El Gobierno analizará "con rigor" la opa al Sabadell tras el visto bueno de la CNMC: "Es prematuro anticipar la decisión"
- El Ejecutivo tiene la última palabra, pudiendo endurecer las condiciones para llevarla a cabo o incluso frenarla
- Yolanda Díaz es partidaria de la segunda opción porque a su juicio "va a tener efectos nocivos" para España
El Gobierno tiene la última palabra sobre la opa lanzada por el BBVA al Sabadell, aprobada este miércoles por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este jueves que “todavía es prematuro anticipar una decisión" al respecto y ha asegurado que el Ejecutivo analizará "con rigor" los detalles durante las próximas semanas.
Una vez que el Gobierno reciba el informe sobre la operación -sin que hasta la tarde de este miércoles se haya producido, ha recalcado Montero-, el Ministerio de Economía tiene 15 días para decidir si eleva el caso a Consejo de Ministros. Si lo hace, el Gobierno tendrá que pronunciarse en el plazo de un mes, rechazándola o manteniendo las condiciones de la CNMC, modificándolas o incorporando otras nuevas si considera que puede afectar la operación al interés general.
"Ahora toca que el Gobierno lo estudie, vea qué condiciones son las que la CNMC ha puesto encima de la mesa y cuál es la respuesta también del BBVA”, ha señalado Montero en declaraciones a los periodistas desde Sevilla, donde ha participado en la manifestación convocada por UGT y CC.OO. con motivo del Día del Trabajador.
La CNMC acordó por unanimidad dar el visto bueno a la operación tras la reunión de este miércoles, después de haberse cancelado por el apagón la que tenía prevista para el pasado lunes. Dada la oposición del Gobierno a la operación desde un primer momento, se da por descontado que el titular de Economía decidirá elevar la cuestión al Consejo de Ministros en el plazo de 15 días que recoge la norma.
Díaz dice que el Gobierno debe parar la opa
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha ido más allá que su socia del Ejecutivo y ha calificado de "muy mala noticia" la decisión de la CNMC, pues a su juicio "va a tener efectos nocivos" para España. Entre otros, ha lamentado que "se están planteando en torno a 5.000 despidos en el sector por el cierre de oficinas", lo que va a agudizar "un grave problema democrático" como es la exclusión financiera, impidiendo el acceso a la banca a aquellos ciudadanos que viven en zonas menos pobladas.
En este sentido, Díaz ha recordado que la última palabra en esta materia la tiene el Gobierno, por lo que ha pedido al PSOE que frene la operación: "Insto a que hagamos lo que tenemos que hacer, que es parar esta operación".
En la misma línea, los líderes sindicales de UGT y CC.OO. han advertido de que será los trabajadores del sector financiero los que saldrán perdiendo si finalmente se aprueba la operación.
"España ha ido reduciendo el número de entidades financieras y eso imposibilita que el consumidor tenga posibilidades de reclamar", ha denunciado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en una entrevista en La Hora de la 1 de TVE, donde ha instado al Gobierno a "ser consciente de que el sector financiero es un sector que efectivamente es privado, pero responde a una función pública", por lo que espera que "esto no acabe aquí".
"Esto tiene consecuencias sobre la competencia entre las entidades, lo cual tiene consecuencias también sobre el precio de los servicios financieros a la ciudadanía o sobre, por ejemplo, el cierre de sucursales y el deterioro de los servicios y la brecha digital que existe entre buena parte de la población y las entidades financieras", ha criticado en una entrevista en el mismo programa el líder de CC.OO., Unai Sordo.
Seguirá aumentando la concentración bancaria
Lo cierto es que, de aprobarse la operación, el sector bancario español seguiría el proceso de concentración iniciado tras la crisis financiera. A día de hoy, gran parte del mercado recae en cinco grandes entidades: Banco Santander, BBVA, CaixaBank y, más alejados, Banco Sabadell y Bankinter, por lo que la operación agravaría la situación generando un mercado con tres gigantes bancarios en España.
La propia CNMC ha detectado una serie de riesgos para la competencia si se produce la operación, como un "empeoramiento" de las condiciones comerciales para particulares, pymes y autónomos o "exclusión financiera" en municipios, especialmente rurales.
Sin embargo, el BBVA se ha comprometido a una serie de acciones para evitar este impacto. En el caso de las pymes, ha prometido mantener las líneas de circulante (financiación hasta un año) contratadas con el Sabadell y ha dado su palabra de que mantendrá las líneas de crédito y las destinadas a la importación y exportación de productos contratadas por todos los autónomos con la entidad catalana.
A su vez, en aquellas comunidades autónomas en las que la cuota en el segmento de crédito a pymes de la entidad resultante sea superior al 30% con una adición superior al 10% (en este caso, Cataluña y Baleares), hará lo propio con el volumen de crédito a las pymes que reciban al menos la mitad de su financiación de las dos entidades.
La CNMC lo considera "adecuado, suficiente y proporcionado" para evitar una pérdida de competencia en el sector, si bien está por ver qué dice el Gobierno. En caso afirmativo, el último paso sería la aprobación del folleto de la opa por parte de la CNMV, lo que permitirá abrir el periodo de aceptación de la oferta. Las acciones del Sabadell tendrían al menos 30 días para decidir si aceptan recibir 0,70 euros en efectivo más una acción del BBVA a cambio de 5,3456 de la banca catalana.
