Díaz sigue negociando con Junts tras el frenazo a la reducción de la jornada laboral: "Debe darse en condiciones serenas"
La hora de la 1
- Pide al PP que "se aleje de la extrema derecha" tras los disturbios en Torre Pacheco: "Esto va de de cordón democrático"
- Dice que no pensó en salir del Gobierno al destaparse los presuntos casos de corrupción: "Exigimos responsabilidades"
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este miércoles que sigue trabajando con Junts en la aprobación de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin merma salarial, después de que en la víspera decidiese aplazar la primera votación en el Congreso ante la falta de apoyos. La clave, ha dicho, está en "el acompañamiento" a los autónomos y las pequeñas y medianas empresas (pymes), sectores a los que afectaría en mayor medida la norma.
"Creo que por mi país merece la pena tomar un poco de tiempo para que las cosas salgan bien", ha recalcado en una entrevista en La Hora de la 1 de TVE, en la que se ha mostrado "optimista" respecto a la aprobación de la medida, si bien cree que "debe darse en condiciones serenas" y con "un debate con todas las formaciones políticas a favor de esta norma".
El debate de la norma en la Cámara Baja estaba inicialmente previsto para el próximo 22 de julio, pero el Ministerio de Trabajo decidió a última hora de este martes aplazarlo porque el momento político "no es el adecuado", ya que de salir adelante cualquiera de los tres vetos presentados por Junts, PP y Vox, la norma decaería y sería devuelta al Gobierno. Esto ha provocado las críticas de los sindicatos, que exigían al Ejecutivo "la tramitación inmediata" de la ley tras conocer la decisión.
"Soy optimista porque hablamos de una norma que afecta a 12,5 millones de personas. Es la más valorada por todos los ciudadanos, voten a quien voten, y da esperanza de vida", ha insistido la vicepresidente acerca de una iniciativa que fue impulsado por Trabajo y los sindicatos —sin el apoyo de la patronal— y aprobada por el Consejo de Ministros a comienzos del pasado mes de mayo.
Según ha destacado, España es "la economía de la OCDE que más crece" y "tenemos márgenes empresariales muy sustantivos", por lo que a su juicio "ha llegado el momento de decirle a la clase trabajadora que vamos a trabajar un poco menos". "No son los tiempos de mi padre (...) hay tecnología y riqueza suficiente y el bienestar de estos pequeños cambios creo que es lo que hace que reparemos un poco el malestar social", ha puntualizado.
Pide al PP que "se aleje de la extrema derecha"
Precisamente, la vicepresidenta segunda cree que este "malestar social" está, en parte, detrás de los disturbios en los últimos días en Torre Pacheco (Murcia). En este sentido, ha pedido actuar "con toda la contundencia" para dar certidumbre y seguridad a la ciudadanía y ha defendido la necesidad de dar un "giro social" a la legislatura, ya que si los ciudadanos ven que no se resuelven sus problemas sociales, corren el riesgo de ir hacia la "extrema derecha", ha advertido.
"Tenemos un problema social y es verdad que la ciudadanía española no quiere odio. El odio no es natural, no nacemos odiando, es un elemento construido que está agitando la extrema derecha. La gente quiere paz y convivencia", ha subrayado.
Por este motivo, ha exigido al PP que se aleje de la "extrema derecha" de Vox ya que, en su opinión, a la formación de Santiago Abascal habría que hacerle no un "cordón sanitario", sino un "cordón democrático". "La responsabilidad del PP es mayúscula. No puede decir el señor Tellado que Vox es un partido de Estado. No lo es, está fuera de lo que es el mandato constitucional", ha añadido.
Y ha instado a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, a que diga a la ciudadanía "de qué lado está", pues a su juicio "no van a ganar" el país "como sea": "Desde la extrema derecha no se llega a La Moncloa", ha advertido.
Urge a aprobar la regularización de inmigrantes sin papeles
Para la ministra de Trabajo es "urgente" aprobar en el Congreso la iniciativa legislativa popular (ILP) para la regularización de miles de migrantes sin papeles. "En relación a las políticas de migración, lejos de hacer lo que hacemos, que son políticas timoratas, yo voy a ser clara: tenemos una ILP con 500.000 personas que están en nuestro país, que tienen que estar regularizadas ya", ha reclamado.
Según ha defendido, las personas inmigrantes "forman parte de nuestras vidas" y "cotizan aquí, trabajan aquí y pagan impuestos aquí", por lo que en su opinión hay que darles ya "plenitud de derechos".
Dice que no pensó en salir del Gobierno
Preguntada si pensó que a Sumar le convenía salir del Gobierno tras destaparse los presuntos casos de corrupción en el PSOE y en el Ministerio de Transportes, la vicepresidenta segunda ha dicho que "no trabajaron en esa coyuntura", sino que tomaron como primera medida "exigir responsabilidades" y "actuar con contundencia".
Y ha urgido a la parte socialista del Ejecutivo a adoptar medidas. "Le he dicho al presidente del Gobierno que la ciudadanía está angustiada, está angustiada por la corrupción, está angustiada porque no quiere que los bárbaros que estamos viendo lleguen al gobierno de España (...) y no basta con decir que viene el lobo, hay que dar esperanza a la ciudadanía, hay que darle razones para decir que merece la pena", ha añadido.
En este punto, ha acusado al PSOE de "paralizar" el Estatuto del Becario y la aprobación de los permisos parentales. "Aquí no nos para la patronal", ha aseverado, recordando que España deberá pagar una multa de 43.000 euros diarios por el incumplimiento del permiso parental. "Desde Sumar somos claros y no puede ser que los tribunales hayan resuelto que las familias monomarentales tienen derecho a 34 semanas y el Partido Socialista siga diciendo que a día de hoy no", ha sentenciado.
