La Comunidad de Madrid recurrirá ante el Supremo el nuevo real decreto que define el reparto de menores migrantes
- El Gobierno exigirá su cumplimiento y amenaza con la "intervención" de las fuerzas y cuerpos de seguridad
- Es el tercer recurso presentado por la Comunidad de Madrid a raíz de esta cuestión
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo (TS) el nuevo y último real decreto aprobado el martes por el Ejecutivo central para poner en marcha el reparto entre las CC.AA. de menores migrantes no acompañados que lleguen a España.
La administración de Isabel Díaz Ayuso considera que la norma "vulnera las competencias autonómicas", así como también los derechos fundamentales de los propios menores migrantes, que serán desplazados a su juicio "por cuotas subjetivas meramente políticas sin priorizar la garantía de su asistencia".
"No vamos a ser cómplices de una política migratoria fallida. No se le conoce ninguna medida al Gobierno central que ponga freno al caos migratorio que esta viviendo nuestro país", ha recriminado el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín.
El tercer recurso presentado por la Comunidad de Madrid
A través de este real decreto, publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que entrará en vigor el jueves, el Gobierno ha definido la capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes por cada comunidad autónoma, dando luz verde a su derivación con el fin de terminar la situación de hacinamiento que sufren en lugares como Canarias y Ceuta.
Sin embargo, la mayoría de comunidades han mostrado su rechazo frente a la hoja de ruta que sigue el Gobierno en esta materia. La Comunidad de Madrid por su parte considera que lo aprobado este martes en Consejo de Ministros "infringe principios de solidaridad y lealtad entre administraciones ya que esa distribución de menores no acompaños (...) aboca una desigualdad entre regiones y vulnera el principio de autonomía financiera de las comunidades" al no garantizar la financiación necesaria para atender a los menores desplazados, ha indicado Miguel Ángel García Martín.
Asimismo, el Gobierno de Isabel Díaz rechaza que la medida haya sido pactada con formaciones independentistas y "al margen de las comunidades autónomas".
Es la tercera ocasión que la Comunidad de Madrid recurre un real decreto aprobado por el Gobierno para proceder al reparto de menores migrantes. La primera vez, el ejecutivo regional impugnó junto a otras diez comunidades ante el Tribunal Constitucional (TC) el real decreto aprobado por el Gobierno el pasado 18 de marzo gracias al apoyo de Junts para reformar el artículo 35 de la ley de extranjería.
Días después, la Comunidad interpuso un nuevo recurso ante el Supremo contra el real decreto aprobado el 22 de julio para regular la reubicación de menores no acompañados desde Canarias en situaciones de presión migratoria.
El Gobierno amenaza con la "intervención" de las fuerzas de seguridad
Frente a los reproches de la Comunidad de Madrid, el Gobierno exigirá a las comunidades cumplir con la reubicación de menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias, Ceuta o Melilla y no teme que prosperen los recursos interpuestos por el PP y Castilla-La Mancha.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, han advertido que las comunidades autónomas están obligadas a cumplir con la ley que regula esta derivación y que de no hacerlo habrá consecuencias legales y tendrán que actuar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
"No me cabe en la cabeza que nadie vaya a negarse a acoger en sus territorios y aceptar la tutela", ha asegurado Torres al tiempo que ha explicado que si alguna lo hiciese, "lógicamente tendrían que intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad y hacer que se cumpla la legislación".
Así, Torres ha afirmado que esta modificación de la ley de extranjería "justa, objetiva y necesaria", supone "un paso fundamental en el respeto a los derechos humanos", y en el Gobierno se sienten "orgullosos" de haberla sacado adelante con el apoyo de sus socios parlamentarios y a pesar del voto negativo de PP y Vox.
Ambos ministros han defendido que los parámetros no dan ventajas a ninguna comunidad y son objetivos y transparentes: pueden pedir el traslado de menores las autonomías que tripliquen el ratio de acogida de 32,6 menores por cada 100.000 habitantes y se aplicarán además parámetros como el esfuerzo previo, la renta, la insularidad o la situación fronteriza.
La meta es derivar a alrededor de 3.000 menores y también a los que lleguen a Canarias, Ceuta y Melilla a partir de septiembre. Al margen de este proceso, el Gobierno está comenzando a asumir la atención de otro millar de menores solicitantes de asilo, tal y como le ordenó el Tribunal Supremo.
Ceuta solicitará la declaración de contingencia y Canarias pide humanidad
La ciudad autónoma de Ceuta ya ha comenzado a preparar la documentación para elevar al Gobierno la solicitud formal de declaración de contingencia migratoria extraordinaria.
Según ha informado el Ejecutivo ceutí, la petición se fundamenta en que la ciudad supera en un 629% la capacidad de acogida que le corresponde en virtud de la nueva normativa. El real decreto fija que Ceuta debería acoger a 27 menores, mientras que en la actualidad tutela y atiende a más de 510 niños y adolescentes llegados de manera irregular.
La administración local ha adelantado que reclamará al Gobierno central la “máxima celeridad” en la aplicación de la “ley en vigor” para garantizar que a partir de ahora los menores puedan ser redistribuidos de forma equitativa entre las comunidades autónomas, aliviando así la presión que soporta Ceuta desde hace años.
La intención del Ejecutivo presidido por Juan Vivas es tener toda la documentación lista este jueves, coincidiendo con la entrada en vigor del real decreto, para que la solicitud formal pueda ser remitida de inmediato al Gobierno.
Por su parte, Canarias, que triplica el ratio de migrantes que debería acoger, ha pedido humanidad al resto de comunidades autónomas, con el argumento de que acoger a 4.000 menores no puede ser un problema en un país con 49 millones de habitantes.
El presidente canario, Fernando Clavijo, ha denunciado además la xenofobia y fascismo: "Hay que aprender a gestionar la cuestión migratoria con dignidad y no utilizarla como una herramienta para la política xenófoba y fascista que en muchas ocasiones tiene que ver con el color de piel. Hemos gestionado la llegada de cientos de miles de ucranianos sin esta contestación por parte del populismo de derechas xenófobo y fascista que estamos viendo".
Quejas de varias comunidades del PP y de Castilla-La Mancha
La Comunidad de Madrid no es la única que ha protestado contra el sistema acordado por el Gobierno. Han sido muchas las que han denunciado imposición y falta de diálogo, mientras que el Ejecutivo central recuerda su plantón en la Conferencia Sectorial de Infancia, de cara a abordar una regulación que, ante la ausencia de acuerdo, permitía al Ejecutivo fijar los parámetros.
Este miércoles, Andalucía ha vuelto a denunciar un trato de favor al País Vasco, que el Gobierno niega, y ha reclamado de nuevo que se le aplique el criterio de frontera, que actualmente solo se aplica a Ceuta y Melilla.
Castilla-La Mancha ha defendido que es imposible la acogida sin financiación estatal suficiente, mientras que La Rioja ha pedido el dato concreto de cuántos menores debe acoger.
Además, la presidenta balear, la 'popular' Marga Prohens, ha calificado de "amenaza y matonismo" la advertencia de Torres de que si se incumple la ley actuarán las fuerzas de seguridad del Estado. "¿Me enviarán a qué a las fuerzas de seguridad?", ha cuestionado.
Por el esfuerzo de acogida realizado hasta la fecha, ni País Vasco ni Cataluña tendrían que acoger a ningún joven, aunque la Generalitat catalana anunció su intención de atender como mínimo a 31.
