El Gobierno inicia el reparto de menores migrantes no acompañados con diez derivaciones a la Península
- El plan estatal incluye 750 plazas urgentes y una inversión de 40 millones para aliviar la saturación en Canarias
- Varias comunidades denuncian que el reparto se hace sin datos sobre edad, salud ni recursos de acogida
El Gobierno central inicia este lunes el proceso de reubicación de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo desde Canarias, con el traslado de diez menores de Mali, a recursos estatales de protección internacional en la Península.
Así lo han confirmado fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de la Consejería de Bienestar del Gobierno de Canarias, al recordar que de este modo, el Ejecutivo avanzará en el cumplimiento de la orden del Tribunal Supremo para que el Estado se haga cargo, con sus recursos, de estos jóvenes.
La reubicación de estos diez menores, que en un primer momento se preveía que fuesen ocho, estará, no obstante, condicionada a la disponibilidad de plazas en los vuelos, han indicado desde la Consejería de Bienestar del Gobierno autonómico, aludiendo a las indicaciones del Ejecutivo central, que es quien debe gestionar estos traslados.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que ya están viajando desde Canarias. En su cuenta de X el titular de Política Territorial y Memoria Democrática ha señalado este lunes que con el primer traslado a la Península de menores solicitantes de asilo el Gobierno de España "cumple con Canarias", ante la saturación de sus centros, y seguirá cumpliendo con el resto de traslados programados.
El Gobierno español, ha continuado, lo hace "en coordinación con Canarias, con rigor, compromiso y sin improvisaciones". Sobre todo, ha apostillado Torres, "lo hacemos garantizando el derecho superior del menor, acompañándolos en todo momento". "Cumplimos con el mandato judicial; y, sobre todo, cumplimos con estos niños y niñas" que están protegidos internacionalmente por la complicada situación de su país y, ha añadido, "seguiremos cumpliendo con el resto de traslados programados".
Para la derivación, el Gobierno español debe pedir autorización al de Canarias, que ostenta la tutela de los menores. El Gobierno hizo la solicitud el pasado jueves, pero hasta el viernes a las 18.30 horas no concretó la fecha de salida, el destino de cada menor ni las personas que les acompañarán, lo que generó dudas en la administración canaria sobre que las derivaciones pudieran producirse este lunes.
El Gobierno central y el del archipiélago mantendrán una reunión interadministrativa cada martes para trabajar en el traslado de estos menores solicitantes de asilo y lo previsto es que a partir de esta primera derivación haya dos traslados semanales de entre 15 y 20 jóvenes.
Los menores trasladados
Los menores que serán trasladados en esta primera fase han sido previamente valorados por Engloba, la entidad colaboradora en Canarias, que ha realizado entrevistas individualizadas a quienes han mostrado disposición a moverse a la Península. Este trámite es clave para asegurar que el procedimiento se lleva a cabo con garantías legales y de protección.
Una vez finalizados los expedientes, el Gobierno de España y el Ejecutivo canario seleccionaron los perfiles más adecuados para comenzar los traslados, en función de sus necesidades y el destino previsto. El protocolo ha sido diseñado para proteger especialmente a un colectivo considerado de alta vulnerabilidad.
Según el Ministerio, todos los martes se reunirán y harán balance, y después de esa reunión, informarán del resto de traslados que pueden ser de esta semana o las próximas.
Muchos de estos menores huyen de conflictos armados y llegan completamente solos al país. El Ministerio ha señalado que, aunque el grupo es diverso, entre los solicitantes predominan perfiles procedentes de Mali, así como niñas y adolescentes que requieren una atención diferenciada por motivos de género y seguridad.
Aunque aún no se ha detallado el destino exacto de los primeros diez jóvenes, se ha aclarado que no serán derivados a Madrid, en un contexto de fuerte rechazo por parte de esta comunidad y del municipio de Pozuelo de Alarcón, que ha ordenado el cierre del centro de acogida estatal (CREADE) por supuestas irregularidades urbanísticas. El consistorio, gobernado por el PP, sostiene que el espacio no cuenta con licencia para uso residencial, y ha criticado al Gobierno por no haber comunicado formalmente la llegada de menores migrantes. Desde el Ministerio de Inclusión se ha respondido que el centro sigue operativo y se ha acusado al Ayuntamiento de promover un rechazo preventivo carente de base legal.
Canarias y el Gobierno central: una colaboración con tensiones
Aunque la colaboración entre el Gobierno central y el Ejecutivo canario ha sido constante en las últimas semanas, el proceso de derivación de menores no acompañados no ha estado exento de fricciones. El presidente autonómico, Fernando Clavijo, ha reiterado en varias ocasiones que las medidas estatales son "insuficientes" ante una situación de colapso estructural que la comunidad gestiona casi en solitario.
Solo en lo que va de 2025, han llegado a Canarias más de 2.800 menores migrantes no acompañados, que se suman a los cerca de 5.500 que ya acogía el archipiélago a comienzos de año. "Canarias no puede seguir siendo el único muro de contención de Europa", advirtió Clavijo el 1 de agosto. También reclamó una "respuesta real, con derivaciones efectivas y plazas disponibles ya", cuestionando la lentitud de la actuación del Estado pese a las reuniones interadministrativas semanales.
La intervención del Tribunal Supremo fue decisiva para desbloquear la situación. En marzo de 2025, tras la demanda presentada por el Gobierno canario ante la saturación de sus centros de acogida, el Tribunal emitió un auto que obligaba al Ejecutivo central a asumir la responsabilidad y organizar la reubicación de estos menores.
El fallo reconoció la competencia estatal en la materia y estableció la necesidad de un plan urgente para evitar que Canarias siguiera asumiendo sola la presión humanitaria. Este mandato judicial impulsó la elaboración del modelo de reparto actualmente vigente, que incluye la activación de hasta 3.000 plazas de acogida a partir del 28 de agosto, para derivar menores no solo desde Canarias, sino también desde Ceuta y Melilla.
750 plazas y una ley de obligado cumplimiento
El Ministerio de Inclusión ha puesto en primer lugar sobre la mesa 750 plazas de acogida que se irán habilitando junto a entidades colaboradoras. Estas plazas forman parte de una planificación mayor: el Consejo de Ministros ha aprobado una declaración de emergencia con 40 millones de euros para crear 1.200 plazas de acogida en la Península.
La medida responde al auto del Supremo que ordenaba al Estado hacerse cargo de alrededor de mil menores solicitantes de asilo, al tratarse de una competencia estatal.
Además, se ha aprobado un Real Decreto que regula el procedimiento de reubicación, estableciendo que los menores que lleguen a zonas en situación de contingencia migratoria deberán ser trasladados en un máximo de 15 días.
Un conflicto político abierto
La reubicación ha desatado una batalla política entre el Gobierno central y varias comunidades autónomas, la mayoría gobernadas por el Partido Popular. Once de ellas han recurrido el Real Decreto ante el Tribunal Constitucional y plantaron al Ejecutivo en la reunión sectorial del 17 de julio.
La ministra de Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseguró el pasado miércoles que "no va a haber excepcionalidad" en el reparto, y recordó que la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería establece una "solidaridad obligatoria" para con estos menores. Según la ministra, el Gobierno está cumpliendo “de manera exclusiva” con el auto del Supremo y trabaja en coordinación con Canarias para cumplirlo de forma “exquisita y escrupulosa”.
Sin embargo, el malestar entre algunas comunidades va en aumento. Aragón, que debe acoger a 251 menores, ha denunciado que está planificando "a ciegas", sin disponer de información concreta sobre edades, estado de salud o condiciones de los menores. Tanto la consejera de Bienestar Social, Carmen Susín, como la vicepresidenta autonómica, Mar Vaquero, han criticado duramente la "falta total de coordinación" por parte del Estado.
Desde la Comunidad Valenciana, la portavoz popular Elena Bastidas ha acusado al Gobierno de Sánchez de tratar a los menores "como mercancía" y ha denunciado el colapso del sistema autonómico, que estaría funcionando "al 160% de su capacidad". En Madrid, el Ejecutivo regional también ha asegurado que carece de "cualquier información oficial" sobre los traslados, más allá de lo publicado por la prensa.
Desde Baleares, la presidenta Marga Prohens ha calificado el reparto como "inhumano" y ha reclamado al Gobierno que "asuma su responsabilidad" y defina claramente los lugares y condiciones de acogida. Ha criticado la falta de recursos y personal en los consells insulares y ha denunciado que el Estado ejerce un "chantaje" sobre las comunidades autónomas.
