Comisiones Obreras y UGT avisan de que la opa del BBVA al Sabadell podría destruir más de 10.500 empleos
- En un escrito enviado al Ministerio de Economía, también se han referido al posible cierre de entre 589 y 883 oficinas
- Sabadell ha participado en la consulta pública abierta por el Gobierno, mientras que el BBVA ha rechazarlo hacerlo
Comisiones Obreras (CC.OO.) y UGT han advertido este viernes de que la opa hostil del BBVA al Banco Sabadell podría suponer "una pérdida masiva de empleo" que estiman entre 7.684 y 10.567 puestos de trabajo directos, lo que afectaría especialmente a las personas mayores de 50 años.
Así lo han indicado ambos sindicatos en un escrito formal que han remitido este viernes al Ministerio de Economía, donde avisan de los "riesgos económicos, sociales y laborales" de una operación a la que se oponen "frontalmente" porque, a su juicio, no atiende a "razones de eficiencia ni competitividad". Esto va en consonancia con las declaraciones de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que ha cifrado en 5.000 los despidos que conllevaría la operación.
CC.OO. y UGT también se han referido al posible cierre de entre 589 y 883 sucursales, lo que afectaría "a la España vaciada, a las personas mayores y a colectivos vulnerables". Otro aspecto que han señalado es la reducción en la oferta de crédito, que podría tener especial impacto en autónomos y pymes, y a la pérdida de competencia que supondría esta fusión, ya que concentraría el 70% de los activos bancarios en España y contribuiría a una mayor concentración bancaria.
Con todo, CC.OO. y UGT defienden que los trabajadores y las empresas requieren de "una banca comprometida con la economía productiva, el empleo y el desarrollo equitativo, e instan al Gobierno a "impedir una operación que cuenta con un amplio rechazo". De este modo, siguen oponiéndose a la opa, una postura que han mantenido desde que se anunció el movimiento y en el que hizo hincapié UGT Catalunya a comienzos de este mes de mayo.
El Sabadell participa en la consulta pública del Gobierno, pero el BBVA no
Cabe recordar que la oferta pública de adquisición (opa) del BBVA al Sabadell fue autorizada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia el pasado 1 de mayo.
De este modo, el Gobierno abrió el 6 de mayo una consulta pública sobre este asunto —un mecanismo común en determinados procesos normativos, pero utilizado por primera vez en una opa— cuyo plazo termina este viernes, 16 de abril. El Ejecutivo no puede prohibir la opa, pero sí podría endurecer las condiciones de la misma para disuadir a la entidad de seguir adelante con el proceso.
En este contexto, el Banco Sabadell ha participado este viernes en la consulta para alertar sobre las consecuencias que tendría la opa sobre para que la entidad prospere, más allá de los problemas para la competencia, y que en su opinión afectan al interés general.
Por su parte, el BBVA ha declinado responder al cuestionario porque cree que no hay factores de interés general afectados por la operación, según han avanzado a EFE fuentes del grupo que preside Carlos Torres. También ha recordado que los compromisos transmitidos a la CNMC, que ya dio su aprobación a la opa, favorecen la inclusión financiera, la cohesión territorial, el crédito a pymes y autónomos y garantizar la competencia.
"Creemos que este proyecto de unión es bueno para todos: clientes, empleados y accionistas de ambas entidades, así como para la sociedad en su conjunto. Es un proyecto de crecimiento con el que aumentaremos la capacidad de financiación a empresas y familias en 5.000 millones de euros adicionales al año", repiten las mismas fuentes.
Cuerpo defiende que "no es un referéndum" sobre la operación
Entretanto, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha recalcado este viernes que la consulta "no es un referéndum" sobre el movimiento, es decir, no hay que votar 'sí' o 'no' a la misma. En una entrevista con TVE, ha explicado que lo que se busca es extraer información "cualitativa, relevante" sobre las razones o motivos de interés general que puedan tener las personas afectadas o involucradas en el proceso. Todo ello, para que el Gobierno pueda tomar una decisión sobre este asunto.
Cuerpo ha explicado a los medios este viernes desde Riba-roja de Túria (Valencia) que examinarán los datos obtenidos de la consulta "de forma muy intensa" para tomar una decisión y, si así lo considera el Gobierno, imponer nuevas condiciones —aparte de las aceptadas por la CNMC— "con todas las garantías posibles" y atendiendo al interés general. Economía tiene hasta el 27 de mayo para decidir si se eleva esta cuestión al Consejo de Ministros y, de hacerlo, contará con un mes natural más para poner o quitar condicionantes.
Desde que la opa se hizo pública en mayo de 2024, el Ejecutivo ha mostrado su preocupación por los posibles impactos que podría tener en el empleo, la cohesión territorial y los derechos de los consumidores, así como contribuir aún más a la concentración bancaria, que es un fenómeno en el que cada vez hay menos entidades en el escenario bancario, pero estas tienen mayor cuota, lo que reduce la competencia.
Garamendi adopta una posición "neutral" ante la opa
Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha indicado este viernes —refiriéndose a la opa— que se trata de dos entidades que están dentro de la patronal y que, como representante de ambas, él tiene que ser "neutral". "Es un tema que está en su proceso y están los informes del Banco Central Europeo (BCE), entre otros", ha añadido.
Además, ha afirmado que "el Gobierno tiene ahora la llave" de la operación y "los accionistas tendrán que decidir".
