Enlaces accesibilidad

El Gobierno abre la consulta pública sobre la opa del BBVA al Sabadell: qué es, quién puede participar y cuánto durará

  • Con esta iniciativa, el Ejecutivo busca recabar la opinión de diferentes agentes sobre este asunto
  • Es un paso habitual para algunos procedimientos normativos, pero es la primera vez que se usa para una opa hostil como esta
Qué es una consulta pública y para qué sirve
Sede del BBVA en Madrid. Ricardo Rubio / Europa Press
RTVE.es
  • Facebook
  • X
  • Bluesky
  • WhatsApp
  • La dirección de esta página ha sido copiada en su portapapeles
  • El contenido ha sido guardado en su lista

Tras el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la oferta pública de adquisición (opa) del BBVA al Banco Sabadell, es el Gobierno quien tiene ahora la potestad para determinar el futuro de la operación. Pedro Sánchez anunció este lunes que abrirá una consulta pública previa antes de tomar una decisión sobre este asunto, con el fin de recabar la opinión de diferentes agentes de la esfera pública y privada sobre esta cuestión. RTVE.es analiza en qué consiste este proceso y cuál será su duración.

¿Qué es una consulta pública previa?

El escenario actual es el siguiente: el Gobierno, antes de decidir si endurece o no las condiciones que la CNMC ya ha aceptado para la opa, quiere proponer una consulta pública sobre esta cuestión.

Este mecanismo, como especifican varios ministerios, es un trámite que se inicia para recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones antes de que se elabore un proyecto normativo. De hecho, se puede impulsar a nivel nacional o local, y en el caso de ámbito estatal, dependiendo del tema que sea, lo puede llevar a cabo un ministerio u otro. Con respecto a la opa del BBVA al Sabadell, le corresponde al de Economía, Comercio y Empresa.

¿Es un instrumento común?

Es un paso habitual en los procedimientos normativos, pero es la primera vez que se utiliza para una opa hostil como esta, en la que el Gobierno busca obtener "una capa más de información" sobre un asunto que puede afectar al interés general, tal y como especifican fuentes del Ejecutivo.

Cada ministerio puede lanzar una consulta sobre leyes para las que considere relevante hacerlo. Por ejemplo, el de Trabajo y Economía Social usó por última vez esta herramienta con respecto al anteproyecto de real decreto ley para regular las relaciones laborales especiales de las personas artísticas, técnicas y auxiliares en las artes escénicas, como consta en su web.

Por su parte, en septiembre de 2024 el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana llevó a consulta el real decreto para regular los alquileres de corta duración, donde se incluían los temporales y los turísticos.

Duración

El Ministerio de Economía ha abierto este martes el formulario de la consulta en su web y recabará información hasta el próximo 16 de mayo.

¿Es vinculante?

Como matizan fuentes de Economía, las aportaciones recabadas en la consulta pública son secretas y no vinculantes, pero sí serán útiles en la toma de decisiones sobre la operación.

¿Quién puede participar?

Es un proceso de participación pública y cualquier ciudadano, asociación y organización puede expresar su opinión, sugerencia, necesidades o posibles soluciones alternativas al asunto que se aborde.

Hay algunas organizaciones que ya han comunicado su intención de participar. Una de ellas es la Asociación Española de Consumidores, que ha hecho hincapié en que la adquisición del Sabadell por parte del BBVA no debe implicar una pérdida de las condiciones que tienen los clientes del banco catalán ni el cierre de sus oficinas. Por ello, en un comunicado ha adelantado que pedirán al Ejecutivo que condicione la aprobación de la opa al cumplimiento de estos asuntos que afectarían a los clientes.

Otras que podrían participar también son la Patronal de la Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña (Pimec), que ya ha mostrado anteriormente su desaprobación por los riesgos que puede suponer para las pymes, y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), que a mediados de marzo ya pidió a la CNMC que las patronales pudieran personarse en el análisis de la opa para que se "tenga en cuenta a todas las partes interesadas".

A la lista podrían añadirse los sindicatos, que ya han advertido sobre el posible impacto negativo en términos de empleo y de los derechos de los consumidores, y otras asociaciones de consumidores como Asufin o Adicae.

¿Cuáles son las preguntas?

La consulta consiste en un formulario con preguntas relacionadas con los criterios de interés general que identifica la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia en su artículo 10.4 y se acompaña de un buzón para aportar información adicional. Al cuestionario se accede una vez rellenados los datos del participante y en él hay que responder a la pregunta de si existen criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia que puedan verse afectados con la opa.

Si la respuesta es afirmativa, el formulario pregunta cuáles serían los criterios de interés general que puedan verse afectados.

Da a elegir entre defensa y seguridad nacional; protección de la seguridad o salud públicas; libre circulación de bienes y servicios; protección del medio ambiente; promoción de la investigación y el desarrollo tecnológicos; garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial; y otros.

En el caso de que el participante elija "otros", tendrá la opción de exponerlo a continuación en un máximo de 2.000 caracteres.

Además, el cuestionario pregunta en qué medida estos criterios de interés general pueden verse afectados por la opa del BBVA al Sabadell y pide valorar el impacto estimado, para lo que vuelve a ofrecer la opción de exponerlo en un máximo de 2.000 caracteres.

Otra de las cuestiones que recoge el formulario es si el participante considera que pueden establecerse medidas que permitan proteger los criterios de interés general previamente señalados y, en el caso de que la respuesta sea afirmativa, da la opción de plantear propuestas para protegerlos en un máximo de otras 2.000 palabras.

¿Qué opinan ambos bancos sobre la consulta?

Tras el anuncio de Sánchez de este lunes, el presidente del BBVA, Carlos Torres, ha mostrado "máximo respeto" a la consulta pública y ha vuelto a defender que la operación es un proyecto "no solo de crecimiento, sino que conduce a beneficios para todos" en España, en Cataluña y en Europa. Por su parte, el presidente del banco catalán, Josep Oliu, ha indicado que el movimiento por parte del Ejecutivo es algo "positivo" para la entidad.

Otras reacciones

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha señalado este martes que la consulta pública no trata sobre si se producirá o no dicha operación."No es una consulta 'OPA sí, OPA no'. Es una consulta que pide, precisamente, la afectación de esos criterios de interés general, que es lo que tiene que valorar, precisamente, el Gobierno en esta tercera fase", y ha reiterado que la información no será vinculante para el Gobierno.

Por otro lado, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha recalcado este martes su posición "radicalmente en contra" de la opa y ha asegurado que "no puede salir adelante porque va en detrimento de los intereses del conjunto del país". Con todo, ha afirmado que implicará despidos de "en torno a 5.000 personas". La vicepresidenta de la Comisión Europea (CE) para la Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, también ha advertido este lunes el hecho de que, como consecuencia de la opa, puedan existir "uno o dos grandes gigantes nacionales" que pueden generar "un efecto indeseado" en los consumidores, al reducir sus "posibilidades" de elección.

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha pedido este lunes al Gobierno que "paralice" la opa porque considera que supondrá la pérdida de 70.000 millones de euros en créditos al tejido productivo español.

También se ha mostrado en contra de la opa el portavoz de Junts, Josep Rius, que ha destacado este lunes que hay un "rechazo unánime" por parte de empresas, trabajadores y agentes sociales.

Una postura diferente ha manifestado el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que ha defendido este martes que "no es comprensible" que el Ejecutivo lance la consulta pública sobre este asunto y que hacerlo "descalifica en cierta medida" la decisión de la CNMC. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, también ha criticado este martes la decisión del Gobierno y ha indicado que "no forma parte del procedimiento".

¿Qué ocurrirá después de la consulta?

Esto se verá con el avance de las semanas. Después de recabar información de diferentes agentes, Economía podría decidir si la lleva o no la opa al Consejo de Ministros, que tendrá hasta un mes para comunicar su decisión final sobre este movimiento.

Cabe recordar que el Ejecutivo no puede prohibir esta transacción, pero sí puede endurecer las condiciones lo suficiente como para disuadir al BBVA de finalizar la operación. Si la opa sale adelante, la entidad resultante sería el segundo mayor banco de España, según lo estimado hasta ahora.