La Corte Internacional de Justicia advierte a Israel de la ilegalidad de usar el hambre como arma de guerra
- La CIJ asegura que el país no ha presentado pruebas suficientes para vincular a la UNRWA con Hamás
- Israel ha tildado las declaraciones del tribunal de "vergonzosas" y asegura que la CIJ está "politizada"
Usar el hambre como arma de guerra, trasladar forzosamente a una población, vetar a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en Gaza y Cisjordania, o crear asentamientos para colonos israelíes en territorio palestino. Son las acciones ilegales que, según la Corte Internacional de Justicia (CIJ), ha cometido Israel durante los dos años de masacre en Gaza.
El tribunal ha concluido además que Israel, como "potencia ocupante" de los territorios palestinos, está "obligado a garantizar las necesidades básicas" de la población local de la Franja de Gaza, incluidos los suministros esenciales para su supervivencia. También a "aceptar y facilitar los planes de ayuda" proporcionados por la ONU, incluida la UNRWA.
Asimismo, la CIJ ha urgido al Gobierno de Israel a "permitir el acceso" del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a los palestinos detenidos en las cárceles de Israel, a quienes se ha referido como "personas protegidas" procedentes de los territorios palestinos ocupados.
La CIJ, que se ha reunido este miércoles en La Haya para pronunciarse sobre las obligaciones de Israel, ha concluido también que la población local de Gaza "ha sido abastecida de forma insuficiente" y ha recordado que la ONU, a través de la UNRWA, ha sido un "proveedor esencial" de ayuda humanitaria para los civiles en Gaza. El panel de 11 jueces ha trasladado asimismo la obligación de Israel de apoyar los esfuerzos de ayuda brindados por la ONU en la Franja y sus entidades, incluida la UNRWA.
El hambre como arma de guerra y la ilegalidad de los traslados forzosos
La Corte Internacional de Justicia ha declarado que el impedimento "sustancial" por parte de Israel al acceso de ayuda humanitaria a Gaza "durante un periodo significativo de tiempo" ha tenido "consecuencias catastróficas" para la población civil en la Franja.
"La población local de la Franja de Gaza ha sido abastecida de forma insuficiente (…) En tal situación, Israel, como potencia ocupante, tiene la obligación de aceptar y facilitar los planes de ayuda", ha advertido el presidente de la CIJ, el juez japonés Yuji Iwasawa, durante la lectura de la decisión del tribunal.
Los continuos y férreos bloqueos israelíes a la entrada de ayuda humanitaria durante la masacre en Gaza han provocado la muerte de cientos de personas por inanición y más de 54.600 menores sufren desnutrición, según un estudio de la UNRWA. En agosto, la ONU declaró oficialmente la hambruna en la gobernación de Gaza, al norte de la Franja.
Desde que las bombas israelíes comenzaron a caer sobre la Franja, el Gobierno de Israel ha forzado a la población a desplazarse innumerables veces. El Ejército controla más del 83% de la Franja, un territorio de apenas 14 kilómetros cuadrados donde viven cerca de 2,4 millones de personas (lo que le convierte en una de las zonas más densamente pobladas del planeta).
El CIJ, en su declaración, ha advertido a Israel de que el "traslado forzoso" de una población civil es ilegal. "El traslado puede considerarse forzoso no solo cuando se realiza mediante el uso de la fuerza física, sino también cuando las personas afectadas no tienen otra opción más que marcharse. Esto puede incluir la imposición de condiciones de vida intolerables", ha declarado Iwasawa.
Pruebas insuficientes para alegar vínculos de la UNRWA con Hamás
A principios de año, Israel vetó a la UNRWA en todos los territorios palestinos (la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este) alegando que en la organización había trabajadores infiltrados de Hamás. La decisión asestó un golpe casi mortal a los derechos básicos de los palestinos: la agencia de Naciones Unidas era la principal encargada de proveer educación, sanidad y alimentos, entre otros servicios.
Pero este miércoles, el tribunal internacional ha afirmado que Israel "no ha fundamentado sus alegaciones de que una parte significativa" de los empleados de la UNRWA "son miembros de Hamás", ni tampoco ha demostrado la presunta falta de neutralidad de la agencia humanitaria en su conjunto como alega Israel.
Durante las investigaciones de abril de 2024, la ONU señaló que nueve empleados "pudieron" estar implicados en los ataques del 7 de octubre, pero aclaró que no pudo verificar de forma independiente las pruebas aportadas por Israel. Pero para entonces, Israel ya había vetado a la UNRWA operar en territorio israelí, lo que redujo sus actividades en Gaza y la Cisjordania ocupada por Israel, dada su dependencia de la coordinación con las autoridades israelíes.
La CIJ ha añadido que el despido de estos nueve miembros de la agencia es "insuficiente para sostener la conclusión de que la UNRWA, en su conjunto, no es una organización neutral".
El alto comisionado de la UNRWA, Philippe Lazzarini, ha recibido con "satisfacción" la decisión de la CIJ y ha añadido que "debe haber rendición de cuentas por el asesinato de miembros del personal de UNRWA, por el severo maltrato al personal humanitario detenido y por la destrucción, los daños y el mal uso de las instalaciones de UNRWA". También ha recordado que en su mensaje en X que " la UNRWA tiene los recursos y la experiencia para ampliar de inmediato la respuesta humanitaria en Gaza y ayudar a aliviar el sufrimiento de la población civil con enormes cantidades de alimentos y otros suministros vitales disponibles en Egipto y Jordania".
El Ministerio de Exteriores palestino también se ha pronunciado ante las declaraciones del CIJ respecto a la UNRWA y ha señalado que "Israel debe levantar de inmediato la prohibición ilegal impuesta a la UNRWA y permitir que todas las demás organizaciones internacionales invitadas por Palestina operen con libertad y seguridad en Gaza y el resto del Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Este".
Israel niega su incumplimiento del derecho internacional
Ante las declaraciones de la CIJ, Israel ha negado que esté incumpliendo el derecho internacional. También ha cargado contra el tribunal y ha asegurado que sus recomendaciones son "imposiciones políticas". "Israel rechaza categóricamente la opinión consultiva de la CIJ, totalmente previsible desde el principio, sobre la UNRWA. Este es otro intento político de imponer medidas políticas contra Israel bajo el pretexto del 'derecho internacional'", ha señalado en X el Ministerio de Exteriores, Gideon Saar.
El embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon, ha calificado la opinión consultiva de la CIJ sobre la UNRWA de "vergonzosa": "Están culpando a Israel por no cooperar con los órganos de la ONU... Deberían culparse a sí mismos. Esos órganos se convirtieron en caldo de cultivo para los terroristas. Tomemos, por ejemplo, la UNRWA... Una organización que apoyó a Hamás durante años".
La CIJ ha rechazado la acusación israelí de que sus declaraciones constituyan "un abuso o instrumentalización" del tribunal y ha asegurado que desde el CIJ consideran que la "información disponible" permite al tribunal "decidir las cuestiones jurídicas de manera coherente con su función judicial".
Palestina duda que Israel cumpla las órdenes de la CIJ
Con varias experiencias anteriores como pretexto, el Gobierno palestino ha alertado de que Israel "no cumplirá, ni asumirá las responsabilidades" dictadas este miércoles por la CIJ y ha urgido a que se le exija "respetar la ley".
"Todos sabemos que Israel no cumplirá ni asumirá las responsabilidades establecidas por la Corte (...) No hay ningún pretexto, contexto, ni excusa que Israel pueda usar para justificar su rechazo al trabajo de organizaciones internacionales en el territorio palestino ocupado o para impedir la labor de la UNRWA. El tribunal fue muy claro sobre la UNRWA, que ha sido objeto de una campaña destinada a socavar su presencia, su posición internacional y su reputación", ha declarado el embajador palestino en Países Bajos, Ammar Hijazi.
El diplomático ha considerado además que la responsabilidad, ahora, recae en los Estados, "que deben hacer cumplir estos valores y obligar a Israel a respetar la ley".
La opinión de la CIJ no es jurídicamente vinculante, pero su peso político y simbólico aumenta la presión internacional sobre Israel. El año pasado, la Corte Penal Internacional (CPI) ordenó el arresto del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y lesa humanidad.
Esta la tercera vez que el tribunal comenta sobre la presencia israelí en Palestina. El año pasado, el tribunal consideró que las políticas de asentamientos israelíes "violan el derecho internacional" y la "presencia continua" de Israel en Palestina es "ilegal": la CIJ exigió a Israel la "evacuación de todos los colonos", y la devolución de tierras a sus residentes originales desplazados desde 1967. En 2004, confirmó la ilegalidad del muro de separación.
