El Supremo ordena al Gobierno y a Canarias informar cada 15 días de la acogida de menores
- El Gobierno de Canarias y el Ejecutivo central llegaron a un acuerdo con respecto a la atención de los menores migrantes
- El Supremo toma esta decisión tras amenazar al Ejecutivo central con "medidas coercitivas"
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El Tribunal Supremo ha ordenado al Gobierno central y al de Canarias que le remitan un informe quincenal sobre la situación de los alrededor de 1.000 menores migrantes solicitantes de asilo que debe acoger el Estado en su red de protección internacional, tal y como ordenó el pasado 25 de marzo.
En una providencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo les impone esta obligación para conocer "los avances producidos en ejecución de lo acordado" por el alto tribunal, después del acuerdo alcanzado entre ambas administraciones para que el Estado acoja a estos jóvenes.
El Gobierno de Canarias y el Ejecutivo central llegaron a un acuerdo el pasado 25 de junio con respecto a la atención de los menores migrantes no acompañados que se encuentran en las islas y que han solicitado asilo. Entre las medidas pactadas, se estableció un itinerario y los pasos a seguir para atender a los menores; además, se pactó estudiar cada expediente para tomar decisiones según la situación personal de los chicos.
Como parte de este acuerdo, el pasado lunes el Gobierno central informó al Ejecutivo de las islas que se había procedido a dar de alta a los primeros 827 menores en el Sistema de Acogida de Protección Internacional, por lo que pasaban a ser responsabilidad del Estado. Además, este mismo martes tuvo lugar una reunión entre ambas partes, en la que el Gobierno central ofreció 400 plazas definitivas en la Comunidad de Madrid para la acogida de estos chicos, además de 250 de tránsito ya anunciadas en Las Palmas de Gran Canaria.
Para ello, el Gobierno pretende utilizar el Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) de Pozuelo, una instalación que se habilitó inicialmente para atender a los refugiados de Ucrania.
El Supremo toma esta decisión de exigir un informe quincenal tras amenazar al Ejecutivo central con "medidas coercitivas" si seguía sin hacerse cargo de estos menores, insistiendo así en su llamamiento inicial ante el "claro incumplimiento" del mismo.
El alto tribunal ya había ordenado al Gobierno el pasado 25 de marzo que se hiciera cargo de alrededor de 1.000 menores migrantes no acompañados que habían solicitado asilo en las islas, en respuesta a unas medidas cautelares solicitadas por las Islas Canarias.
Tras una vista en la que comparecieron altos cargos del Ministerio del Interior y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el alto tribunal volvió a ordenar el pasado 5 de junio la urgente adopción de medidas, en este caso bajo advertencia de posibles sanciones para los responsables.
En el encuentro, Canarias solicitó que, tras las 650 plazas puestas a disposición, se habiliten las demás hasta alcanzar las 1.290 que, según el Gobierno autonómico, corresponden a los todos los menores con solicitud de protección internacional que están en las islas.
