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El Supremo da 15 días al Ejecutivo de Sánchez para acoger a los menores solicitantes de asilo de Canarias

  • El aviso llega después de que Canarias alertara del insuficiente ritmo de ejecución del traslado de los menores
  • El presidente canario confía en que el Gobierno de España "cumpla definitivamente con su obligación"
Menores migrantes en España: entre la pobreza, la burocracia y el sueño de una vida mejor
Menores a su llegada al puerto de Gran Tarajal.

El Tribunal Supremo ha requerido al Gobierno para que un plazo improrrogable de 15 días asuma la acogida de los menores extranjeros solicitantes de asilo que se encuentran en Canarias, tal y como ordenó el Alto Tribunal en marzo. El requerimiento a la Administración del Estado agrega que debe cumplirse su mandato "en sus propios términos, adoptando cuantas medidas sean necesarias con el carácter de urgencia que estas actuaciones imponen, con los apercibimientos ya señalados" e insiste en que no existe la posibilidad "de excusa o reparo alguno" de suspender lo ordenado.

La exigencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo llega tras la recepción de un escrito de Canarias, en el que el Ejecutivo regional alertaba del insuficiente ritmo de ejecución de la medida cautelar adoptada por el Supremo, por la que la administración debe hacerse cargo de un millar de estos menores. El archipiélago canario denuncia que todavía mantienen una "situación de hacinamiento de menores no acompañados solicitantes de protección internacional en las instalaciones de la Administración autonómica".

Este es el tercer aviso que el Supremo da al Gobierno desde que en marzo le ordenó que asumiese la acogida de los menores que requieren de protección internacional, momento en el que dio un plazo de 10 días para cumplir esta medida, como recuerda el auto, dictado este martes.

Para el Supremo, el ritmo de ejecución de acogida es "inadmisible"

Según el Alto Tribunal, al Gobierno de Canarias "no le falta razón" cuando se refieren a "la trascendente demora que se aprecia". "Si bien y no sin previo recordatorio por este Tribunal, la Administración General ha remitido periódicamente a este Tribunal las concretas actuaciones que se han desarrollado; es lo cierto que dichas actuaciones no han propiciado el cumplimiento de los claros términos de la orden dada", percibe el Tribunal Supremo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo también denuncia en un auto con fecha de este martes que el ritmo de ejecución de acogida de los menores migrantes es "manifiestamente inadmisible".

Además, el tribunal manifiesta que "no se trata de que la Administración Central determine o no las dificultades de los Centros del Sistema", sino que llama a "incluirlos en dicho Sistema en la forma que considerase procedente, posible y con la premura impuesta (diez días, iniciales). "Sin embargo, lo actuado está muy alejado de dicha orden", señala el Alto Tribunal, que añade que "menos aún cabe oponer reparos de gestión de la orden dada basándose en una pretendida dificultad formal, que debe estimarse obviadas con los claros términos del mandato judicial".

Clavijo espera que el Estado cumpla con su obligación tras el auto

Tras el auto emitido, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha confiado en que el Gobierno de España "cumpla definitivamente con su obligación" de incorporar al sistema de protección internacional a los menores migrantes no acompañados en situación de asilo que han llegado al archipiélago. Además, ha señalado que "es sorprendente" que el Gobierno haya tenido que esperar a hasta tres autos desde que se inició el proceso en marzo y ha añadido que el auto pone de manifiesto "el abandono que la Administración del Estado ha sometido a Canarias y a esos niños y niñas".

El presidente regional ha constatado que el Supremo "vuelve a darle la razón" a su ejecutivo y ha solicitado comparecer en el Parlamento de Canarias para informar sobre el requerimiento. El Estado "siempre habla de cooperación y colaboración", pero "se constata que no hay voluntad de poner solución a una situación que vulnera los derechos de los menores y desborda la capacidad de la Comunidad Autónoma", ha afirmado Clavijo.

"No sé cuántos autos más va a tener que dictar el Tribunal Supremo para que se termine la vulneración de los derechos de estos menores" y su hacinamiento, y para que puedan acceder a los servicios a los que tendrían derecho al estar en la red de protección internacional, ha subrayado el presidente canario.

Por su parte, el Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones ha señalado tras la difusión del auto del Tribunal Supremo que el Gobierno "trabaja para dar respuesta a esos autos y garantiza que se cumplirán en tiempo y forma". Además, las fuentes del Ministerio encabezado por Elma Saiz ha precisado que en la actualidad cuentan con 135 plazas en diferentes recursos en península que no se pueden cubrir porque el Gobierno canario no ha remitido las autorizaciones de los menores, "extremo fundamental para poder efectuar los traslados a península, ya que son sus tutores legales".

Rego pide "seriedad y colaboración" entre administraciones

La Delegación del Gobierno en Canarias ha firmado este jueves 81 expedientes de menores migrantes no acompañados para su traslado a la península en aplicación de las medidas para situaciones de contingencia migratoria extraordinaria y del procedimiento para su ubicación.

La Delegación del Gobierno recuerda que el Gobierno de Canarias es el que debe ejecutar la salida del menor hacia la comunidad de destino en un plazo máximo de cinco días naturales desde la notificación de la resolución y traslado. Además, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestano, ha considerado que con estas resoluciones se da "un importante paso para agilizar los expedientes".

Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha pedido "seriedad y colaboración" entre administraciones para acoger menores migrantes, que atraviesan "una situación complicada". Así se ha pronunciado en un acto en A Coruña, donde ha señalado que percibe que el Ejecutivo gallego presenta "una actitud bastante refractaria" ante la acogida de niños y niñas que están en Canarias, si bien la Xunta ha anunciado que ha acogido al primero de los 317 menores asignados por el Gobierno central.

Rego también se ha referido a la reforma de la ley de extranjería y ha señalado que "venía acompañada de financiación suficiente". No obstante, como el sistema de protección de menores "es competencia de las comunidades autónomas", estas tienen "la obligación de dotarlo de manera suficiente".

Canarias denuncia la lentitud en las derivaciones

El Gobierno Central comenzó a realizar los primeros traslados de menores solicitantes de asilo a la península en agosto, con el fin de aliviar a los territorios fronterizos, donde la saturación de los centros de protección ha alcanzado niveles críticos. Según el mecanismo aprobado por el Ejecutivo de Sánchez, en el plazo de un año se derivarán unos 3.000 niños y adolescentes todavía tutelados en Canarias, Ceuta y Melilla; otro de los puntos claves es que aquellos menores que lleguen a partir de septiembre deberán ser reubicados en un máximo de 15 días.

Sin embargo, el archipiélago canario, que es una de las zonas más tensionadas, ha denunciado la lentitud en las derivaciones. Hasta el 21 de octubre, el Gobierno ha trasladado a 191 menores desde Canarias y todavía reciben atención en las islas casi 900 niños.

La reubicación de los menores migrantes es un tema polémico para las comunidades autónomas. En julio, aquellas lideradas por el Partido Popular declinaron participar en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, cuyo tema principal a abordar era la reubicación de estos menores. Tal y como afirmó el Ministerio de Juventud e Infancia, la Comunidad de Madrid, la Valenciana y Andalucía son aquellas zonas que más migrantes van a acoger.

En junio, Aragón y otras comunidades autónomas recurrieron ante el Tribunal Constitucional el Real Decreto Ley mediante el que el Gobierno de España impone los criterios de reparto de menores migrantes no acompañados que permanecen en Canarias y al amparo del que se está planteando la distribución de todos ellos en la península.