Rodríguez presenta su Plan de Vivienda a las autonomías y defiende recuperar los incentivos a la construcción
- Las CC.AA. del PP la acusan de "unilateralidad y autoritarismo" en la elaboración del borrador
- La ministra asegura que se han reunido y replica: "No vengan al dictado de Feijóo, sino de sus ciudadanos"
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La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, presenta este jueves a las comunidades autónomas su plan estatal en una conferencia sectorial en la que se sientan ya con posiciones encontradas. Antes del encuentro, ha defendido recuperar los incentivos a la construcción para aumentar el parque público de vivienda y actuar en lo que considera la "raíz" del problema, "la falta de oferta".
Rodríguez ha insistido en la necesidad de un acuerdo de todos los niveles de la administración, pero los consejeros autonómicos del PP han cerrado un comunicado común en el que acusan al Gobierno central de "autoritarismo y unilateralidad" por imponer un borrador sin consultarlo con ellas y piden que se respeten sus competencias.
"No vengan al dictado de Feijóo, sino de sus ciudadanos", les ha replicado la ministra y ha vuelto a exponer su plan, que tiene cuatro objetivos. Primero, que el parque de vivienda público y asequible represente el 8% del total, como ocurre de media en Europa. Segundo, rehabilitar las envejecidas viviendas ya existentes en ciudades y pueblos. Tercero, bajar la edad de emancipación media en España. Cuarto, reducir la tasa de esfuerzo de las familias para pagar sus viviendas.
El PP cuestiona el fondo y las formas del Ministerio
El consejero de vivienda de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha sido el encargado de transmitir a la ministra su descontento con la "forma" y el "fondo" del Plan que, según denuncian, compromete su presupuesto "sin una sola reunión al efecto" con ellos. "El nuestro no es un mero interés, es que debemos ser partícipes principales de la configuración de un Plan Estatal de Vivienda que cofinanciamos y debemos ejecutar", han expresado.
Al respecto, Rodríguez ha defendido el reparto planteado —que el Estado asuma el 60% de la inversión y las autonomías, el 40%—, ha pedido a todas las administraciones que aporten "lo más que puedan" y ha argumentado que las cuantías que demandan no representan demasiado en las cuentas autonómicas. "¿A qué están destinando esos fondos que no están destinando a vivienda?", les ha cuestionado.
Además, ha negado que haya faltado interlocución con las comunidades. Según su versión, además de las conferencias sectoriales con una frecuencia media de "una vez cada cuatro meses", su Ministerio ha mantenido reuniones bilaterales con los Ejecutivos autonómicos.
Los territorios no están obligados a pagar en 2026
El Ministerio de Vivienda ha dado margen a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para que no paguen la cofinanciación en 2026 para el Plan Estatal de Vivienda. Pero, cuando expire el resto de las anualidades (2027-2030), tendrán que desembolsar la parte que les corresponde, ese 40%. Esta medida se establece por si alguna de las comunidades ya ha comprometido todos sus fondos para el año 2026.
Con esta fórmula se espera que los fondos se tripliquen hasta alcanzar los 7.000 millones de euros para resolver los actuales problemas de vivienda. Según recoge el borrador del plan, que está actualmente en audiencia pública, los recursos para ayudas del plan se distribuirán entre las comunidades conforme a lo que se acuerde en la Conferencia Sectorial.
Vivienda transferirá a los territorios el importe para las subvenciones en la forma y plazos previstos en el correspondiente convenio. La aportación estatal no podrá superar las cuantías reguladas en cada ayuda o actuación del plan. Por otra parte, las comunidades podrán realizar aportaciones adicionales en cada ejercicio para las actuaciones del Plan Estatal de Vivienda.
Reparto de fondos
En cuanto al reparto de fondos, la comunidad que recibirá mayor financiación es Andalucía, 1.197 millones de euros, 876 millones más que en el plan 2022-2025. Por otro lado, a la Comunidad de Madrid se le asignan 1.113 millones (815 millones más) y a Cataluña 1.015 millones (473 millones más).
Asimismo, a la Comunidad Valenciana le corresponderán 798 millones (557 millones más), a Galicia 399 millones (292 millones más), a Castilla y León 378 millones (276 millones más), a Canarias 371 millones (271 millones más), a Murcia 308 millones (257 millones), a Castilla-La Mancha 280 millones (205 millones más) y a Aragón 266 millones (195 millones más).
En cuanto a Asturias irán 231 millones (174,7 millones más) para Extremadura 210 millones (153,7 millones más), a Baleares le corresponden 168 millones (123 millones más), a Cantabria 133 millones (97,3 millones más) y a La Rioja 119 millones (85,4 millones más).
Respecto a los porcentajes de incremento, el mayor corresponde a Murcia, un 606% y el menor a Cataluña, un 187%. Cataluña fue la única comunidad que aportó más del 40% de financiación propia en el anterior plan, cuando las comunidades proporcionaron el 23%. Cataluña alcanzó el 61,4% de financiación y la Comunidad Valenciana el 31,6%. Salvo en estas dos comunidades, la aportación del Estado rondaba el 76,92%.
En el caso de las comunidades que más fondos van a recibir, este plan supondría un esfuerzo extra anual de 80,9 millones para Andalucía, 75,2 millones para la Comunidad de Madrid, de 14,6 millones para Cataluña o de 48,6 millones para la Comunidad Valenciana.
