Madrid recurre ante el Supremo el reparto forzoso de menores migrantes no acompañados
- La Comunidad de Madrid considera que el Gobierno de España vulnera competencias autonómicas
- La administración regional considera el reparto "arbitrario, opaco y discriminatorio"
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La Comunidad de Madrid ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 658/2025, aprobado por el Gobierno de España el pasado martes 22 de julio. Este decreto regula la reubicación de menores no acompañados desde Canarias en situaciones de presión migratoria. La administración regional argumenta que la normativa invade competencias autonómicas exclusivas en protección de menores y asistencia social.
Este recurso se suma a una impugnación previa ante el Tribunal Constitucional del Real Decreto Ley 2/2025, de 18 de marzo, del cual deriva el decreto actual. Dicha impugnación, respaldada por once servicios jurídicos autonómicos, incluida la Comunidad de Madrid, ya señalaba la supuesta falta de justificación de urgencia y el uso de un instrumento legal inadecuado para regular materias reservadas a leyes orgánicas.
En paralelo a la acción judicial, la Comunidad de Madrid ha instado al Gobierno de España, a través de diversos requerimientos a la Secretaría de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, y a los Ministerios de Juventud e Infancia y del Interior, a que remita de forma urgente la información utilizada para elaborar el reparto forzoso de menores no acompañados.
La Comunidad de Madrid considera este reparto "arbitrario, opaco y discriminatorio", diseñado, según sus palabras, para penalizar a las comunidades gobernadas por el Partido Popular y beneficiar a los socios nacionalistas del Gobierno central, al asignar 647 menores a Madrid y ninguno a Cataluña o País Vasco.
Entre la información solicitada figuran datos actualizados del Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA), los indicadores y la fórmula de ponderación aplicados, así como los motivos técnico-jurídicos de la asignación y todos los informes de tramitación del Real Decreto.
