acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El objetivo previsto para el año que viene pasa del 0,1 por ciento al 2,2 por ciento. Hacienda ha comunicado a las comunidades autónomas que de esta crisis se saldrá con mayor gasto público. Además, hay que recordar que, durante este año y el siguiente, el cumplimento de los objetivos no será obligatorio y por lo tanto no se penalizará a quien no cumpla. Además del mayor margen para endeudarse, la Ministra María Jesús Montero ha anunciado que las comunidades recibirán el año que viene más de 100.000 millones de euros correspondientes a las entregas a cuenta de 2021. Informa Usúa Irastorza.

María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ha explicado en una rueda de prensa que el déficit para las comunidades autónomas será del 2,2 % del PIB, una cifra que está basada en el porcentaje del déficit que pueden desviar las comunidades para el año 2020 (un 0,6 %), el fondo COVID-19 (1,4 %) y del sistema de financiación (0,2 %).

Los números rojos superan los 68.000 millones de euros, cifra que Hacienda atribuye el repunte al aumento de gasto para combatir la pandemia, acompañado de un importante descenso en la recaudación. Mientras que las autonomías reducen ligeramente su déficit, la administración central triplica el del año pasado. Se prevé que el agujero siga creciendo y el déficit podría llegar a multiplicar por tres la cifra del año pasado: se situaría en un 10%. Informa Raquel García.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha vuelto a rechazar el decreto que pretende aprobar hoy el Gobierno para poder utilizar los remanentes de los ayuntamientos. Bermúdez cree que, si el Ejecutivo no introduce modificaciones, no saldrá adelante. “La postura mayoritaria es un no al decreto”, ha dicho. Además, ha pedido al Gobierno que explore otras vías como la suspensión temporal de la ley de Estabilidad para que, durante un tiempo, no se aplique la regla de gasto. “Vivimos una situación excepcional que requiere medidas excepcionales”, ha asegurado Bermúdez, que ha dicho que los ayuntamientos están sufriendo una caída de ingresos “demoledora” al tiempo que hacen frente “en primera línea” a la crisis social.

Hacienda está estudiando una fórmula para relanzar la economía con ayuda del superávit de los ayuntamientos. En este momento, por la ley de estabilidad presupuestaria o la propia Constitución, no pueden utilizarlo. La propuesta pasa por inyectar al Estado unos 15.000 millones de euros, para después devolvérselo a plazos con el objetivo de que los ayuntamientos puedan invertir en servicios públicosHacienda sólo devolvería a los ayuntamientos 5.000 millones entre este año y el que vieneEl resto, se lo quedaría con la intención de reintegrárselo en un plazo de diez años. 

La propuesta ha creado división de opiniones: los alcaldes populares han sido muy críticos, mientras que los socialistas la ven con buenos ojos. 

Informa Usua Irastorza.