Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana acogerán el mayor número de menores migrantes
- Pese a no estar obligada por ley, Cataluña se ha mostrado dispuesta a acoger al menos a 31 menores
- El Ministerio de Infancia sufragará la financiación de los traslados y el Estado se encargará de los gastos de la acogida
La Comunidad de Madrid, la Valenciana y Andalucía son las comunidades autónomas que más menores no acompañados acogerán en las próximas semanas, según ha confirmado este viernes el Ministerio de Juventud e Infancia.
En concreto, desde la cartera encabezada por Sira Rego estiman que se va a trasladar a un máximo de 3.975 niños frente a la cifra inicial, que superaba los 4.400.
Desde Juventud e Infancia han optado por un sistema que "busca garantizar un equilibrio entre los diferentes sistemas de acogida". Por ello, atienden al esfuerzo depositado por las comunidades, así como sus sistemas y sus dimensiones para el reparto. "Hasta ahora han existido enormes brechas entre los diferentes sistemas, con algunos que han realizado un buen trabajo previo y otros que no lo han hecho, y este Real Decreto viene a corregir estas diferencias históricas", precisan fuentes del Ministerio a RTVE.es.
Cataluña acogerá, aunque no está obligada
Andalucía es la comunidad que más menores va a recibir dada su capacidad; en concreto, serán 677 los traslados que provendrán de Canarias, Ceuta y Melilla. Por su parte, se estima que Madrid acogerá a 647 menores migrantes y, la Comunidad Valenciana, a 571. Dada su pequeña capacidad, Baleares solo acogerá a 49 migrantes.
Debido a sus sistemas de acogida tensionados, ni Cataluña ni el País Vasco se ven obligados por ley a realizar ninguna acogida. No obstante, desde Juventud e Infancia agradecen que Cataluña se haya mostrado dispuesta a acoger como mínimo a 31 menores, el mismo número que en anteriores ocasiones, y de este modo se convierte en la comunidad que más acogidas registra.
"Agradecemos la disposición de determinadas comunidades autónomas, especialmente de Cataluña, que voluntariamente ha decidido participar de la acogida", han expresado desde el Ministerio.
Juventud e Infancia sufragará la financiación de los traslados, mientras que el Estado se encargará de los gastos de la acogida durante al menos los tres primeros meses. "El Gobierno participa de esta acogida a través de la aportación de financiación a los diferentes territorios", añaden fuentes ministeriales.
Financiación millonaria
Además, varias comunidades como Madrid, Baleares, Canarias, Aragón o La Rioja, que sufren una sobreocupación, recibirán una compensación económica por parte del Ministerio. En el caso de Canarias, el archipiélago recibirá una financiación superior a los 24 millones de euros, mientras que a Madrid se destinarán 16 millones. Asimismo, la financiación en Aragón se acerca a los 4 millones de euros y en Andalucía, a los 9 millones. El plan también contempla una reserva para futuros traslados de 7 millones de euros.
Desde Juventud e Infancia consideran que la modificación del artículo 35 "supone un paso importante a la hora de garantizar los derechos de miles de niños, niñas y adolescentes que llegan solos a España". Con la modificación, llevada a cabo por un decreto ley, se han establecido los criterios para la derivación de los menores migrantes entre las comunidades autónomas. Asimismo, remarcan que desde el Ejecutivo de Sánchez apuestan "por protección a la infancia fundamentada en los derechos y en los cuidados".
Fue en marzo cuando el Gobierno, tras alcanzar un pacto con Junts, reformó la ley de extranjería, dado que consideraban que se trataba de una reforma urgente. De este modo, se obligó a las comunidades autónomas a inscribir a los jóvenes migrantes en el Registro de Menores No Acompañados, para así conocer una cifra en su conjunto y comprobar el nivel de saturación. Además, el Gobierno estableció un fondo extraordinario de 100 millones de euros en materia de acogida para este 2025.
Las comunidades reaccionan
El Gobierno de Mazón ha calificado de "imposición", "chantaje institucional" y "fórmula opaca y arbitraria" el reparto de menores no acompañados. Según la Generalitat, el Ejecutivo central "mercadea con los menores para seguir resistiendo en el momento de mayor debilidad de un Gobierno acorralado por la corrupción", pues a su juicio "no pretende solucionar el problema de la inmigración ni la crisis humanitaria de Canarias".
"Los menores no pueden ser una cortina de humo para que no se hable de la corrupción del PSOE ni una moneda de cambio con los independentistas de Cataluña", añaden desde el Consell. Del mismo modo, critican que se quiera "imponer un reparto por el cual a Cataluña y País Vasco le han tocado cero menores".
El Gobierno del País Vasco ha afirmado que la comunidad "ha hecho su trabajo" en lo relativo a la acogida de menores y ha indicado que "ahora le toca a otros". En palabras de la consejera vasca de Bienestar y Juventud, Nerea Melgosa, el Ministerio reconoce "el esfuerzo" que hace la comunidad con la acogida.
Por su parte, el Gobierno madrileño ha criticado que el Gobierno de Sánchez usa "criterios subjetivos" en el reparto al entender que se atienden a criterios "de salvamento del sanchismo" por excluir de la obligación de acoger a menores a Cataluña y al País Vasco.
Desde el Ejecutivo aragonés también han denunciado en un comunicado que el anuncio del reparto de menores es una "maniobra política" destinada a "tapar" los escándalos de corrupción del Gobierno de Sánchez, quien no tiene en cuenta el interés del colectivo de menores migrantes. Además, consideran "inviable" la posibilidad de acoger en la comunidad a 251 menores, así como la aportación de más de 3 millones de euros.
Según advierte el Gobierno de Azcón, desde finales de noviembre de 2023 los recursos de acogida y protección de menores en Aragón están saturados. Del mismo modo, indican que hay un déficit de profesionales y un goteo constante de menores extranjeros que ingresan en el sistema de protección autonómico. Critican que los menores que se incorporan al sistema autonómico se suman a los que llegan "camuflados" entre adultos, dentro de los programas de protección internacional.
Por su parte, la presidenta de las islas Baleares, Marga Prohens, ha criticado la decisión y ha sentenciado que "el Gobierno de Sánchez se ríe de nosotros". "El propio Ministerio de Infancia reconoce la sobreocupación de la acogida en nuestras islas, pero aun así pretende que sigamos acogiendo, negando la ruta de inmigración ilegal y dejando solos ante el drama humanitario", ha difundido la popular en sus redes sociales.
Prohens ha insistido en que Baleares se opondrá a la acogida de los menores migrantes procedentes de otras comunidades porque el archipiélago, mantiene, no tiene capacidad, ni espacios ni profesionales para atenderles mientras siguen llegando pateras cada día a las costas baleares.
Asimismo, se ha opuesto a la decisión la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia, dado que consideran que se trata de un reparto "injusto y arbitrario". Según defiende este departamento del Gobierno gallego en un comunicado remitido a los medios, "el sistema autonómico de protección tiene ya una sobreocupación del 108 por ciento, por lo que no está en condiciones de hacer frente a más acogimientos".
El Gobierno de Murcia ha rechazado la decisión y han argumentado que esta busca "favorecer políticamente" a Cataluña y el País Vasco para garantizar el apoyo de la legislatura. Desde el Gobierno de La Rioja consideran que no existen argumentos o criterios técnicos que respalden el reparto de menores decidido desde el Gobierno central. Para el Ejecutivo riojano, la cifra no está respaldada por ningún criterio ni argumento técnico, y es discordante de la planteada en la última comisión oficial celebrada.
Aragón y otras comunidades autónomas recurrieron ante el Tribunal Constitucional el Real Decreto Ley mediante el que el Gobierno de España impone los criterios de reparto de menores migrantes no acompañados que permanecen en Canarias y al amparo del que se está planteando la distribución de todos ellos en la península.
