La Audiencia Nacional investiga a la dirección de Sidenor por vender acero a una empresa de armamento israelí
- Se le acusa de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o genocidio
- Tres investigados han sido citados a declarar ante el juez el próximo 12 de noviembre
El juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, investiga por contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o genocidio al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga Gómez, y a otros dos directivos por vender acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI), fabricante de armas, tanto pesadas como ligeras.
Según informa la Audiencia Nacional, el juez considera que los investigados actuaron con pleno conocimiento de que el material iba a ser utilizado para fabricar armamento que luego iba a ser empleado en la Franja de Gaza contra la población palestina.
Tras conocerse la investigación, Sidenor ha asegurado en un comunicado que hizo pública "su decisión de suspender todas las relaciones comerciales con Israel" el pasado 1 de julio, después de que el Gobierno de España anunciara la ruptura de los contratos para la compra de armamentos en abril.
La compañía "ha puesto el tema en manos de sus abogados y seguirá sus indicaciones para responder al juez en el proceso iniciado, a quien le dará toda la información que obre en su poder", según ha indicado también en la nota.
El magistrado, que este viernes ha levantado el secreto de las actuaciones, considera que la venta de acero de una de las principales siderúrgicas de España se habría llevado a cabo sin haber solicitado la correspondiente autorización del Gobierno y sin inscribirse en el registro correspondiente, tal y como consta en un oficio de la Comisaría General de Información del pasado 10 de septiembre.
Los tres investigados en este procedimiento, que se inició a raíz de una querella hace diez meses de la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa, han sido citados a declarar como investigados ante el juez el próximo 12 de noviembre.
El Gobierno desconoce la investigación
En declaraciones a los periodistas en Sevilla, preguntada por la investigación por parte de la Audiencia Nacional a la empresa Sidenor, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado que desconoce los detalles y que es un asunto que corresponde a los poderes judiciales.
Montero ha insistido en que existen normativas para evitar el comercio de material de guerra procedente o con destino a Israel y que el Gobierno español ha sido "ejemplar" en situarse "en el lado correcto de la historia" ante el "genocidio" que ha ocurrido en Gaza.
Según la vicepresidenta, esta posición ha sido una "invitación" para otros países y ha "contribuido mucho" para que se alcanzara un acuerdo de paz sobre cuyo desarrollo estarán "vigilantes".
Hechos de dominio público
El juez entiende que los hechos ocurridos en Gaza son de dominio público tanto por la información publicada a diario en prensa y televisión como por la calificación provisional como delito atribuido a estos acontecimientos por el Tribunal Penal Internacional y las denuncias presentadas por la Relatora Especial de la ONU, Francesca Albanese, y por la UNRWA, entre otras personas y agencias de Naciones Unidas.
A juicio del instructor, estos hechos serían constitutivos de un delito de contrabando contemplado en la Ley Orgánica de Represión del Contrabando y de otro de participación por complicidad en un delito de lesa humanidad de los artículos 29 y 607 bis del Código Penal o, alternativamente, de complicidad en un delito de genocidio del artículo 607 del mismo texto legal.
El titular del Juzgado Central de Instrucción Uno considera que los hechos también son imputables a la sociedad mercantil Clerbil SL, que ostenta el cargo de administrador único de Sidenor Holdings Europa.
No se considerará a Sidenor persona jurídica investigada
Por el contrario, el magistrado entiende que no procede por el momento considerar como persona jurídica investigada a la sociedad mercantil Sidenor Aceros Especiales SLU dado el papel activo de los trabajadores de esta empresa a la hora de denunciar las ventas, así como a impedir la continuación de la actividad presuntamente delictiva.
En este caso, el magistrado aplica la Directiva (UE) 2019/1937 y la ley transposición 2/2023, de 20 de febrero reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de la lucha contra la corrupción, particularmente el artículo 2 letra b artículo 3.1.a, artículo 3.3 y artículo 3.4 c.
Este último extiende la protección a las personas jurídicas que puedan tener la condición de informantes, condición que, en este supuesto, según el juez, se cumple en interés de los trabajadores mediante la protección de la sociedad referida, que no quedará afectada por las medidas cautelares ni tampoco por las eventuales penas que pudieran imponerse a las personas jurídicas.
