El Gobierno ve "posible" un acuerdo con las comunidades sobre la vivienda "si no hay una llamada de Génova"
- La ministra Isabel Rodríguez insiste en RNE en que el Plan de Vivienda 2026-2030 se aprobará antes de fin de año
- Afirma que si las comunidades quisieran, en España "se toparían los precios" del alquiler: "Ese es el drama"
Las mañanas de RNE
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha defendido en una entrevista en Las Mañanas de RNE su Plan de Vivienda 2026-2030, que el pasado martes fue aprobado en el Consejo de Ministros. Este lunes ha vuelto a apelar a la responsabilidad de las comunidades, con las que cree "posible" un acuerdo "si no hay una llamada de Génova".
"El PP es partido importante que gobierna en muchas comunidades y espero un acuerdo", ha reconocido la ministra, que matiza que "no espera nada" del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, pero sí de quienes presiden las autonomías.
Reunión esta semana con las autonomías
El plan de Vivienda, que se asienta en tres ejes si atendemos a cómo se repartirán los 7.000 millones de euros que lo dotan, contempla ampliar el parque público, ayudas a jóvenes y rehabilitaciones en los barrios y el medio rural.
Rodríguez tiene previsto que se aprueba a finales de año en el Consejo de Ministros y ha anunciado que se va a reunir esta semana con las autonomías para abordarlo.
La ministra ha reconocido que el de la vivienda es un problema "complejo" y que quien ofrezca soluciones "sencillas" no está diciendo la verdad. Sí que ha insistido en que si las comunidades quisieran, "en España ya estaríamos topando los precios del alquiler".
"Ese es el drama", ha opinado, y ha señalado a la Comunidad de Madrid, en contraposición a Cataluña, Navarra o País Vasco, donde sí aplican la Ley Estatal de Vivienda.
Además, ha recordado que desde el Gobierno ha tramitado ayudas directas para las comunidades autónomas que sí apliquen el límite de precios en zonas de mercado tensionado.
Ante las críticas a los bonos de alquiler para jóvenes, por la posibilidad de que eleven los precios del mercado y supongan una renta indirecta para los propietarios, ha respondido que es necesario aplicar "todos los instrumentos" de la ley de vivienda "a la vez" y especialmente la limitación de los precios, aunque hay zonas de España donde el mercado no está tensionado y no lo necesita.
Preguntada por las discrepancias con los ministros de Sumar en el seno del Ejecutivo, ha asegurado que su Ministerio ha cumplido "al cien por cien" el acuerdo de coalición y que ha ido incluso más allá al crear una empresa pública para liderar el parque público de vivienda, "acompañar al sector de la construcción para recualificar trabajadores" y triplicar el presupuesto.
"El Gobierno no es uniforme, pero lo que sale del Consejo de Ministros es el acuerdo del Gobierno", ha remachado luego.
Insta a las CC.AA. a actuar ante los pisos turísticos
La regulación de los pisos turísticos a través del registro único es una cuestión paralela a la ley Estatal de vivienda, si bien también hay discrepancia con las autonomías del PP y se ha referido en concreto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla. Según ha resumido la ministra, este asegura que se están invadiendo sus competencias.
"¡Pues ejérzalas!", ha replicado, y ha respondido también que es una medida que cuenta con el apoyo del sector hostelero y las plataformas en línea donde se ofertan los apartamentos turísticos, frente a los argumentos que dicen que están "dañando" al turismo.
A su modo de ver, no regular los pisos turísticos supone "blanquear" a un sector que opera "en B", que a menudo recurre a trabajadores que "no están dados de alta" y no ofrece las mismas garantías de seguridad a sus clientes.
El otro pulso del Ministerio con la Administración andaluza tiene que ver también con la calificación permanente de las viviendas de protección oficial para que no acaben en el mercado libre. Cuando la Junta recurrió la Ley de Vivienda ante el Tribunal Constitucional por considerar que invadía sus competencias, este solo le dio la razón en lo que respecta a este asunto.
Por ello, Rodríguez ha afirmado que reconoce que esas competencias son de las autonomías, pero les ha pedido que cambien sus normas para garantizar esa protección "para siempre", puesto que el contenido de la medida no generó polémica y existe "consenso" sobre la necesidad de no perder esas inversiones públicas en el largo plazo.
