Andalucía también denunciará ante el Tribunal Constitucional el reparto de menores migrantes no acompañados
- La Junta de Andalucía se suma a las denuncias de la Junta de Castilla-La Mancha y del Gobierno de Aragón
- El gobierno andaluz tilda el reparto de "capricho del Gobierno" y alega "falta de recursos e invasión de competencias"
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La Junta de Andalucía ha aprobado este miércoles en Consejo de Gobierno interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto ley del Gobierno que establece el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas por "falta de recursos e invasión de competencias".
En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha informado de que "Andalucía no puede hacerse cargo de los menores a capricho del Gobierno y sin los medios económicos necesarios" y ha añadido que no es una decisión política ya que este martes decidió lo mismo la comunidad de Castilla-La Mancha . "No podemos permitir que este gobierno cargue contra unas comunidades y libere a otras del reparto de los menores como a Cataluña", ha afirmado.
Argumentación de la Junta de Andalucía
Desde la Junta explican que la norma estatal modifica la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España e introduce una nueva regulación de la situación de los menores extranjeros no acompañados, su posible traslado entre las comunidades autónomas y los mecanismos de actuación ante situaciones migratorias excepcionales.
El Gobierno andaluz "pone en tela de juicio" la situación de "extraordinaria y urgente necesidad" que justifica la aprobación de este real decreto. Así, asevera que, "si bien la crisis migratoria ha estado presente durante más de un año, ya existen mecanismos legales previos, como el Modelo de Gestión de Contingencias Migratorias para la Infancia y Adolescencia no acompañada aprobado en 2022", por lo que entiende que "no se justifica adecuadamente la urgencia de modificar la Ley Orgánica 4/2000".
La Junta de Andalucía considera también que el texto aprobado "extralimita las competencias estatales e invade las competencias exclusivas de la comunidad autónoma en materia de protección de menores, y vulnera los principios de autonomía y solidaridad entre las regiones al imponer criterios de reparto no equitativos".
Por otro lado, el Gobierno andaluz "cuestiona la suficiencia financiera del mecanismo propuesto para compensar a las comunidades autónomas por los costes de la sobreocupación por menores extranjeros no acompañados, al establecer la creación del fondo, pero no su regulación, provocando una situación de inseguridad jurídica contraria a lo establecido por la Constitución Española".
Castilla-La Mancha pide más recursos
En Castilla-La Mancha, el martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la portavoz del Ejecutivo castellanomanchecho, Esther Padilla, señalaba que las autonomías necesitan recursos para asumir la tutela de menores y ha lamentado que este decreto "viene además sin compensación económica, sin financiación y, por lo tanto, pone en grave riesgo la garantía del interés superior del menor".
"Recurrimos para atender dignamente a estos niños y contar con los recursos necesarios", ha argumentado Padilla, que ha reclamado 250 millones de euros para el conjunto de las comunidades para atender a los menores migrantes no acompañados.
En este sentido, ha asegurado que Castilla-La Mancha "no recibe ni un euro de financiación" para atender a 500 niños que el Gobierno "unilateralmente" ha decidido que tiene que acoger esta región. Según Padilla, la atención de estos menores supondría un coste de 26 millones de euros anuales.
El pleito de Aragón y los datos sobre menores
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid admitió a trámite —el 2 de junio— el recurso contencioso-administrativo presentado por el Gobierno de Aragón contra el decreto ley que regula el reparto de menores migrantes no acompañados, pero le obliga a comunicar los datos sobre aquellos que tiene bajo tutela.
De este modo, atendiendo a la decisión judicial, el Departamento de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón responderá al requerimiento estatal de remisión de datos de menores atendidos por el sistema de protección de menores "en las próximas horas", informan desde el Ejecutivo autonómico.
